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Autor Voces Nuestras Idioma Español Pais Costa Rica Publicado 11 noviembre 2015 10:43

Costa Rica: Familias campesinas de Palmar Sur quieren decidir sobre las tierras que habitan

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La historia de Finca 10, en Palmar Sur, Costa Rica, es sólo un ejemplo del problema de tenencia de la tierra en esta zona. La palma africana, la piña, las plantaciones forestales y otras imposiciones de fuera, enriquecen a unos pocos.

Mientras, los campesinos e indígenas cada vez tienen menos territorios disponibles y las condiciones para producir son más difíciles día a día.

Siguiendo un camino protegido a ambos lados con densas plantaciones de palma, se ven todavía restos oxidados de lo que dejó abandonada la compañía bananera United Fruit Company. Por aquí se llega a Finca 10, un lugar donde sus habitantes enfrentan hoy conflictos de titulación de la tierra y la amenaza de construcción de un gran aeropuerto internacional.

Varios cientos de familias campesinas viven y trabajan en estas fincas desde la época de la compañía bananera United Fruit Company. Cuando en 1984 la bananera se fue, estas personas se incorporaron a cooperativas que se crearon allí, con proyectos de cacao y banano. Las cooperativas fracasaron y nuevamente se vieron sumidos en una deprimente situación de caos económico y social. En esa época procedieron a ocupar las parcelas, llamadas “cables”, desde los años de la compañía. Cada familia se ha dedicado a trabajar por cuenta propia, produciendo alimentos como plátano, caña de azúcar, frijol, ayote, banano, culantro, malanga, yuca, papaya y maíz. También tienen gallinas y algunas crían cerdos y cabras.

Al sur de Palmar Sur se encuentra una fila de fincas. La bananera nombró estas fincas con los números del 1 al 12, y las agruparon como 2-4, 3-5, 9-11, explicó Karol Montero Rony, gestora cultural de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud en la Zona Sur.

Pero además, la bananera luego renombró las fincas con nuevos números viejos; por lo que en la zona es común escuchar que la gente se refiere a "la antigua 7" o la "vieja 12". Hoy, por ejemplo, Finca 12 es la antigua Finca 7, verificó Montero.

¿Cuáles fincas son entonces las que llaman Chánguena y Térraba? Una vez que la bananera se fue, algunos pedazos de estas fincas fueron entregados a la Cooperativa Autogestión de Productores de Palma y Cacao de Palmar Sur (COOPALCA). En 1991, esta cooperativa las alquila a las empresas Bananera Chánguena y Bananera Térraba, propiedad de Oscar Echeverría Heigold. Echeverría renombra estas fincas. Finca Térraba, entonces, incluye pedazos de Finca 2 y 4; y Finca Chánguena incluye pedazos de Fincas 3 y 4, explicó Montero.

A principios de agosto de este año, varias familias campesinas de Finca Chángena y Finca Térraba fueron desalojadas arbitrariamente de las tierras en las que viven.

Posteriormente, junto con habitantes de comunidades aledañas y organizaciones que se solidarizaron, cerraron el paso sobre el puente del río Térraba durante más de 22 horas. El bloqueo finalizó después de que el Gobierno decidiera empezar un diálogo para solucionar el conflicto de tierras en la zona.

La Coordinadora de Lucha Sur Sur afirma que las más de 80 familias que viven y trabajan en estas tierras tienen el derecho sobre las mismas. Hasta la fecha el Gobierno no les ha dado títulos de propiedad ni ha resuelto las disputas por tenencia de la tierra, por lo que estas personas viven constantes amenazas de desalojo.

Además de todo lo anterior, el proyecto para construir un aeropuerto internacional, sin consulta, pone en riesgo la permanencia de estas familias en estos territorios. En octubre del 2010, el Gobierno de Laura Chinchilla emitió un decreto que declaró a este aeropuerto como de interés público. La construcción de este aeropuerto afectaría a las personas que habitan todas estas fincas.

El 17 de octubre pasado hubo un foro sobre tenencia de la tierra, en Finca 10, organizado por la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura en la zona sur y el programa Kioskos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR). El evento fue parte del Festival Campesino por la Tenencia de la Tierra, al que se sumaron varias organizaciones que trabajan en la zona como la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö.

Álvaro Chanto, director del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), para la región Brunca, participó en el foro y explicó que el INDER compró Finca 10 en el 2003 y empezó a hacer una estructura de parcelación. Pero este proceso está en el limbo hasta que la Dirección de Aviación Civil decida si se construirá o no el aeropuerto.

“Se hicieron estudios de selección a los ocupantes de Finca 10. Prácticamente todos calificaron para ser reubicados en otra finca que se estaba comprando. Si Aviación Civil dice que el aeropuerto no va, el INDER continuará con el proceso de ordenamiento de los terrenos”, dijo.

