Campesinos, agricultores familiares, pescadores artesanales y sus colaboradores proponen la Soberanía Alimentaria de los Pueblos como alternativa a las posiciones de Estados Unidos, la Unión Europea y el G20

El cese repentino de las negociaciones que se estaban llevando a cabo en Cancún, México, fue celebrado por varios millones de personas en todo el mundo como una victoria de sus campañas tendientes a impedir que los gobiernos continúen imponiéndoles políticas de liberalización y privatización no deseadas.

Las movilizaciones en Cancún durante las cuales Mr. Lee Kyung Hae, un agricultor de Corea del Sur, se quitó la vida, obligaron al mundo a tomar conciencia respecto a los impactos destructivos de la OMC sobre los agricultores. La situación desesperada de los agricultores, campesinos y pescadores artesanales en todo el mundo, especialmente en África, exige una respuesta urgente. Los movimientos sociales y las comunidades en todas partes exhortan a los gobiernos a que abandonen las políticas neoliberales para dar lugar a aquellas que satisfacen las necesidades reales y apremiantes de sus poblaciones. Las actuales políticas de liberalización centradas en incrementar las exportaciones y en satisfacer las necesidades de las corporaciones actúan en sentido contrario, amenazando esas necesidades. Esas políticas destruyen el sustento y las culturas, así como los métodos de producción local, y atentan contra el acceso a los alimentos, las semillas, el agua y la tierra.

Las negociaciones en la OMC no consideran las luchas diarias en la vida de los pueblos. Estas negociaciones versan sobre la ampliación de los monopolios comerciales y las disputas en torno a porciones del mercado global agropecuario y en otros sectores. Los negociadores comerciales consideran que es aceptable sacrificar la producción y el consumo de alimentos, y el sustento de millones de agricultores, a cambio de un mayor acceso a los mercados internacionales para sus principales exportadores. Pero los movimientos sociales en todo el mundo reclaman su derecho a ser escuchados y a que sus propuestas sean tenidas en cuenta.

La OMC existe para promover la liberalización y los negociadores comerciales centran su atención casi exclusivamente en el ritmo y las formas de esta liberalización. A estos funcionarios no parece ocurrírseles que el proceso de liberalización es en sí mismo esencialmente defectuoso y que favorece los intereses comerciales en contra de las necesidades de familias, comunidades, pequeñas empresas y el medio ambiente. Los funcionarios de comercio están decididos a incrementar las exportaciones agropecuarias a cualquier precio.

Pero estos costos simplemente no pueden ser ignorados. Los mismos implican impactos devastadores para los agricultores familiares, campesinos, pescadores artesanales, trabajadores de la alimentación y consumidores en todo el mundo, y severos procesos de degradación ambiental en todos los lugares en donde se introduce la agricultura intensiva de exportación. El priorizar la producción para la exportación por encima de la producción para los mercados locales y nacionales, conduce a la escasez de alimentos a nivel local y provoca el divorcio de la alimentación, la agricultura y la pesca, de sus importantes dimensiones sociales, culturales y ambientales. Debilita además, la capacidad de los gobiernos de desarrollar políticas centradas en las necesidades locales; fomentando el predomino de los intereses de las grandes empresas. Incluso aquellos gobiernos que han cuestionado la agenda de la Unión Europea (UE) y del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) en Cancún, continúan con las negociaciones que priorizan fundamentalmente la agricultura orientada a las exportaciones.

La diversas agrupaciones de países del Sur -incluyendo al G21, la Alianza en defensa de los Productos Especiales y los Mecanismos Especiales de Salvaguarda, la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC) y el ?grupo multifuncional? liderado por Corea- básicamente han aceptado que las negociaciones continúen sobre la base del denominado ?texto de Derbez?, propuesto por el presidente mexicano de la Conferencia Ministerial de Cancún. Este texto, que fuera rechazado por esos mismos gobiernos durante la Conferencia Ministerial, ha sido diseñado para honrar los intereses de las corporaciones de EE.UU. y la UE que ya dominan el comercio global de alimentos y productos agropecuarios.

