México: En defensa de territorio binni’zaa, juez ordena detener megaproyecto Eólica del Sur en Juchitán

Como una primera “victoria contundente” en la lucha por el respeto al territorio y a los derechos de los pueblos indígenas calificaron representantes de la comunidad indígena binni’zaa (zapoteca) de Juchitán, Oaxaca y organizaciones no gubernamentales (ongs) defensoras de derechos humanos, que el Séptimo Juez de Distrito de Salina Cruz, Isaías Corona Coronado, admitiera el amparo contra la construcción y operación del megaproyecto de Energía Eólica del Sur (EES) en su territorio y dictara una orden de suspensión de todas las autorizaciones, permisos, vistos buenos, aprobaciones, licencias y cambios del uso de suelo otorgados por autoridades federales y locales.

“En sintonía con la conmemoración del día de la resistencia indígena y popular en nuestro continente”, Bettina Cruz Velázquez, Raymundo Regalado Jimenez y Alejandro Regalado, en representación del pueblo indígena zapoteco juchiteco, el abogado, Ricardo Lagunes Gasca y representantes de ongs informaron que la demanda de amparo fue presentada por 166 mil indígenas binni’zaa en forma personal, independientemente de cualquier organización. Hicieron un llamado “a todos los paisanos zapotecos, estén en Juchitán o donde estén en el mundo a que se incorporen a este amparo en defensa del territorio”.

Indicaron que Juez Séptimo dictó la citada suspensión el 30 de septiembre, para proteger los derechos de los indígenas juchitecos que fueron violados por las autoridades federales, estatales y municipales al aprobar la construcción del parque de EES antes de realizar una consulta previa, libre e informada, como lo establecen la Constitución mexicana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y efectuar en cambio “una consulta amañada”.

Dicho parque ocuparía una superficie de más de 5 mil hectáreas de las tierras ejidales de la comunidad zapoteca de Juchitán -que abarcan 68 mil hectáreas-. El proyecto incluye la instalación de 132 aerogeneradores para producir 396 megawatts para abastecer a 18 socios de EES, entre los que están Oxxo, la Cervecería Cuauhtémoc y otras empresas, “es un proyecto de interés privado y para beneficio privado, ningún sector de la población se va a beneficiar”, aseveró Lagunes. Este proyecto inicialmente se construiría en la región ikoots, pero la resistencia del pueblo huave en defensa de su territorio lo impidió.

En la conferencia de prensa realizada en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Cruz Velázquez subrayó que la “consulta”, se llevó a cabo después de que ya se habían dado por parte de autoridades federales y locales permisos y autorizaciones de cambio de uso de suelo, lo que muestra la decisión del gobierno federal de despojar a los binni’zaa de su territorio para beneficio de empresas extranjeras. Además, ella y Alejandro Regalado denunciaron que se han incrementado las amenazas, agresiones y hostigamiento contra quienes interpusieron el amparo.

Explicó Cruz que además durante la “consulta” se demandó al Comité Técnico la realización de un estudio de los impactos ambientales acumulados por 21 parques eólicos que ya están operando en la región del Istmo de Tehuantepec en una superficie de más de 30 mil hectáreas – “y está por abrirse una segunda convocatoria”, apuntó - porque “tenemos que ver qué límites tiene la naturaleza” y dar espacio para el crecimiento de las ciudades en la región “pero el gobierno hizo caso omiso” a esa petición.

Alejandro Regalado explicó que incluso ya con las lluvias ha empezado a haber contaminación del agua en la zona lagunaria y marítima por efecto del aceite de los aerogeneradores -son 400 litros por cada torre- que se drena a las playas. El año pasado ya hubo mortandad de peces y camarones y “ahora está habiendo problemas”, remarcó.

Por su parte Fernando Córdova, integrante del Grupo Asesor para la Consulta Indígena en Juchitán, conformado por especialistas de la UNAM, UAM, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de Posgraduados y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, leyó parte de las conclusiones del estudio que realizaron, en el que mencionan que detectaron “una serie de inconsistencias en la autorización de impacto ambiental”, como la existencia de un “conflicto de interés en su autorización y elaboración”.

Ello, detallaron, “debido a que el Socio Fundador de la empresa que elaboró la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es actualmente el Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, Rodolfo Lacy Tamayo. Apuntó Córdova que esa empresa es la que hizo también la MIA del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

En el estudio citado se afirma que el grupo asesor “no contó con la disposición de la Secretaría de Energía para la entrega de la información que solicitamos reiteradamente para la realización de una evaluación científica en los aspectos social y ambiental con el detalle necesario”.

“Nuestros análisis muestran que existe falsedad de información y que el promovente pretende talar el 100 por ciento de la superficie selvática sin proponer ninguna medida de compensación. La omisión deliberada de información presentada por la empresa hace imposible que exista una evaluación real del impacto acumulativo de las plantas eólicas a nivel regional. Se menosprecia la importancia biológica de esta zona, que es un sitio fundamental para el Corredor Biológico Mesoamericano”, añade.

Asimismo, subraya que “los muestreos de fauna son insuficientes y tienden a subestimar los impactos reales del proyecto. De acuerdo con la MIA, de los 147 impactos que se generarán, el 82 por ciento corresponde a impactos negativos, mientras que únicamente el 18 por ciento de reconoce como positivo”… “Concluimos que la autorización de la SEMARNAT para el proyecto Eólica del Sur es inaceptable debido a su magnitud y a los impactos ambientales y sociales que generará a mediano y largo plazo” (escuchar audio: aquí)

En la rueda de prensa participaron también representantes del Centro de Derechos Humanos Tepeyac , de la organización JASS Asociadas por lo Justo, Fundar y del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Fuente: Desinformémonos