Denuncia y repudio a la ola de violencia en el campo en Brasil en 2014

Por ADITAL
Idioma Español
País Brasil

La dirección y la coordinación ejecutiva nacional de la CPT divulgan una nota pública en la cual denuncian y repudian la ola de violencia en el campo, intensificada en los meses de julio y agosto de este año. Además de las cuatro muertes producidas en la última semana, en el mes de julio; en sólo 20 días, la CPT registró siete asesinatos.

De acuerdo con informaciones del Centro de Documentación de la CPT Don Tomás Balduino, en 2014, se registraron 23 asesinatos en conflictos en el campo, y tres más están bajo averiguación. Vea los datos parciales de asesinatos en 2014, en anexo en la noticia.

La dirección y la coordinación ejecutiva nacional se manifiesta públicamente ante la ola de violencia en el campo durante la semana del 10 al 17 de agosto, con el asesinato de tres trabajadoras y un trabajador. Otra vez son muertes anunciadas, sin que se tomen las debidas medidas para evitarlas.

El último 12 de agosto, en el sudeste del Estado de Pará, María Paciencia dos Santos, 59 años, fue atropellada por un camionero que avanzó sobre los 1.500 manifestantes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que marchaban por la BR-155, llamando la atención sobre la desidia en relación con la Reforma Agraria. El lugar está cerca de la curva "S”, donde ocurrió la Masacre de Eldorado dos Carajás, en 1996, cuando la policía mató a 19 Sin Tierra. El tránsito estaba liberado en una franja, pero fue bloqueado por los manifestantes después del brutal asesinato de María, que murió en el acto.

El día 13, fue asesinada a tiros la ex presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Agricultura de Unión del Sur, en el Estado de Mato Grosso, María Lucia do Nascimento, que vivía en el asentamiento Nova Conquista II. Tanto ella como otras familias asentadas y dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Agricultura local ya habían sufrido amenazas del dueño de la hacienda, Gilberto Miranda, registradas en Boletines de Casos y en actas de denuncias realizadas directamente al defensor del pueblo Agrario Nacional, juez Gercino José da Silva Filho. Las amenazas fueron testimoniadas inclusive por oficiales de justicia.

El último sábado 16, el presidente de la Asociación ASPRONU (Asociación de Productores Rurales Nueva Unión), Josias Paulino de Castro, 54 años, y su esposa, Ireni da Silva Castro, 35 años, fueron asesinados en el Distrito de Guariba, Municipio de Colniza, Mato Grosso. El 5 de agosto, Josias había participado, en Cuiabá, en una audiencia con el defensor del pueblo Agrario Nacional, juez Gercino, y con varias otras autoridades de Mato Grosso. Josias denunció a políticos de la región por extracción ilegal de madera, a la Policía Militar por irregularidades y a órganos públicos por emisión irregular de títulos de tierras, así como por la existencia de "pistoleros” en la región. Josias, según el sitio web Pantanal, ese mismo día, habría afirmado: "Estamos muriendo, somos amenazados, el Gobierno de Mato Grosso está en connivencia, la PM (Policía Militar) de Guariba los protege, el gobierno federal está ausente, ¿tendré que ser asesinado para que ustedes nos crean y tomen medidas?”.

Además de esas muertes, sucedidas en los últimos días, el Centro de Documentación Don Tomás Balduino, de la CPT, registró un sangriento mes de julio, con siete asesinatos en 20 días, en cuatro estados de la federación. El año 2014 ya se presenta como más violento que el año anterior. De enero al 18 de agosto, se contabilizan 23 asesinatos en conflictos en el campo, y hay tres casos en averiguación. En el mismo período de 2013, el número de asesinatos registrado era de 21.

"La violencia está presente en todo el territorio nacional. Ante los ojos de las autoridades, que deberían, concretamente, actuar para exterminarla definitivamente. El defensor del pueblo agrario nacional, así como la Secretaría de Derechos Humanos, ha acompañado todas las denuncias, amenazas, indicios de irregularidades, pero no se hizo nada para impedir el avance de los asesinatos y el exterminio de los pueblos del campo”, afirma la CPT.

¿Cuándo estas muertes provocarán respuestas claras y serias de parte de los órganos públicos?

De acuerdo con la Comisión, toda esta violencia se da en el momento en que la Reforma Agraria estaría desapareciendo de los programas de gobierno de los principales partidos políticos, que disputan la Presidencia de la República. La demarcación de tierras indígenas y quilombolas, de la misma manera, estaría paralizada. "Y los candidatos a la Presidencia viendo todo desde su lugar cómodo, sin ninguna respuesta clara a esas demandas en sus planes de gobierno”.

La CPT destaca que, de hecho, que el programa político de la actual presidenta, Dilma Rousseff, para la reelección no reserva ninguna línea a la Reforma Agraria. El programa de Aécio Neves, principal candidato de la oposición, pasa por la tangente, solamente citando la Reforma Agraria como necesaria para garantizar la seguridad alimentaria. El programa del PSB [Partido Socialista Brasilero], cuya candidata es la ex ministra del Medio Ambiente del Gobierno de Lula, Marina Silva –después de la muerte trágica del ex candidato Eduardo Campos, ocurrido la última semana– hizo dos o tres leves insinuaciones sobre la Reforma Agraria. "Queda más que patente que la reforma agraria no es hoy una prioridad para ninguno de los partidos con posibilidades de llegar a la Presidencia”.

Ironía del destino, según la visión de la Comisión: al mismo tiempo en que tres grandes figuras femeninas se destacan en la disputa a la Presidencia de la República, en una semana, tres mujeres luchadoras son asesinadas en conflictos por la tierra. La CPT espera también que se tomen medidas efectivas en el caso de esas muertes, y no sólo reducidas a grupos de trabajo que, hasta el momento, no probaron ser eficaces. "Que el Estado brasilero (Poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo) cree acciones efectivas para la disminución de la violencia en el campo. Que la investigación de los hechos sea eficiente, que el Poder Judicial no sea sirviente de otros poderes, que la legislación no se flexibilice y el Ejecutivo cree condiciones efectivas para mantener a la población en el campo”.

Traducción: Daniel Barrantes - moc.liamg@leinad.setnarrab

Fuente: Adital

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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