Además, las normas de la OMC exigen que el comercio agrícola sea incluido en un ?compromiso único? que vincula a todos los diferentes sectores. Esto permite que las promesas de reducción arancelaria y acceso a los mercados agropecuarios de los países desarrollados (promesas que no han sido cumplidas en el pasado) sean usadas como incentivos, por lo que cualquier país en desarrollo que quiera lograr esos beneficios tendrá que hacer concesiones en otras áreas clave (tales como liberalización del mercado de servicios y de la inversión extranjera). Ese toma y daca resulta inaceptable ya que subordina el derecho fundamental a la alimentación y a la producción de alimentos a los intereses en otros sectores, y crea múltiples impactos negativos en la medida en que las comunidades y sus ambientes corren el riesgo de sufrir pérdidas en diferentes sectores al mismo tiempo.

Los gobiernos tampoco hacen frente a la creciente concentración del poder en los mercados en manos de los cárteles empresariales que operan en el sector agrícola.

EE.UU. y la UE tienen como blanco los mercados agropecuarios de otros países, utilizando cada oportunidad, tanto mediante las negociaciones en la OMC como a través de acuerdos comerciales bilaterales y regionales, para lograr la reducción de los aranceles a las importaciones agropecuarias y mayor acceso a los mercados. Esta política está diseñada para provocar la caída de los precios de productos agropecuarios clave por debajo de los costos de producción, resultando en la expulsión de los campesinos y pequeños agricultores de sus tierras. Esta política de ?precios agresivos? lleva a que los agricultores ya no tengan la posibilidad de producir alimentos ni siquiera para sus propios mercados locales. En muchos países, especialmente en el Sur, la producción campesina está siendo sustituida por las importaciones a bajo precio de otros países y por la producción agroindustrial orientada a las exportaciones que hace uso de la mano de obra barata y aprovecha el escaso cumplimiento de las normas sociales y ambientales. Este comportamiento es hipócrita ya que la UE y EE.UU. protegen sus propios mercados por razones políticas internas, con mecanismos que no permiten utilizar a otros.

Además, EE.UU. y la UE. han llevado a cabo grandes cambios en sus políticas agrícolas, bajando los precios y eliminando los precios mínimos que recibían los productores agrícolas. Los precios se han reducido de tal forma que llegan a estar un 57% por debajo de los cotos reales de producción. Al mismo tiempo los grandes productores de estos países son protegidos por crecientes subsidios agrícolas internos. Esta política perpetúa la espiral descendente de los precios de las commodities, al permitir a los grandes agricultores en la UE y EE.UU. producir excedentes que luego son volcados en los mercados internacionales a precios bajos, devastando más aún las economías rurales de base campesina y de producción familiar independiente, especialmente en el Sur. En el Norte, el resultado ya ha sido la desaparición de gran parte de la agricultura familiar y campesina. A los productores familiares que aún permanecen en el campo se les recomienda exportar mas y más, pero ellos ganan cada vez menos y muchos dan quiebra.

La UE y EE.UU. afirman que sus subsidios son aceptables bajo las normas de la OMC porque no distorsionan el comercio (amparándose en el sistema de excepciones de la OMC o ?compartimientos?, que el ?texto de Derbez? perpetúa). Sin embargo, estas ayudas directas están dirigidas principalmente a los productores de mayor escala y a las empresas exportadoras, y en la medida en que brindan a esos productores y exportadores un margen competitivo, nosotros argumentamos que sí distorsionan el comercio a favor de las grandes empresas y los países más ricos.

Las negociaciones sobre agricultura en la OMC continúan sin mayores cambios y están dominadas por los esfuerzos combinados de EE.UU. y la UE de proteger sus respectivos intereses comerciales. La propuesta de EE.UU. y la UE de una ?fórmula mixta? (blended formula) les permitiría continuar utilizando las ayudas internas para facilitar el dumping y utilizar al mismo tiempo aranceles para proteger sectores sensibles. Al mismo tiempo esta ?fórmula mixta? impondría reducciones arancelarias abruptas en los mercados agrícolas de los países en desarrollo. El enfoque de EE.UU. ?hagan lo que yo digo, no lo que yo hago? es obvio en sus objetivos de negociación. Exhorta por ejemplo, a la restricción del poder ?monopólico? de las empresas comerciales estatales, tales como el Consejo Canadiense del Trigo (Canadian Wheat Board), al tiempo que no reconoce la necesidad crucial de restringir el poder monopólico de mayor envergadura de los cárteles agro empresariales multinacionales, que tienen como finalidad la generación de lucro y que en su mayoría son capitales estadounidenses. Los miles de millones de dólares de ayuda interna aprobados en la Ley Agrícola de EE.UU., principalmente destinados a las empresas agro-industriales, combinados con el desmantelamiento de los mecanismos institucionales internos, apuntalan el poder de las empresas agrícolas de EE.UU. y colocan de lleno al mercado de alimentos bajo el control empresarial.

