México: Ostula, la lucha que no termina

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País México

La liberación de Cemeí Verdía Zepeda, comandante de la policía comunitaria de Santa María Ostula y líder de las autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, “no detiene la lucha” pues, advierte Agustín Vera Ramírez, vocero de esta comunidad del litoral michoacano, “las demandas no han sido cumplidas” y por lo tanto “la comunidad continúa organizada”.

El pasado 24 de diciembre, luego de permanecer cinco meses en prisión, Verdía fue puesto en libertad por falta de pruebas que acreditaran el delito de homicidio del que falsamente se le acusó. Su detención el 29 de julio de 2015 fue motivo de lucha y movilización de los poblados de la costa y sierra de Michoacán. Ese día, los nahuas realizaron un plantón para obstaculizar el paso de los militares, quienes dispararon a la población en un operativo que dejó como saldo la muerte de un niño de 12 años y una niña de seis años herida, al igual que cuatro adultos.

Luego de cinco meses de movilizaciones y presión política, el líder de las guardias comunitarias de Ostula fue liberado, pero “no por eso bajamos la guardia, pues seguimos siendo responsables de la seguridad de la zona”, señala Vera Ramírez en entrevista con Ojarasca.

El vocero de la comunidad que reivindica su territorio y sus formas ancestrales de protegerse, reconoce que se tomaron acuerdos con el gobierno estatal, pues, dice, “nuestra lucha no es contra el gobierno, sino contra la delincuencia. Nosotros sólo demandamos nuestro derecho a que sea nuestra misma gente la que se haga cargo de la seguridad, pues cuando estuvo en manos de las autoridades el crimen organizado invadió la región”.

Con la implantación de sus guardias o policías comunitarias, asegura Vera, “se lograron disminuir los secuestros, asaltos, extorsiones y asesinatos hasta en un 98 por ciento”, pues la comunidad organizada enfrentó a Los caballeros templarioshasta lograr desactivarlos casi por completo. Y en esas estaban cuando vino la detención de Verdía y la lucha se concentró en las movilizaciones por su libertad.

A la demanda estatal de que sus guardias se adhieran a la regulación institucional, el vocero advierte que “no necesitamos que nadie nos regule, pues lo hacemos mediante nuestras asambleas y nuestros usos y costumbres, y eso no va a cambiar, al menos en Ostula”, donde hay 180 guardias comunitarios nombrados en asamblea, mismos que este primero de enero fueron renovados.

“Nosotros seguimos organizados porque el crimen organizado quiere regresar a la región y el problema de seguridad es latente. Por eso no bajamos la guardia, pero ahora, además de la seguridad, también tomaremos en nuestras manos el desarrollo, es decir, los proyectos productivos”, los que, por cierto, quedaron a cargo de Cemeí Verdía.

Santa María Ostula se encuentra en el litoral del Pacífico michoacano, una región rica en recursos naturales y estratégica para el tráfico de drogas. Proyectos carreteros, minas, planes turísticos y trasiego de enervantes se han querido imponer sobre estas tierras nahuas, por lo que en julio de 2009 la población retomó más de mil hectáreas de territorio invadido y reivindicó a sus guardias comunitarias, en un levantamiento que puede considerarse como el antecedente del movimiento de autodefensas que después se conformaría en todo el estado de Michoacán.

En estos seis años la defensa del territorio le ha costado la vida a 34 comuneros, mientras que cinco están desaparecidos, además del encarcelamiento del comandante Verdía, quien ahora retorna a su pueblo para, asegura el vocero del movimiento, continuar al frente de la policía comunitaria de Ostula y de las autodefensas de la región, además de la gestoría de los proyectos.

Con el convenio establecido con el gobierno estatal luego de la liberación de Cemeí “bajó la presión militar para la comunidad, pero no se han cumplido las demandas”, explica el entrevistado, por lo que continúan exigiendo la aprehensión de los jefes del cartel templario y la desarticulación de la estructura política y económica de este grupo delincuencial; el respeto de la policía comunitaria y garantías para sus integrantes; la presentación con vida de los cinco pobladores desaparecidos, y el castigo para los autores intelectuales de los 35 comuneros asesinados; además de justicia para el niño Hidilberto Reyes García, asesinado por balas militares.

“No tenemos confianza en el gobierno, por eso continuamos organizados”, reitera el comunero de Ostula, quien insiste también en que “la lucha social en defensa del territorio no ha terminado”.

Fuente: Ojarasca

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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