“Si se tuviera que hacer un traslado, a las personas se les dará una indemnización. No aplica un desalojo sin notificación ni sin indemnización previa”, agregó.

El funcionario también indicó que ahora están funcionando los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural compuestos en un 60% por representantes de la sociedad civil y en un 40% por gente de las instituciones públicas y gobiernos locales. Estos consejos están armando planes para orientar el desarrollo el desarrollo integral del territorio. En algunos casos estos planes han permitido comprar fincas para que campesinos desarrollen ahí proyectos productivos que generen ingresos, como hace tres meses, que se entregó una finca a 12 productores en Coto Brus, según Chanto.

Warner Mena, gerente de asistencia técnica del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), señaló que en septiembre hicieron la última consulta a Aviación Civil de qué va a pasar con el aeropuerto; pero que aún no han recibido respuesta.

Mena informó que el INFOCOOP es propietario de una parte de Finca 9; pero que su deber es venderla y reinvertir los recursos en cooperativas de la zona. Como existe una solicitud expresa de Aviación Civil a la junta directiva del INFOCOOP de querer comprar Finca 9; esa sería una primera opción. La segunda opción sería negociar con el INDER para que la comunidad desarrolle esa finca bajo un esquema cooperativo.

“Indistintamente de lo que se decida, si se vende a un privado o se negocia con Aviación Civil, lo primero son los derechos humanos de las familias que ahí están viviendo”, indicó Mena.

Voces Nuestras llamó a Aviación Civil; pero nadie atendió el teléfono.

El Alcalde del cantón de Osa, Alberto Cole, reconoció que ha sido un abanderado del aeropuerto desde el puro principio. Pero según él, esta no es la única opción de desarrollo para la zona, pues podría haber otro tipo de inversión.

“La distribución de la tierra es el problema número uno de este cantón. Hay una mala distribución de la tierra y un incumplimiento de las leyes en la zona”, aseveró el alcalde.

“Si usted hace un mapa de Costa Rica de dónde se encuentra la mayor riqueza natural del país, está donde hay más pobreza. El estado costarricense está en contra del pueblo. Dos mil kilómetros cuadrados están en manos del estado y no del pueblo. Más de las dos terceras partes de esta tierra están en manos de empresas extranjeras como Palma Tica. No es que esté en contra de la protección del medio ambiente; pero es que eso le da riqueza al mundo. Hay que defender la riqueza de este cantón para que esté en manos de la gente”, dijo Cole.

“Yo he sido un abanderado del aeropuerto internacional desde el puro principio. He promovido el aeropuerto como una alternativa de desarrollo. Pero no debe ser el único proyecto. Debe haber una serie de inversiones del estado en la zona. Yo no estoy diciendo que tiene que hacerse necesariamente un aeropuerto”, declaró.

“Aquí tiene que haber una negociación taco a taco donde nadie salga afectado, donde el agricultor reciba lo que le corresponde. A la gente que está aquí se le debe reconocer títulos de propiedad”, afirmó y continuó “si realmente ustedes pudieran organizarse como tiene que ser, aquí se tiene que respetar lo que la gente quiere y si la gente no quiere un aeropuerto, y no depende de si el alcalde lo quiere o no lo quiere”.

Primero en tiempo, primero en derecho:

Daniel Villalobos, representante de la Cooperativa de Trabajadores de Osa, COTRAOSA, denunció que le parece inaudito lo que está pasando. Para el líder comunitario, hay que aplicar el principio de que el que está primero en tiempo, está primero en derecho. Como los pobladores de Finca 10 ocupan las tierras antes de que el INDER comprara la finca, les deben aplicar la Ley del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), que les beneficiaría.

Según explicó Villalobos, Finca 10 fue comprada por el IDA en el 2003 por una gestión del sindicato CONATRAP, uno de los grupos que asesoraba a COTRAOSA. Se esperaba que en el 2004 los extrabajadores bananeros que vivían en Finca 10 tuvieran sus títulos de propiedad; pero no tienen nada.

“Ahora vienen y les dicen a los campesinos que viven en estas fincas que tienen que elaborar un proyecto, que se les va a hacer justicia y se les va a aplicar la ley INDER. Pero aquí hay que aplicar el principio de reserva de ley. El que está primero en tiempo, está primero en derecho.

Los pobladores de Finca 10 estaban aquí antes de que la Asamblea Legislativa aprobara la ley del el INDER. A esta gente de finca 10 nos tienen que pasar por el colador de la ley del IDA; no por el colador de la ley del INDER”, dijo el líder.

En el año 2007 se derogó la Ley del IDA de 1982 y se reformó la Ley de Tierras y Colonización de 1961. Esto se dio mediante la aprobación de la Ley Marco del Desarrollo Territorial Rural, que transformó al IDA en el INDER.