Ningún gobierno ha demostrado hasta ahora la voluntad política para exigir un enfoque totalmente nuevo y diferente, que responda a las demandas de millones de pequeños agricultores que reclaman la protección de sus medios de sustento y culturas contra la voracidad de las corporaciones que los sacrifican en el altar del ?libre comercio".

El G20 (anteriormente G21), si bien es un contrapeso político a EE.UU. y la UE muy necesario, representa principalmente a los intereses de los exportadores en el Sur, pero no defiende los intereses de la gran mayoría de agricultores y campesinos que producen para los mercados nacionales. Más aun, ya se ha debilitado su resolución de resistir al texto de Derbez que protege los subsidios para la agricultura de exportación en la UE y en EE.UU. y busca una mayor liberalización de los mercados agrícolas en el Sur.

El G20 en efecto representa los intereses de una pequeña minoría de su población que controla la agricultura de exportación y las empresas agroindustriales. Por esta razón, ellos también exigen la abolición de los subsidios que ?distorsionan el comercio? y más acceso a los mercados, tanto en el Norte como en el Sur, sin reconocer que el principal problema es la predominancia de las exportaciones y de los intereses de las corporaciones. Si bien vemos con beneplácito la resistencia del G20 contra la imposición del ?marco? de la UE y de EE.UU. para la negociaciones agrícolas que se expresa en el texto de Derbez, su posición general respeto al comercio agrícola no es una alternativa viable. El avance de la liberalización y el acceso generalizado a los mercados sólo fortalecerán el dominio de los cárteles de las empresas agroindustriales transnacionales, profundizando los problemas de pobreza y exclusión social de millones de personas en todo el mundo.

La Alianza sobre Productos Estratégicos y Mecanismos Especiales de Salvaguarda, por otro lado ha demandado la protección de los aranceles para algunos productos, por razones de seguridad alimentaria y sustento rural. Los países desarrollados les han expresado que les otorgarán ese tipo de protección (aunque en una forma extremadamente diluida y acompañada por recortes arancelarios) si los países de estos agrupamientos aceptan la fórmula mixta del texto de Derbez. Por el momento estos países se han resistido a la oferta de los países desarrollados, pero continúan enfrentando enormes presiones a través de otros canales bilaterales y multilaterales.

A pesar de todo, no hay serios cuestionamientos desde los países en desarrollo al actual régimen de comercio dominado por la OMC. La mayoría están preparados para arriesgar la producción y los mercados nacionales frente a la posibilidad de acceso a los mercados internacionales distantes.

No hay un conflicto Norte-Sur, sino un conflicto social esencial que necesita ser abordado.

Las consultas previas a la Ministerial de Cancún daban la impresión de que existía un conflicto Norte-Sur que era central y necesitaba ser resuelto. Esta impresión ha sido perpetuada en las negociaciones subsiguientes, con posiciones gubernamentales aparentemente conflictivas presentadas por un lado por EE.UU. y la UE y por otro por el G21. No obstante, el verdadero conflicto ?en torno a los alimentos, la agricultura, la pesca, las fuentes de trabajo, el medio ambiente y el acceso a los recursos- no es entre el Norte y el Sur, sino entre ricos y pobres. Es un conflicto que gira en torno a los diferentes modelos de producción agrícola y desarrollo rural, un conflicto que está presente tanto en el Norte como en el Sur. Es un conflicto entre la agricultura industrializada centralizada, controlada por las corporaciones y orientada hacia las exportaciones, por un lado, y la producción campesina y familiar sustentable y descentralizada principalmente destinada a los mercados nacionales, por otro. Esta lucha, la lucha de los movimientos sociales contra las políticas neoliberales no es reconocida por quiénes están involucrados en las negociaciones comerciales globales.

