Colombia: criminalización de protesta social. El ladrón juzga por su condición

En el Cauca se encuentran levantadas las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas contra el TLC y el incumplimiento de los acuerdos sobre tierras. En Nariño miles de campesinos se sublevaron contra las dañinas y peligrosas fumigaciones. En el Meta las comunidades bloquean las carreteras en protesta por las privatizaciones. En todo el país los trabajadores de la justicia están en paro, cese de actividades a la cual se sumarán los trabajadores de las bananeras y el sector minero ante la precaria situación en que cayó el derecho al trabajo en Colombia. En el pacifico sur, las comunidades negras se levantaron contra el hambre, el abandono y la falta de vías de comunicación. En las universidades públicas hay manifestaciones por las continuas desapariciones y amenazas a estudiantes y profesores, y en las privadas como la Javeriana y los Andes chiflan al primer mandatario en los foros donde este se asoma como presidente candidato. Sin embargo, ante toda esta bomba social que asoma por todos los frentes la única salida es tildar de terroristas a los manifestantes y señalar inquisitoriamente a las voces contestatarias para poder lanzar contra ellos todo el andamiaje de la cada vez más desgastada política de "seguridad democrática".

En su paranoia el Presidente y sus altos funcionarios han estigmatizado peligrosamente la movilización social y la sana critica que debe existir en toda democracia y los efectos de su ascetismo no se han hecho esperar. Es preocupante, por ejemplo, que las recientes desapariciones y amenazas de docentes y alumnos en las universidades estuvieran precedidas de los señalamientos de presencia guerrillera en los claustros universitarios. Es aberrante la temeraria acusación de infiltración guerrillera sobre la protesta popular en el Cauca y Nariño, que ya cobró la vida de varios civiles y dejó decenas de heridos que han caído bajo la brutal represión de las fuerzas de seguridad, que alentados por el grito bélico presidencial, persiguen a las comunidades bajo operaciones de guerra indiscriminada. Es condenable el retorno de la guerra sucia contra los movimientos políticos, las organizaciones sociales y las ONG, luego de que se las acusara de complicidad con el terrorismo por el simple hecho de atreverse a criticar al primer mandatario.

Qué pretende el gobierno llamando a los estudiantes "comunistas disfrazados", a los manifestantes "idiotas útiles de la guerrilla", a los opositores políticos "aliados del terrorismo", a las marchas y manifestaciones "infiltraciones guerrilleras" y hasta a los jueces de la República "cómplices de la impunidad", como hace poco les vocifero el vicepresidente candidato Santos.

Y mientras tanto este gobierno que acusa tendenciosamente, que señala irresponsablemente, que criminaliza a sus críticos, que quiere erradicar la diferencia de pensamiento bajo la dictadura del unauribismo, resulta ser el verdadero infiltrado, el que realmente luce una perversa máscara detrás del cual se esconde para lanzar dardos y venenos mientras sus funcionarios e instituciones se carcomen por dentro bajo la metástasis narcoparamilitar que asoma y se desborda tras su antifaz democrático.

Recordemos que en el ojo del huracán por infiltración de las AUC (declaradas terroristas por la comunidad internacional junto con las guerrillas) están el DAS, FINAGRO, las regalías, la salud, los directivos regionales de la campaña reeleccionista, y esta semana se suma a los escándalos por vínculos con el paramilitarismo, el viceministro del interior. Adelante señor presidente con sus tendenciosas acusaciones que el ladrón juzga por su condición.

- Gabriel Bustamante Peña es profesor universitario.

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas N° 0013

http://www.vivalaciudadania.org/cajavirtual/svc0013/articulo02.pdf

Fuente: ALAI, http://alainet.org/