Villalobos insistió: “En 1930 el gobierno costarricense hizo un convenio con la bananera. En 1984 la bananera se va y según el contrato de 1930 las tierras debían regresar al estado costarricense. Pero fueron entregadas a la cooperativa y ahí hay una violación a la ley. Han sido más de 30 años de actos irregulares con estas tierras. Queremos que se investigue el contrato finiquito de 1984. Si este contrato hubiese sido refrendado como ley por la Asamblea Legislativa tal vez no estaría pasando lo que está pasando”.

El líder campesino también aprovechó para interpelar al alcalde. “Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que el alcalde ha dicho. Pero diay, también debo decirle: 'Señor alcalde, usted es parte del equipo que ha impulsado esta serie de medidas nefastas que tienen al campesino sumido en esta pobreza de la que usted habla'. Son los gobiernos actuales los que han expulsado a los pobladores de Corcovado, de Piedras Blancas, a las comunidades que viven en el humedal Térraba-Sierpe”.

Don Rafael González, vecino de Finca 7, dijo que estos problemas no son nuevos. “Somos viejos y conocemos las historias, sabemos muy bien que en el Corcovado cuando estaba la Ston Forestal, murió uno y fue la única manera de que entraran a negociar con los campesinos. Luego se vino el problema de la huelga con la United Fruit Company, donde también murieron compañeros.Recordemos lo que pasó hace poco en Pavones de Golfito, donde si el gringo no se mata con un campesino, no se arregla el problema de las tierras. Entonces ¿A dónde vamos? ¿Siempre tiene que haber un muerto? ¿Siempre tiene que venir el gobierno a que nos atropelle?”, cuestionó.

González fusticó que el Gobierno aprueba proyectos de interés público, como hizo con el aeropuerto en la zona; pero sin antes venir a ver en qué condiciones están los campesinos, a negociar con ellos una posible rebicación o vivienda. “Nos tratan totalmente como animales”, manifestó.

“Ahora el problema es a nivel nacional; es todo el país; es todo el pueblo el que está unido. Si tenemos que ir más allá de las fronteras a decir lo que está pasando en este país lo haremos, porque los medios de comunicación no vienen”, continuó el campesino.

“No importa las amenazas que recibamos. Ya sabemos que Oscar Arias fue a otros países y vendió nuestra paz. La palomita de la paz ya murió. Dicen que no estamos en guerra; pero sí estamos en guerra, los campesinos estamos en guerra de hambre, en guerra de vivienda. Y vamos a bloquear las carreteras, los puentes. Ya perdimos el miedo”, sentenció.

Cuando se dio el desalojo en Finca Chánguena, principios de agosto de este año, González fue uno de los campesinos que se reunió con autoridades gubernamentales en Casa Presidencial.

“Yo le dije al presidente: 'Se van a morir de hambre'; porque los furgones salen llenos de lo que siembran aquí los campesinos; van para el mercado Borbón, para el de mayoreo, para el CENADA. Lo que no va para exportación va para consumo de la meseta central”, subrayó.

Daniel Villalobos agregó que “ya es hora de que los grupos campesinos unamos fuerzas, los grupos indígenas, los grupos que luchan por el ambiente y le digamos al Gobierno 'estamos en contra de la aplicación en el campo de la ley INDER por lo nefasta que resulta a la hora de ubicarla en escenarios donde no corresponde'. No vamos a permitir ese atropello”.

“Aquí vemos que es la lucha de los grupos campesinos contra todo el aparato estatal, contra todo el aparato económico y contra todo el aparato social. Y frente a eso no nos queda otra que unirnos y seguir utilizando la democracia de la calle. El tema de tenencia de tierra es un asunto estratégico. Nosotros damos la lucha por la tenencia de la tierra porque creemos que esa es la columna vertebral del capitalismo. Ellos entendieron muy bien que en el momento en que controlen la tierra, están controlando el agua, el ambiente, los bosques, la producción de alimentos; y en consecuencia están controlando la economía, subrayó Villalobos.

Gustavo Oreamuno, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, afirmó que son las personas que habitan aquí las que tienen que tomar las decisiones sobre lo que quieren o no en sus territorios. Sigue siendo el poder central el que decide y ya se vio que la Municipalidad está de acuerdo con el aeropuerto. Las cosas están muy claras de cómo están las cartas, dijo Oreamuno.

Integrantes de varias organizaciones preparan una "Jornada Popular de Lucha por la Tierra y el Agua de la Zona Sur" para el martes 17 de noviembre en Palmar Sur y hoy enviaron al Poder Ejecutivo, instituciones públicas e instancias judiciales el documento "Demandas, exigencias y propuestas de comunidades y organizaciones de la Zona Sur para vivir con dignidad y justicia" y demandaron respuesta de esas instancias antes del 17 de noviembre.

Fuente y fotos: Voces Nuestras


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