La producción familiar y campesina destinada a los mercados nacionales representa aproximadamente el 90% de la producción mundial de alimentos, que en su gran mayoría no pasa por los mercados . Por otro lado el comercio mundial agropecuario representa sólo el 10% de la producción agrícola mundial. El grueso de las ganancias generadas por las exportaciones agropecuarias quedan en manos de los grandes productores y de los cárteles de las empresas agroindustriales multinacionales que controlan el comercio internacional de productos agrícolas y alimentarios y las cadenas internacionales de producción. Además, la agricultura intensiva orientada a la exportación, tiene enormes impactos ambientales negativos a causa de sus métodos de producción, de la destrucción de los cultivos locales y la biodiversidad y de las largas distancias que recorren los productos.

Dada la importancia real de la agricultura campesina y de base familiar, para el suministro mundial de alimentos, es clave que estos productores sean protegidos por sus sociedades y economías y que se les garantice el acceso equitativo a los mercados nacionales. Las políticas de comercio internacional deben apoyar, no destruir, las políticas agrícolas y de desarrollo rural nacionales que se necesitan desesperadamente para estabilizar los mercados internos.

Una auténtica respuesta socialmente adecuada a la actual crisis en la alimentación y la agricultura reside en el marco que ofrece la Soberanía Alimentaria de los Pueblos. Esta respuesta es apoyada por campesinos, agricultores sin tierra, pescadores artesanales, trabajadores rurales y de la industria alimentaria, ambientalistas y muchos otros tanto en el Norte como en el Sur, y brinda soluciones para algunos de los problemas esenciales asociados con el comercio alimentario, agrícola y de productos de la pesca.

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LOS PUEBLOS es una alternativa al actual punto muerto
Desde una perspectiva amplia del desarrollo económico nacional y local, es mucho más importante hacer frente a la pobreza y al hambre, gestionar los recursos en forma sustentable y producir en primer lugar para los mercados locales antes que exportar. La gente en cada país debe tener el derecho y la capacidad de definir sus propias políticas alimentarias, productivas y agrícolas, el derecho de proteger sus mercados nacionales y de mantener los subsidios públicos que apoyan la producción sustentable de base campesina, garantizando al mismo tiempo alimentos saludables y accesibles para todos los miembros de la sociedad. Estos derechos constituyen la esencia de las demandas de los ciudadanos del mundo por soberanía política, democracia y paz. Para lograr esto resulta crucial lo se plantea a continuación:

Control de las importaciones y manejo de la oferta, para garantizar precios estables que cubran los costos de producción.
Los agricultores enfrentan en todas partes del mundo, incluso en Estados Unidos y Europa, precios que se encuentran por debajo de los costos de producción. Para que sea posible una estabilización de los precios a niveles que cubran los costos de producción, es necesario manejar la oferta e impedir la producción de excedentes alimentarios, especialmente en los grandes países agro-exportadores. En el ámbito internacional, los acuerdos sobre commodities (rubros agrícolas específicos) deberían regular la oferta total en los mercados internacionales. Los gobiernos deberán tener total libertad de aplicar medidas para controlar la importación de alimentos, incluyendo cuotas para las importaciones, sistemas de bandas de precio y aranceles a las importaciones, etc.

