México: Acción por los 12 años de la matanza de Acteal

22 de diciembre de 2009
Hemiciclo a Juárez, a partir de las 15 horas y hasta las 20 horas
Ciudad de México

Luego de una serie de acontecimientos violentos, que incluyeron ataques a lñas bases de apoyo zapatistas y comunidades afines, así como atentados a balazos en contra del obispo emérito de San Cristóbal de las Casas Samuel Ruiz García, miles de indígenas tuvieron que salir de sus comunidades asediadas por los grupos paramilitares, armados, financiados y organizados por el gobiernmo estatal, federal y el ejército mexicano. Desde los meses de agosto de 1997 y hasta finales de año, miles de familias dejaron sus casas y tierras, que fueron robadas, saqueadas y muchas de ellas quemadas. Se asentaron en parajes boscosos de Xoyep y Acteal entre otros, sin más techo que un trozo de plástico, sin paredes ni piso, en medio de la lluvia y el frío de los altos de Chiapas. Hay que destacar que muchas de estas familias no eran zapatistas ni combatientes, sino familias católicas de la organización civil "La Abejas" que buscaban solucionar la confrontación pacíficamente con oraciones.

El grupo paramilitar Máscara Roja, como tantos otros siempre negados por el gobierno pero muy presentes en la vida de las comunidades, fue organizado dentro de la estrategia de guerra irregular y contrainsurgente emprendida por el gobierno federal, en paralelo al fracasado proceso de negociación entre el EZLN y el gobierno que pese a haber firmado los primeros Acuerdos de San Andrés en febrero de 1996, siguió el acoso militar y paramilitar a los zapatistas, sus bases de apoyo y en general en contra de toda la población que no se plegaba a las organizaciones y caciques priistas.

Se sabe que los paramilitares fueron reclutados entre personas pobres y sin trabajo, que con alcohol, drogas, prostitución y armas, lograron imponer el terror entre su misma población. A su vez, entre los masacrados se encontraron hombres y mujeres, ancianos y niños que se negaron a oir las voces de alerta para escapar de la matanza, prefiriendo permanecer orando por la paz y en ayuno dentro de la improvisada ermita del campamento. Muchas de las víctimas murieron por la espalda, incluso los niños, y a las mujeres embarazadas les fue abierto el vientre a cuchillo o machetazo con el grito de los paramilitares "hay que matar la semilla".

La matanza empezó a las 10 de la mañana y duró por lo menos hasta las 2 de la tarde. A 200 metros del lugar había un destacamente de policía estatal que nunca intervino, pese a los disparos y gritos desgarradores. Los primeros reportes de los centros de derechos humanos gritando la alerta al gobierno federal fueron a las 12 del día, obteniendo por única respuesta el silencio y posteriormente la frase "todo está bajo control". Para horas la tarde, llegaron al lugar funcionarios del gobierno estatal, entre ellos el subsecretario de gobierno Uriel Jarquín, y toda la escena del crimen fue alterada, tratando de ocultar los cadáveres en una caverna y removiendo todos los objetos dentro de la ermita.

A los pocos días se celebraba una amarga navidad dando sepultura a los masacrados. Varios de los paramilitares involucrados en la matanza fueron detenidos en un vehículo en el que viajaban hacia la cabecera municipal, pasando justamente por el campamento de refugiados. Se sospecha que se trató de una nueva provocación de parte del gobierno, para provocar el linchamiento de los asesinos a manos del pueblo doliente. El vehículo fue rodeado por bases zapatistas y entregados a la policía estatal.

El gobierno federal, luego de una supuesta investigación que duró cerca de un año, aseguró que se trató de un efrentamiento intracomunitario y con tintes religiosos, todo lo cual resulta falso, dado que ninguna de las víctimas estaba armada ni pudo defenderse de la cruel matanza; todos eran tsotziles, por lo que no se trató de un problema étnico; y todos eran católicos, por lo que no se trató tampoco de un problema por creencias religiosas.

Hoy, 12 años después ninguno de los autores intelectuales de la matanza ha sido juzgado y prácticamente todos los detenidos en ese entonces gozan de libertad gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que justificó la fallas en el procedimiento judicial realizado por el propio gobierno. El gobierno del Estado los ha premiado con dinero, tierras y proyectos productivos con la promesa de que no regresen a su comunidad, pero algunos de ellos ya lo han hecho.

Ante la campaña de desinformación de intelectuales orgánicos encabezados por Héctor Aguilar Camín y medios de comunicación como Nexos y Milenio, encargados de re-escribir la historia su modo, se hace importante mantener la memoria y luchar por que se haga justicia a los mártires de Acteal, y a las muchas otras víctimas del terrorismo de Estado.

Fuente: Ce-Acatl