El patrimonio biocultural de México en riesgo: existe patrón sistemático de violación de derechos humanos
"El pasado 30 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una Audiencia sobre la Destrucción del Patrimonio Biocultural (PatBio) de México debido a la puesta en marcha de diversos megaproyectos, así como por la ausencia de legislación y política pública culturalmente adecuada para los pueblos indígenas y comunidades equiparables"
-El Estado mexicano debe promover una política verdadera de reconocimiento de los pueblos indígenas, campesinos y afromexicanos
-El principio del Estado pluricultural contenido en la Constitución es una utopía en México.
El pasado 30 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una Audiencia sobre la Destrucción del Patrimonio Biocultural (PatBio) de México debido a la puesta en marcha de diversos megaproyectos, así como por la ausencia de legislación y política pública culturalmente adecuada para los pueblos indígenas y comunidades equiparables. En dicha Audiencia el Estado mexicano no se pronunció sobre cuestiones trascendentales como son: (i) la falta de consulta previa de toda medida legislativa que afecte a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, (ii) las concesiones mineras y de agua otorgadas a particulares sin garantizar el derecho a la consulta previa, (iii) la ausencia de política pública que fomente la agricultura indígena y campesina y (iv) la falta de protección de los defensores ambientales y de derechos humanos. Asimismo y sorpresiva dada la evidencia disponible, afirmó que la utilización de organismos genéticamente modificados es segura.
El pasado 12 de agosto catorce organizaciones de la sociedad civil, lideradas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) y los pueblos maya, nahua de la Sierra Norte y la tribu Yaqui, solicitaron a la CIDH dicha audiencia a fin de exponer lo que se percibe como un patrón sistemático de violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos con el que pudiere estar actuando el Estado mexicano y cuyo efecto es la destrucción del PatBio del país.. En la audiencia comparecieron por parte de la sociedad civil representantes del CEMDA, la UCCS y Muuch Kambal A C., y por el Estado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Energía (SE), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM).
Leydi Pech, indígena maya de la organización Muuch Kambal, refirió la defensa que ese pueblo hace de sus abejas y su territorio ancestral en contra de los daños y expansión de la agricultura industrial y transgénica en la Península de Yucatán. Por su parte la Dra. Mariana Benítez, de la UCCS, enfatizó la importancia del PatBio de México, donde el maíz y la miel son piezas indispensables, así como que el Estado mexicano fomenta una agricultura sustentada en paradigmas científicamente superados (transgénicos).
Por su parte, Xavier Martínez Esponda, de CEMDA, resaltó el hecho de que el Estado sea completamente omiso sobre la falta de reconocimiento de los otros pueblos que no son indígenas y que requieren igual protección (campesinos, pescadores y comunidades afrodescendientes). No hubo respuesta del Estado sobre algunas de las concesiones mineras y de agua ya otorgadas, y que afectan a los pueblos y que no fueron consultados de manera previa. Finalmente Andrea Cerami, de CEMDA, afirmó que el ese patrón que se percibe de violación, genera importantes conflictos socioambientales y jurídicos, y que por desgracia, devienen en ataques e intimidaciones en contra de los defensores ambientales y comunitarios que protegen su territorio y su PatBio. En efecto, desde 2013 hasta abril de 2014, el CEMDA ha contabilizado un aumento de las agresiones a defensores ambientales: en menos de 16 meses se han registrado 82 casos, en 22 Estados de la República.
El Estado mexicano se limitó a decir que en efecto los pueblos indígenas viven marginados y que por ello, ahora trabajan para la implementación de consultas previas, afirmando haber realizado hasta el momento 108 consultas siendo que 15 millones de mexicanos pertenecen a algún grupo étnico; la constitución de una unidad especial de consulta en la SE para los proyectos de hidrocarburos; y tener en puerta una reforma en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
En resumidas cuentas, esto último evidencia por una parte el patrón sistemático con que actúa el Estado mexicano en contra de los derechos fundamentales de los pueblos originarios y comunidades equiparables, y por la otra, la destrucción que el patrón acarrea al PatBio. En otras palabras, quedó demostrado que el Estado pluricultural en México no existe porque las autoridades se han negado sistemáticamente a respetar y garantizar el derecho de los diversos pueblos de México a decidir sobre su PatBio y su desarrollo.
Por todo lo anterior, las organizaciones peticionarias solicitaron a la CIDH: 1) solicitar al Estado mexicano los mecanismos de consulta vigentes en casos de proyectos de supuesto interés público y los mecanismos para evaluar la sostenibilidad ambiental de los proyectos y su impacto sobre el PatBio, sobre todo en el contexto de la Reforma Energética, 2) realice una visita de investigación en México; 3) que se incluya incluya la información presentada en la audiencia en su informe sobre las industrias extractivas en la región; y 4) que recuerde al Estado mexicano sus obligaciones internacionales para con los derechos a la consulta previa, a la participación en toma de decisiones, de acceso a la información y de acceso a la justicia, a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.