Poner fin a los subsidios directos e indirectos a las exportaciones. Los subsidios públicos deben estar orientados a quiénes más los necesitan, los campesinos, productores familiares y pescadores artesanales.
El mal uso de los subsidios públicos en los países industrializados agro-exportadores, especialmente en EE.UU. y la UE, para apoyar el dumping, ha provocado el descrédito de todos los subsidios públicos en el sector agrícola.
Se debe identificar y prohibir todo tipo de subsidios, directos o indirectos, explícitos o encubiertos, que permitan exportar a precios bajos y fomenten el dumping. Sin embargo, es importante recordar que las ayudas públicas internas son cruciales para estimular o mantener una producción sustentable de alimentos. En lugar de un llamado generalizado a la abolición de todos los subsidios, exhortamos a distinguir entre la ayuda para los productores de alimentos a pequeña escala y los pobres, y aquella destinada a fomentar los intereses de las corporaciones agro-industriales. Los subsidios públicos deben apoyar la agricultura sustentable, la producción y distribución de alimentos y la equidad económica y social. Los mismos deben ayudar a mejorar la capacidad de los productores locales y garantizar el acceso equitativo a la alimentación y a los medios de sustento clave para los pobres. Al mismo tiempo, se deberían identificar y prohibir todas las formas de subsidios directos e indirectos que contribuyan a la baja de los precios y fomenten el dumping. Los subsidios que promueven la agricultura industrial insustentable y patrones inequitativos de tenencia de la tierra, deben ser reorientados para apoyar la producción campesina y sustentable y programas de reforma agraria integral.

El control de la oferta es clave para evitar la sobreproducción, estabilizar los precios y permitir subsidios para la producción nacional. El control de la oferta debería garantizar que la ayuda pública no conduzca a la sobreproducción y al dumping. Se debe recordar también que la mayoría de los países en desarrollo no están en condiciones de brindar ningún tipo de subsidios a sus productores agrícolas. Para esos países es aún más importante proteger a sus productores locales con barreras arancelarias y no arancelarias altas, y aplicar políticas nacionales que apoyen al menos indirectamente a sus productores. Ellos no deberían ser sometidos a presiones bilaterales o multilaterales para hacer lo opuesto.

¡Precios justos para productores familiares y consumidores!
Necesitamos poner freno a aquellos mecanismos que conducen a la caída de los precios que se les pagan a los agricultores familiares y campesinos, y que permiten a las empresas agroindustriales comprar barato y asegurarse sus ganancias.
Se deberán hacer esfuerzos a nivel nacional e internacional para establecer precios mínimos, el control de la oferta y la regulación a favor de los pequeños productores y distribuidores. Se debe poner fin a las ganancias generadas a partir de la explotación de productores familiares, campesinos, trabajadores rurales y de la industria alimentaria, y de la destrucción del medio ambiente. Por ejemplo, las actuales políticas agropecuarias y comerciales están expresamente diseñadas para mantener bajos los precios de los granos. Esta política de granos baratos representa un subsidio indefendible para las fábricas industriales de animales, porque permite a estas empresas conseguir granos para pienso a precios por debajo de los costos de producción, en detrimento de los criadores de ganado independientes y de los productores de ganado a campo. Se deben establecer ingresos mínimos y, de ser necesario, mecanismos específicos que garanticen que los consumidores empobrecidos puedan acceder a la compra de alimentos en sus mercados locales. Este tipo de políticas existieron en países como la India, pero fueron abolidas debido a presiones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

¡Permitir a los pueblos producir sus propios alimentos!
En lugar de destruir la agricultura campesina, convirtiendo a los productores familiares independientes y a los campesinos en pobres arrendatarios o sin tierra, en subcontratados o asalariados zafrales forzados a comprar alimentos industriales de baja calidad, se debe reinstaurar el derecho y la capacidad de estas personas de producir sus propios alimentos. Se deben desarrollar y nutrir las economías alimentarias locales, basadas en la producción local, el procesamiento y la distribución sustentables..

Los derechos sobre los recursos naturales deben ser respetados.
Se deben reconocer y garantizar los derechos legales y ancestrales de las comunidades a tomar las decisiones relativas a sus recursos locales y tradicionales y al acceso equitativo a la tierra, semillas, agua, créditos y otros recursos productivos. Los derechos de los productores familiares, pueblos indígenas y comunidades locales sobre los recursos genéticos y el conocimiento asociado -incluyendo el derecho de los agricultores de intercambiar y reproducir las semillas- deben ser protegidos. Se deben prohibir todas las formas de patentamiento y la apropiación de los conocimientos asociados a los alimentos y la agricultura mediante regímenes de derechos de propiedad intelectual.

