Colombia: Erradicación forzada de cultivos en Córdoba por parte del ejército

Desde el año 2013 el campesinado del sur de Córdoba subsiste del sembrado de hoja de coca. Mediante interlocución en la Cumbre Agraria Étnica y Popular se establecieron unas condiciones mínimas y dignas para la sustitución gradual, concertada y con garantías ante el Gobierno Nacional, pese a ello como viene sucediendo a lo largo y ancho del territorio colombiano, la arremetida militar y ordenanzas presidenciales y ministeriales no parecen estar dispuestas a concertar y acordar mecanismos que permitan que la erradicación de los cultivos mal llamados ilícitos se hagan generando que las familias sembradoras tengan garantías económicas para no recurrir al sembrado de hoja de coca. Las anteriores erradicaciones forzadas en el sur de Córdoba terminaron convirtiéndose en atentados contra la población civil por parte del Ejército y la Policía; tal es el caso de lo sucedido en la vereda Jagua (Puerto Libertador) en donde uniformados de la Policía activaron un artefacto explosivo causando pánico y daños a los hogares campesinos y por poco causa la muerte de una campesina en estado de embarazo, así como también agredieron física y verbalmente a la población campesina del lugar.

El pasado a 24 de noviembre en la vereda Tres Palitos se asentó tropa del Ejército Nacional dispuesta a erradicar forzadamente los cultivos de hoja de coca. En el lugar de erradicación forzada se encontraba población campesina movilizada, en actitud colectiva de resistencia, haciendo uso legítimo del derecho a la protesta social, a la libertad de movimiento y locomoción, expresión. También estuvieron presentes en el lugar varios defensores de derechos humanos de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba acompañando a la población campesina que se movilizaba en contra de la erradicación forzada sin garantías de sustitución.

Ante los graves hechos sucedidos en la vereda de Argelia (Cauca) donde murió un campesino impactado por una bala de fusil disparada por el Ejército Nacional se alerta a las autoridades civiles y militares para que vigilen el proceso de erradicación forzada en el sur de Córdoba y exhorten para que se respete y preserve la dignidad y derechos humanos de la población campesina, de igual manera se respete por parte de los uniformados el obligatorio cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, es y será responsabilidad del Ejército Nacional lo que pueda suceder y que afecte a la población civil que resiste en el lugar.

En medio de erradicaciones forzadas ’para la paz’ muere campesino en el Cauca:

Incontables han sido las veces que el movimiento agrario ha propuesto planes de desarrollo sostenible para el campo. Las comunidades saben bien cuáles son sus habilidades, herramientas y dificultades. En todo el país hay planes de vida que no incluyen el cultivo de uso ilícito, sino que, por el contrario, su prioridad es comercializar alimentos y tener el ’pan coger’.

Desde hace días se adelanta en varias áreas del territorio nacional una ofensiva y masiva jornada de erradicación manual de cultivos declarados de uso ilícito, en el desarrollo de lo que el gobierno nacional ha llamado “Estrategia Integral para la Sustitución de los Cultivos Ilícitos”.

Estrategia que la fue presentada por el presidente Juan Manuel Santos como una apuesta integral que abarcará seis frentes de trabajo: inversión social, sustitución, interdicción, investigación y judicialización, consumo y reforma institucional; sin embargo de eso prometido ¿qué se ha materializado? La judicialización y la violencia.

Para el desarrollo de la acción en el Cauca, al igual que en otras zonas del país, los efectivos militares no presentan ningún tipo de acuerdo con las comunidades o con las autoridades regionales, sino que, siguiendo directrices nacionales, realizarían su labor sin concertar una posible sustitución o intervención social con las comunidades, las cuales derivan todos sus sustentos de la producción de estos cultivos.

Producto de esta posición violenta, se produjo un enfrentamiento desigual entre una fuerza militar armada y una comunidad desesperada que pelea por no perder su única fuente de ingresos, el cual dejó como resultado el asesinato del joven campesino William Bermeo Acosta de 20 años de edad y las lesiones por impactos de bala de más de 15 personas que hasta ahora se reportan heridas.

La situación es cada vez más hostil, pues en temerarias declaraciones del ministro de defensa Luis Carlos Villegas y del comandante de la Policía, el general Rodolfo Palomino, se anuncia el regreso a sangre y fuego de los policiales, para darle continuidad a la política no consensuada de erradicación de los cultivos declarados de uso ilícito.

Este caso es otra muestra más de la doble cara del gobierno, por un lado le apuesta y se compromete con la paz y por el otro no deja de mantener un discurso guerrerista y violento en contra de las comunidades campesinas, realizando ataques que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.

Por los hechos sucedidos y por la grave situación de violación de derechos humanos que vive el municipio de Argelia, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina levanta su voz de protesta exigiendo al Estado Colombiano el cese al fuego contra los civiles y la detención de las acciones arbitrarias de erradicación, hasta tanto no se plantee una estrategia integral consensuada para la sustitución de los cultivos declarados de uso ilícito.

Decimos NO más a las políticas improvisadas que van en detrimento de las comunidades, exigimos soluciones que contribuyan a un desarrollo rural integral del campo y que el gobierno atienda las propuestas que ya el campesinado viene formulando: sustitución gradual concertada y sustitución de los usos de esos cultivos.

Así mismo, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina presenta a la familia Bermeo Acosta y a toda la comunidad del municipio de Argelia- Cauca, su solidaridad y rechaza rotundamente los hechos que ocasionaron esta tragedia, por lo tanto exigimos a las instituciones gubernamentales pertinentes que adelanten las acciones para que ante estos hechos exista verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Fuente: Agencia Prensa Rural