Chile condenado a cadena perpetua en materia pesquera: El caso de Pesca Chile, filial de Pesca Nova España

En nuestro país, la pena de cárcel denominada “cadena perpetua” en su grado mínimo es de cuarenta años. Cuarenta años – o más- a los que por analogía se condenó a los recursos pesqueros del país, ya que la actual Ley de Pesca, basándose en los “acuerdos” firmados tras la mesa pesquera, significó no sólo el desprendimiento de la potestad estatal sobre los peces, sino que también marcó el inicio de “la última cena” para la pesca artesanal. Así sin más, tras este triste suceso se sentaron las bases que establecen que en Chile no hay más dueños de los recursos pesqueros del país, que los que los “acuerdos” Longueira dictaron, y que recordemos fueron firmados por empresarios, gobierno y “representantes” de la pesca artesanal.

Para partir entonces, tal vez resulte importante recordar el punto clave y medular que se consiguió aprobar mediante la promulgación de la Ley de Pesca ideada por el ex-Ministro de Economía, Pablo Longueira, pese a todos los “adornos navideños” que dieron de yapa. Muchos de ustedes, inexpertos tal vez en materia pesquera se preguntarán de qué se trató. Pues bien, este punto clave se puede resumir en dos palabras: derechos pesqueros. Siguiendo con lo anterior, se debe recordar además que en Chile existen grupos económicos poderosos, que en el caso de la pesca, hemos denominado las siete familias de la industria pesquera, y que fueron éstas precisamente las que durante el transcurso del año pasado hicieron lobby –esa suerte de reuniones “secretas” en las que se tranzan los negocios de un país entre parlamentarios y empresarios- para quedarse con los derechos de propiedad privada (derechos pesqueros) sobre los recursos pesqueros y que gracias a la ardua labor del ex-presidenciable Longueira, sus súbditos y defensores, finalmente, lo consiguieron.

Y es precisamente para dilucidar quiénes integran este “cartel de la pesca” y lo que en la práctica implica el otorgamiento de derechos de pesca a particulares, que se puede ejemplificar cómo nos afecta como sociedad a través del caso de Pesca Chile, filial de Pesca Nova España en Chile, empresa dueña de cuotas de pesca de varias especies que actualmente están sometidas a los regímenes de explotación pesquera.

Pesca Chile entonces, filial de la transnacional Pesca Nova España, logró apropiarse de varios recursos pesqueros, gracias a la Ley de Pesca Longueira y sus acuerdos previos, concretando no sólo la adquisición de derechos de propiedad sobre buena parte de los recursos pesqueros que hay en Chile, sino que además, la empresa en cuestión obtuvo la potestad que gracias a este “título de propiedad” permite que entre sus activos financieros –o su capital- figuren precisamente estas cuotas de pesca, las que ahora pueden vender, tranzar, hipotecar, traspasar, y en fin, hacer cualquier tipo de negocio especulativo, como si se tratase de dinero depositado en una cuenta bancaria.

Las cuotas de pesca que antes eran fijadas por el Estado a través de una especie de concesión temporal y que no constituían derechos de propiedad sobre las futuras asignaciones, hoy no nos pertenecen más, no son más un asunto de Estado, sino que son un asunto, un negocio entre privados. Ejemplos de este caso y de lo que ha obtenido esta empresa gratuitamente, esto es, los “derechos de pesca” encontramos en la especie merluza de cola, cuya cuota asciende a 4.721,001 tons. Otro caso está en la pesquería de Merluza del sur con 3.892,721 tons; y Congrio dorado con 571 tons, entre otros recursos pesqueros, sometidos ahora a los poco criteriosos parámetros del Rendimiento Máximo Sostenible.

Hoy Pesca Chile como representante legal de Pesca Nova España se encuentra en quiebra, y lo más tragicómico del asunto es que la parte más importante de sus “activos”, de su capital, lo constituyen los derechos de pesca que el Estado chileno les regaló, con pleno consentimiento de muchos “honorables” y de varios líderes de la pesca artesanal pagados por la industria pesquera.

CONAPACH, CONFEPACH, separación histórica de un mismo movimiento que parte con la repartija de cuotas de pesca entre dueños de embarcaciones artesanales e industriales, hoy liderados por quienes vendieron a la pesca artesanal, representan los intereses de los dueños, esos que el estado denominó en cierta época “armadores” artesanales que desarmando a los pescadores artesanales reales, se armaron con la propiedad de los recursos pesqueros para sí o para quién les pague por ellos.

Ahora corresponde esperar que la “buena voluntad” empresarial – de agentes como Pesca Nova- y de los Pymes de la pesca artesanal dé frutos y comiencen a rematar sus “activos” aunque estos sólo existan en la teoría especulativa neoliberal democrática. Esperar que como dueños de la cuota de muchos de los más importantes recursos pesqueros del país, nos vendan como gran novedad el derecho a pescar en nuestras propias aguas ¿negocio redondo no?

Años de política concertacionista para allanarles el camino, para que ahora sí con papel en mano y con ley de estado de por medio, dieran la estocada final que condenará a los recursos pesqueros del país a esta suerte de cadena perpetua, como si su delito fuese existir libremente, en estado bravío y sin dueño definido.

La conclusión a la que podemos llegar entonces, es la siguiente: el estado que muchos aún imaginan, no existe. De lo contrario, en vez de estar cediendo nuestros recursos pesqueros –y naturales- a los grandes capitales extranjeros, hubiera potenciado que la buena alimentación que se consigue de los productos del mar, se quedara en casa y alimentara a su gente y a sus vecinos. Se cuidaría y defendería a la pesca artesanal consciente y verdadera: aquella que usa aparejos de pesca selectivos, en vez de haber otorgado gran parte de los recursos pesqueros a los “palos blancos” infiltrados en la pesca artesanal por el chicago boy, Ricardo Lagos en 2002, y que hoy lamentablemente tienen en sus manos la mayor parte de la cuota –y por ende propiedad- del sector.

Resulta penoso escuchar los quejidos convalescientes de la clase política chilena, al momento de defender los postulados nacionalistas que buscan hacer resaltar lo peligroso de otorgar una salida al mar a los hermanos bolivianos o el conflicto de límites marítimos con Perú, por atentar contra la soberanía de Chile en el mar, cuando en los hechos, los recursos del mar por Ley ya no pertenecen a la nación toda y menos aún a todos los chilenos.

La soberanía –creo- se defiende en primer lugar, garantizando a todxs lxs chilenxs la defensa de la tierra, el mar y sus recursos. Nosotros apelamos a la defensa de los recursos marinos, para comenzar a imaginar un país nuevo, donde la justicia deje de tener valor monetario y donde podamos elegir qué hacemos con nuestros recursos pesqueros pues finalmente ¿De qué sirve un mar sin peces, sin moluscos, sin crustáceos, sin BIODIVERSIDAD, y sin libre acceso?

Hoy en día, los verdaderos pescadores artesanales, exigimos la derogación de la Ley Longueira, no sólo porque hereda derechos de pesca a modo de cadena perpetua –por veinte años renovables, para quienes tienen buena comprensión lectora-, sino además porque prolonga la miseria alimenticia en nuestro país, privilegiando las irracionales ganancias y el nepotismo (esa costumbre de poner en cargos públicos-privados a los familiares) para el oligopólico (reducido y privilegiado) sector privado, antes de favorecer de alguna forma a la totalidad de los chilenos.

Por Cosme Caracciolo, pescador artesanal

Fuente: El Ciudadano