Etiquetado claro y adecuado de los alimentos y raciones. Debe garantizarse el derecho de los productores y consumidores a acceder a la información acerca de los métodos de producción, contenidos y origen de los alimentos. Deben establecerse normas vinculantes para todas las empresas, para así garantizar la transparencia, la responsabilidad social y el respeto a los derechos humanos y las normativas ambientales. Tales medidas permitirán que se reflejen las demandas crecientes de los consumidores por sistemas de producción agropecuaria sustentables y socialmente justos, en toda la cadena de producción alimentaria, de modo tal que los productores sean retribuidos económicamente por sus esfuerzos por mejorar sus métodos de producción y hacerlos más sustentables.

Las empresas agroindustriales multinacionales deben ser reguladas.
Todos los países deberían evaluar sus propias leyes anti-monopólicas y fortalecerlas para volverlas más efectivas contra el creciente poder de los cárteles empresariales agroindustriales multinacionales. Se deberán iniciar nuevas negociaciones internacionales para identificar los límites de la aplicación de legislación nacional anti-monopólica frente a la rápida concentración del poder de los cárteles empresariales agroindustriales en los mercados e identificar y explorar formas innovativas para colaborar a nivel internacional para la aplicación efectiva de legislación anti-monopólica. La meta de tales esfuerzos ?tanto a nivel nacional como internacional- deberá ser revertir la actual tendencia hacia una creciente concentración del poder de los cárteles empresariales en los mercados y proteger a los productores familiares y campesinos de los precios agresivos, la manipulación del mercado y otras prácticas anti-competitivas. Las entidades corporativas y sus directores deben ser legalmente responsables por las violaciones de las leyes sociales y ambientales, y de los acuerdos y leyes nacionales e internacionales.

¡La aplicación práctica del concepto de SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LOS PUEBLOS generará economías realmente sustentables e incluyentes para todos!

La soberanía alimentaria de los pueblos puede lograr estas metas que son imposibles bajo el actual marco de acuerdos de libre comercio, tales como la OMC. La OMC ya ha demostrado ser una institución incapaz de promover modelos diferentes de producción, distribución y consumo. La OMC no puede dar respuesta a las necesidades apremiantes de los productores campesinos, pescadores artesanales y trabajadores, porque nunca fue diseñada para eso. A pesar del lenguaje de su preámbulo, que habla de promover el desarrollo, el papel central de la OMC parece ser el apoyar a los monopolios comerciales con el respaldo de las grandes potencias comerciales. Para la mayoría de los pueblos de este mundo, la única conclusión lógica a la que se puede arribar es que la OMC debe salir de la alimentación y la agricultura. De la misma manera, los acuerdos comerciales regionales y bilaterales no pueden brindar un marco para la producción agrícola y alimentaria sustentable. Este sector clave requiere un marco internacional y regional diferente y políticas nacionales proactivas.

No sólo la OMC debe quedar fuera de la agricultura y la alimentación sino también los regímenes económicos y regulatorios impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Mucho antes de que se estableciera la OMC, el FMI y el BM han estado a la vanguardia de los programas indiscriminados y unilaterales de privatización, liberalización y desregulación en los países del Sur. Sus políticas imponen la transformación de los sistemas agrícolas de subsistencia, comunitarios y autosuficientes en sistemas de producción y distribución dependientes del mercado. Además, el actual énfasis en los cultivos de exportación ha conducido a una dependencia creciente de insumos químicos perjudiciales y costosos que amenazan la calidad del suelo, del agua y del aire, la biodiversidad y la salud humana y animal, al tiempo que aportan mayores ganancias para las grandes empresas agroindustriales y químicas del Norte. Para proteger nuestra agricultura, el Banco Mundial y el FMI también deben retirarse de la alimentación y la agricultura.

Exhortamos a los gobiernos nacionales a dar respuesta a estos reclamos de las organizaciones campesinas, de pescadores artesanales, trabajadores, consumidores y ambientalistas y a tomar las medidas necesarias para proteger la producción y la distribución interna de alimentos, y reclamar el derecho de aplicar estas medidas como un derecho humano fundamental que no puede ser negociado a cambio de otras concesiones.

