Brasil: Movimientos sociales esperan veto de la presidenta Dilma de la Ley de Antiterrorismo

El Proyecto de Ley 2016/15 (ver aquí), que tipifica el delito de terrorismo en Brasil fue aprobado el último 24 de febrero por la Cámara de Diputados, y ahora sigue hacia la sanción presidencial. Aunque el texto final aprobado, del relator Arthur Maia (Partido Solidaridad - Bahía), excluya a los movimientos sociales de este tipo de delito, organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y sindicales, recibieron la noticia con preocupación. Las entidades entienden la aprobación como un retroceso y evalúan el texto como amplio y ambiguo.

Henrique Apolinario, abogado del Programa de Justicia de la organización Conectas Derechos Humanos, explica a Adital que la aprobación del PL significa un grave retroceso para la democracia brasilera, pues, además de inocuo para proteger al país de ataques, es redundante, al prever delitos ya descritos por el Código Penal. Para el abogado, el nuevo texto limita garantías constitucionales fundamentales, como la libertad de expresión y de reunión, poniendo en riesgo el accionar de movimientos sociales y organizaciones que luchan por derechos en el país.

Apolinario considera que esos segmentos podrán ser blancos de acusaciones por actos preparatorios o por hacer la apología al terrorismo, respondiendo a procesos, hasta que un juez decida aplicar la salvaguarda, sufriendo así una acusación extremadamente grave, hasta que prueben su inocencia. "La Ley es extremadamente abierta y, por lo tanto, pasible de diversas interpretaciones por parte de quienes la aplicarán –policías, promotores y jueces. La historia reciente demuestra que, en general, dispositivos legales y constitucionales son instrumentalizados de manera extremadamente negativa para reprimir protestas indeseadas”.

Bajo la justificación de que la tipificación de terrorismo atendería a la recomendación del Gafi (Grupo de Acción Financiera contra el lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo), el gobierno brasilero estaría sufriendo una presión internacional y por ello tendría la urgencia de la aprobación de la pauta. Sin embargo, Apolinario cree que la alegación no procede. "Primero, porque no son claras las sanciones que tal órgano puede aplicar en el país, o inclusive la manera como sus recomendaciones son elaboradas, en un ambiente sin ninguna transparencia. Además, el órgano requería tan sólo el control del país sobre el financiamiento internacional al terrorismo -algo que el país ya hizo con la aprobación de la Ley 13170/2015”.

El abogado destaca que como el Proyecto es de iniciativa del Poder Ejecutivo, con pedido de urgencia firmado por la presidenta Dilma Rousseff [Partido de los Trabajadores – PT], la propuesta pasó en pocos meses por el Congreso, sin ninguna posibilidad de debate público. Apolinario prevé que sea poco probable el veto presidencial, inclusive con todas las presiones de los movimientos sociales y organismos internacionales.

Sin embargo, el abogado señala que existe la expectativa de que pueda haber vetos parciales, ya que el proyecto sufrió graves cambios en el Congreso, aumentando las penas, expandiendo las conductas previstas como "de terrorismo” y hasta incluyendo disposiciones completamente ajenas al asunto inicial.

Rosilene Wansetto, secretaria general de la red Jubileo Sur Brasil, declara a Adital que el Proyecto nunca debería haber sido concebido y mucho menos votado y aprobado, pues pone en riesgo la democracia y la lucha de los movimientos sociales. "En realidad, son leyes que privilegian la condena de quien lucha por derechos. Sin duda es un retroceso democrático. Esos actores sociales ya son penalizados y criminalizados con la actual legislación, no es necesaria otra ley para tal finalidad”.

Recordando las protestas que precedieron a la Copa Mundial de Fútbol, en 2013, en Brasil, y durante la propia Copa, en 2014, Rosilene cree que ciertamente aquellos jóvenes serían encuadrados como terroristas, a la luz de la nueva Ley. Así como las manifestaciones por el Pase Libre [en el transporte público], las acciones de los pueblos indígenas, al ocupar espacios públicos para acelerar el derecho por la demarcación de sus tierras, el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), al ocupar espacios urbanos por el derecho a la vivienda, o también el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que usa la ocupación como estrategia de presión para la Reforma Agraria.

Como Brasil no tiene historial de terrorismo, Rosilene cuestiona lo que habría por detrás de esta ley. "¿Es una ley que viene para proteger qué? ¿Para contener qué? ¿Quiénes serán las mayores víctimas de esta ley cuando entre en vigencia? Viene para inhibir las libertades individuales, la libre manifestación, derechos constitucionales”. En relación con la expectativa de veto, Rosilene espera que la "sensatez” y la resistencia de la presidenta Dilma hablen más alto en el momento que tenga la lapicera en las manos.

Acciones de repudio:

De acuerdo con el Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Proyecto de Ley Antiterrorismo brasilero es ambiguo e impreciso. Según Amerigo Incalcaterra, representante del ACNUDH en América del Sur, "el Proyecto de Ley incluye disposiciones y definiciones demasiado vacantes e imprecisas, lo que no es compatible con la perspectiva de las normas internacionales de derechos humanos”. Incalcaterra destaca que las ambigüedades pueden dar amplio margen a la hora de la aplicación de la ley, lo que puede causar arbitrariedades y un mal uso de las figuras penales.

En nota, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) clasifica el proyecto como "innecesario e inconsecuente”, y que se suma a otras iniciativas de sectores conservadores del Congreso Nacional. "Vivimos tiempos en los que todo es criminalizado. Jóvenes pobres y negros son los mayores blancos de la violencia y de un sistema de justicia criminal selectivo y con claro recorte de clase”, denuncia el Movimiento (ver nota).

Entidades vinculadas a las iglesias, entre ellas el Conic (Consejo Nacional de Iglesias Cristianas de Brasil) y el Cimi (Consejo Indigenista Misionero), lanzaron un Manifiesto de repudio a la tipificación de terrorismo ( ver aquí). Para las organizaciones, la propuesta incrementa el Estado Penal "segregacionista” y funciona como mecanismo de contención de las luchas sociales democráticas. "Así, queda claro que este dispositivo, en el caso que sea aprobado, será utilizado por los sectores conservadores contra manifestaciones legítimas de los diversos movimientos sociales, ya que tales luchas son realmente capaces de generar indignación en quienes hace mucho detentan privilegios sociales”.

Una petición pública está recogiendo firmas para pedir que la presidenta vete el Proyecto de Ley y "honre su biografía”, garantizando un Brasil más democrático. También fue lanzado el hashtag #SouTerrorista, para ser usado en las redes sociales en protesta contra el proyecto.