Colombia: Desmantelar el Quimbo
"¿Por qué la justicia y las instituciones como Ministerios de Ambiente, Minas, Agricultura, Trabajo, la ANLA, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduríua, La Fiscalía, el Programa presidencial de protección de Derechos Humanos entre otros, no actuaron a tiempo en defensa del Patrimonio Nacional y de los Derechos de las principales víctimas del Quimbo?"
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos para favorecer los intereses de las corporaciones trasnacionales ENEL ENDESA y de los accionistas privados preferenciales que a nombre de las Empresas de Energía de Bogotá se apropiaron del 14.07% de las acciones del Quimbo, a cambio de entregar el control absoluto del territorio a dichas corporaciones, acude ahora a la Acción de Tutela (ver aquí) ante un Juez de Neiva bajo el supuesto de "evitar los daños ambientales, sociales y económicos que se ocasionan si no se permite la generación de la hidroeléctrica de El Quimbo".
Si el argumento de la Tutela son dichas afectaciones y si fuese procedente el Juez debería ordenar el desmantelamiento del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo por los daños irreparables ya causados y solicitar de inmediato a la Fiscalía General de la Nación, los resultados de la investigación, Noticia Criminal No. 410016000584201200105, que averigua desde el 2012 por los responsables del delito de “Daños en recursos Naturales” causados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.
Precisamente, el 23 agosto de 2012 la Contraloría General de la Nación, ordenó ¨la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal ante un presunto daño patrimonial, estimado en poco más de 350 mil 644 millones de pesos, comprometiendo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en supuestas irregularidades en el trámite de la licencia, así como en el grave impacto social, ambiental y económico que surgió dentro de la expedición de la misma¨. La Contralora General de la Nación, Sandra Morelli, el 13 de octubre de 2012 en entrevista a Yamid Amat, afirmó que ‘Colombia está al borde de un desastre ambiental’ y agregó que “en el centro del país hay también hallazgos preocupantes: la represa del Quimbo, cuyas obras representan una afectación ambiental y social de enormes proporciones. Se abrió juicio de responsabilidad por un daño valorado en 352.000 millones de pesos”.
Pero además, La Corte Constitucional mediante Sentencia T-135/13 ordenó la realización de un nuevo censo de afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo en un periodo de 6 meses con el propósito de garantizar los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales, entre ellos, al Trabajo, a una Vida Digna y al Mínimo Vital (ver aquí). Año y medio después no se ha cumplido con la decisión de la Corte y el mismo Tribunal Administrativo del Huila no ha dado respuesta a la solicitud de desacato presentada por los pescadores del municipio de Hobo quienes han sido las principales víctimas por la destrucción del 100% de la pesca artesanal y por las órdenes de desalojo de su habitat natural.
¿Por qué la justicia y las instituciones como Ministerios de Ambiente, Minas, Agricultura, Trabajo, la ANLA, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduríua, La Fiscalía, el Programa presidencial de protección de Derechos Humanos entre otros, no actuaron a tiempo en defensa del Patrimonio Nacional y de los Derechos de las principales víctimas del Quimbo? (jornaleros, pescadores artesanales, partijeros, paleros, comerciantes, madres cabeza de familia, entre otros)
El cinismo del gobierno no tiene límites. Acude ahora a la Tutela a nombre de los mismos daños irreparables ya registrados por la misma Contraloría para presionar a los jueces a levantar las medidas cautelares ocultando que su único propósito es la rentabilidad económica que les ofrece el mercado de la energía ($ 2.900.oo KW/Hora) a los accionistas privados de Emgesa, con la desregulación de los precios y el incremento del valor del consumo decretado por el Ministro de Minas.
Pero también oculta que las empresas generadoras de energía desde el 2006 a nombre de "cargo por confiabilidad" recibieron 14 billones de pesos que pagamos los colombianos a través de las facturas dizque con el propósito de garantizar la seguridad energética del pais en momentos de emergencia por fenomenos como la sequía. Se robaron 14 billones de pesos, se decretó ilegamente por el gobierno de Santos la generación en El Quimbo y al mismo tiempo incrementó los precios de la energía para favorecer los intereses particulares.
No hay que olvidar que desde el día 31 de marzo de 2008, Rad. 41001-33-31-003-2008-00423-00, trasladada posteriormente al Tribunal Administrativo del Huila (Magistrado Ponente Gerardo Iván Muñoz Hermida) se interpuso ante la Jueza Tercera Administrativa de Neiva, Acción Popular solicitando la suspensión provisional del trámite de la licencia ambiental como medida cautelar mientras se realizaban los estudios de Impacto Ambiental Alternativos. Siete años después no ha respondido el Tribunal.
El Magistrado Ramiro Aponte también es responsable del llenado del Quimbo. Autorizó el saqueo de la Capilla San José de Belén contra lo establecido en la Licencia Ambiental de su traslado integral, en connivencia con el Gobernador del Huila Carlos Mauricio Iriarte quien de manera ilegal autorizó a un tal Consejo de Patrimonio del Huila conceptuar a favor de Emgesa para evitar los costos del traslado integral y facilitar el llenado del Quimbo sin el cumplimiento de lo establecido en la Licencia Ambiental.
La única alternativa para evitar mayores daños es desmantelar de inmediato la represa (ver aquí) y rechazar cualquier intento de construir represas y microcentrales en el Huila.
¡No a la entrega de nuestros territorios para la imposición de la política minero energética del Gobierno!
Tenemos Derecho a Vivir Dignamente en nuestros territorios.
Fuente y foto: Blog de Miller Armín Dussán Calderón