Exhortamos a los organismos de las Naciones Unidas tales como la FAO, UNCTAD y OIT, a reconsiderar su rol en relación a la agricultura y a la pesca. Ellas deberían tomar iniciativas tendientes a desarrollar un marco internacional alternativo para la alimentación y la agricultura. Dicho marco deberá colocar a la soberanía alimentaria, a las leyes anti-monopólicas, los derechos de los trabajadores rurales y de otros sectores y la producción y el consumo nacional sustentable de alimentos, en el centro de sus preocupaciones, definiendo claramente el papel y los límites del comercio internacional. En este marco deberán definirse claramente los derechos legales de los campesinos y los consumidores con respecto a los alimentos y la producción de los mismos, conduciendo a un acuerdo internacional, tal como una convención sobre soberanía alimentaria, que aborde en forma exhaustiva e inclusiva varias preocupaciones relativas a las políticas alimentarias, agrícolas y pesqueras, así como a las políticas de comercio internacional y la la OMC, teniendo como de los intereses de los pueblos. Además se debería establecer un mecanismo de resolución de conflictos independiente, bajo la jurisdicción de la Corte de Justicia internacional y otras formas de manipulación de los mercados, incluyendo los precios agresivos.

Hacemos un llamado a las organizaciones y movimientos de la sociedad civil a defender sus derechos legítimos y fundamentales a producir, distribuir y consumir sus propios alimentos producidos localmente en forma sustentable, a instar a sus representantes parlamentarios y gobiernos a asumir estas cuestiones, para instituir cambios reales y de largo plazo, y a continuar con sus acciones para atraer la atención de un público más amplio hacia estos temas.

1. Action, Research & Education Network of Aotearoa, New Zealand
2. Amigos de la Tierra (CENSAT) - Colombia / Friends of the Earth - Columbia
3. Amigos de la Tierra (CESTA) - El Salvador / Friends of the Earth ?El Salvador
4. Amigos de la Tierra (COECOCeiba) - Costa Rica / Friends of the Earth ? Costa Rica
5. Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC) / Friends of the Earth Latin America and the Caribbean
6. Amigos de la Tierra - Paraguay / Friends of the Earth - Paraguay
7. Amigos de la Tierra - Uruguay (REDES) / Friends of the Earth - Uruguay
8. Amigos de la Tierra ? Argentina / Friends of the Earth - Argentina
9. Amigos de la Tierra ? Espana / Friends of the Earth - Spain
10. Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)
11. Asia Pacific Network on Food Sovereignty [APNFS], Philippines
12. Buendnis fuer Eine Welt /OeIE (Alliance for One World), Austria
13. Canadian Council of professional Fish Harvesters / Conseil canadien des pêcheurs professionnels, Canada
14. Center for Encounter and active Non-Violence, Austria
15. Centro Internazionale Crocevia, Italy
16. Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF), Honduras
17. Dachverband entwicklungspolitischer Organisationen in Kärnten, Austria
18. Development Fund, Norway
19. Dutch Arable Farmers Union, The Netherlands
20. ETC-group
21. Focus on the Global South
22. Food First/Institute for Food and Development Policy, USA
23. Global Food Security Group of Green Left, The Netherlands
24. Green Line Association, Lebanon
25. IBON Foundation, The Philippines
26. Initiative Colibri
27. Institute for Agriculture and Trade Policy, USA
28. Institute for Global Justice (IGJ), Indonesia
29. Integrated Rural Development Foundation [IRDF], Philippines
30. KEPA (Service Centre for Development Cooperation), Finland
31. NAJK (Young Farmers The Netherlands)
32. Oxfam-Wereldwinkels, Belgium
33. Pesticide Action Network Asia and the Pacific
34. PKMP-SUMAPI [National Alliance of Peasant Movements in the Philippines]
35. Platform Earth, Farmer, Consumer (Platform ABC), The Netherlands
36. Public Citizen, USA
37. Research Foundation for Science, Technology and Ecology (RFSTE)
38. Small and Family Farms Alliance, UK
39. Solidarity Fund X minus Y, The Netherlands
40. The Network for Consumer Protection (The Network), Pakistan
41. Union Paysanne, Canada
42. Via Campesina
43. Vredeseilanden, Belgium
44. World Forum of Fish Harvesters and Fishworkers / Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca