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Autor Marcela Osorio Idioma Español Pais Colombia Publicado 9 junio 2017 13:22

Colombia: Grupos herederos del paramilitarismo, principales victimarios de líderes sociales

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Aunque en el 58% de los casos de asesinatos o desaparición de líderes el perpetrador no ha sido identificado, en los casos donde hay responsables los nuevos grupos figuran como los principales victimarios, seguidos por los paramilitares y las Farc. Documento dice que el fenómeno sí es sistemático.

Una de las principales consecuencias directas del aumento considerable de casos de asesinatos de líderes sociales en el país, es el riesgo que este fenómeno representa para la implementación del Acuerdo Final de Paz en los territorios más afectados por el conflicto armado. De ahí que sea una de las principales preocupaciones para las organizaciones sociales y para el Gobierno mismo que no ha logrado contener el problema.

Por eso la importancia de entender cuáles son las variables y características particulares del fenómeno, quiénes son las principales víctimas y quiénes los victimarios. Y ese fue el propósito del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria que entregó este viernes un informe detallado sobre las dinámicas del asesinato de líderes rurales en un periodo comprendido entre 2005 y 2015.

El documento señala como primer gran balance que en dicho lapso de tiempo se identificaron 500 eventos victimizantes concentrados en su mayoría en departamentos como Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba y Nariño.

Del total de víctimas contempladas en la muestra, el 88% (441) son hombres y el 12% (59) mujeres. En cuanto al tipo de víctima los mayores afectados siguen siendo los integrantes de asociaciones rurales campesinas, seguidos por los indígenas y los reclamantes de tierras. Respecto al tipo de organización los datos son más puntuales: “La organización más afectada en nuestra base de datos son las Juntas de Acción Comunal con 109 eventos, seguidos por las asociaciones indígenas con 93 casos, las organizaciones campesinas no relacionadas con la restitución con 83 sucesos y las organizaciones de restitución con 69 registros”.

En cuanto a los victimarios el resultado del informe es alarmante: en el 58% de los casos el perpetrador no está identificado. El otro porcentaje corresponde a los casos donde sí se ha determinado la responsabilidad y se divide entre los grupos herederos del paramilitarismo con el 14%, los paramilitares con el 10%, las Farc con 9% (solo un caso después de declarado el cese al fuego), el Ejército con un 5% y el Eln con un 1%.

El informe plantea, en general, cuatro grandes conclusiones: El fenómeno no ha cedido y requiere políticas públicas para combatirlo; los casos están relativamente concentrados territorialmente y han afectado con fuerza a las juntas de acción comunal; el problema está asociado a variables de nivel municipal (presencia de grupos herederos del paramilitarismo, desigualdad en la tenencia de la tierra, necesidades básicas insatisfechas, economías políticas legales e ilegales); y finalmente el fenómeno sí es sistemático. "La sistematicidad en el sentido de que ocurre "de manera reiterada" está plenamente comprobada por diversos informes sobre la materia. Y esto subraya que aquí no se trata de un juego de palabras, sino de un problema de una gran centralidad. Pues un estado que realmente lo sea no puede permitir que suceda el asesinato de cientos de líderes y después declararse irresponsable frente a ellos", explica el texto.

De acuerdo con el reporte, el fenómeno representa una amenaza directa a la implementación del Acuerdo Final de Paz y a los diálogos que se mantienen con la guerrilla del Eln y por tanto el Estado debe priorizar su atención. "Esto tiene a su vez un efecto negativo, potencialmente enorme, sobre el proceso de paz que culmina con las Farc y sobre el proceso de paz que comienza con el Eln. En Efecto, una de las promesas fundamentales de uno y otro consiste en que tendrán efectos positivos sobre los niveles de participación de la población en los territorios, y que, por supuesto, se respetará la integridad física de quienes se involucren en dichos proceso", reza el documento.

Las recomedaciones de política

El documento del observatorio propuso, además, una serie de recomendaciones sobre medidas de corto y largo plazo que deberían tomarse para evitar que el fenómeno se reproduzca aún más: "como parte de las medidas urgentes, el informe sugiere el diseño de una política pública que parta del reconocimiento de la sistematicidad del fenómeno, y que incluya, entre otras cosas, la construcción de un conteo de líderes asesinados, campañas de denuncia y visibilización con el apoyo de medios de comunicación, estrategias en contra de la estigmatización de los liderazgos sociales y el reforzamiento de las agencias estatales encargadas de luchar contra este flagelo".

Así pues, se plantea puntualmente, por ejemplo, la posibilidad de poner a operar y garantizar la financiación de la Unidad Especial de Investigación al interior de la Fiscalía y reforzar la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Otro punto clave es la propuesta de desarrollar políticas específicas enfocadas en los territorios donde se concentran el asesinato de líderes rurales. "En este informe encontramos que había una alta concentración territorial del fenómeno; eso en teoría debería facilitar la respuesta estatal. Podría pensarse en construir políticas territoriales que coordinen fuerzas de protección para los liderazgos sociales, políticas vigorosas de acceso a tierras, fortalecimiento institucional, y una sistemática pedagogía de paz orientada a coordinar los niveles central y local, para los territorios en donde más se concentra el asesinato de líderes sociales", detalla el informe.

Fuente: El Espectador


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