México: “seguimos firmes” contra el proyecto turístico, ejidatarios de Bachajón

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País México

Despojados de parte de su territorio por el gobierno chiapaneco y con uno de sus miembros más respetados asesinado impunemente un mes atrás, ejidatarios de San Sebastián Bachajón señalan que seguirán adelante en la defensa de sus tierras ante el proyecto turístico contemplado en las Cascadas de Agua Azul.

La lucha, sin embargo, les ha salido cara. Al ejidatario tzeltal Juan Vázquez Guzmán “el gobierno lo mandó matar”, acusa Ricardo Lagunes, representante legal del ejido de San Sebastián Bachajón, ubicado en el municipio de Chilón. Lagunes advierte que el despojo de tierras hecho contra el ejido “es el comienzo, pues no son sólo son 2 mil 590 metros cuadrados los que el gobierno quiere, sino el principio del saqueo que viene más adelante”.

Lagunes y los ejidatarios tzeltales Mariano Moreno Guzmán y Domingo Pérez Álvaro, expresaron que los habitantes de Bachajón están indignados por la violenta represión del gobierno y por sus esfuerzos incesantes para despojarlos de sus tierras.

El territorio asediado alberga al popular (y lucrativo) destino turístico de las Cascadas de Agua Azul, y es testigo de una larga historia de sangre derramada e intervención “legal” de las autoridades -con la intención de prohibir a los tzeltales ejercer su derecho a la autodeterminación para abrir el territorio al desarrollo privado. La más reciente ronda de violencia y golpes judiciales comenzó en abril de 2013, y llegó hasta el asesinato con seis balazos en el pecho –la noche del 23 de abril- de Juan Vázquez Guzmán, autoridad ejidal apasionada, hombre respetado por su comunidad y defensor de los derechos indígenas.

“Es un dolor que lo mataron cobardemente, es malo que no dan la cara”, expresa Pérez. Vázquez Guzmán trabajó sin descanso por la organización de su comunidad y de movimientos sociales en todo México. Adherente a La Otra Campaña (La Sexta), Guzmán fue nombrado secretario general de los tres centros del ejido en 2010. En 2011 fue detenido sin orden legal por policías judiciales y estatales, que argumentaron que era líder de la resistencia al proyecto, en referencia a la oposición de los habitantes de Bachajón a la privatización del área para expandir el turismo en torno a las cascadas.

Más de un mes después de su asesinato, no hay indicios de que haya en marcha una investigación efectiva para encontrar a los responsables. Los ejidatarios culpan al gobierno de cometer un asesinato político, debido a la participación activa de Guzmán: “El responsable, lo dijimos desde el principio, es el gobierno que lo mandó matar”, acusa Lagunes.

Desde 2007, los ejidatarios han sufrido diversos niveles de violencia y represión por parte de las autoridades o por organizaciones paramilitares priístas, usados como medio para fracturar la comunidad y su resistencia. En 2009, ocho ejidatarios y adherentes a La Otra Campaña fueron detenidos por la policía estatal y federal. Ese mismo año, Ricardo Lagunes fue detenido y golpeado en un retén paramilitar de priistas cuando salió de una reunión en Bachajón. En 2011, 117 ejidatarios fueron detenidos arbitrariamente por la policía cuando trataron de desalojarlos de su caseta de cobro en la entrada de la zona de Agua Azul. Diez, incluyendo a Pérez Álvaro, quedaron como presos políticos durante un período prolongado de tiempo.

La violencia y la represión se unen a las decisiones legales y judiciales que niegan los derechos de los ejidatarios. La detención de 2011 y el desalojo de los ejidatarios permitieron a las autoridades asumir el control de las tierras de propiedad colectiva, en las que quieren construir un destino turístico que rivalice con sitios como Cancún.

Como una forma de demostrar legalmente quién tiene los derechos sobre la tierra, los ejidatarios de Bachajón presentaron el amparo 274/2011 contra el despojo. Mariano Moreno Guzmán, uno de los fundadores del ejido, fue asignado para presentar el recurso de amparo, que fue rechazado el 30 de enero 2013 por el Juez Séptimo de Distrito en Tuxtla Gutiérrez, José del Carmen Constantino. Sin embargo, el 16 de mayo, el Tercer Tribunal Colegiado de Tuxtla echó abajo la orden del Séptimo por ser ilegal y ordenó la reposición del procedimiento.

Los ejidatarios no están convencidos de que el Estado actúe en su favor. Señalan al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y al alcalde de Chilón, Leonardo Guirao Aguilar, como los responsables del despojo para beneficiar a trasnacionales. “No nos dejan pasar a nuestra tierra, dicen que les pertenece todo, pero nosotros tenemos el plano que demuestra que es nuestra tierra. Tenemos que luchar y recuperarla”, exclamó el ejidatario Moreno Guzmán.

Los tzeltales de Bachajón han sufrido la represión persistente de las autoridades judiciales -que en teoría deben defenderlos-, pero ellos insisten en que permanecerán firmes en la lucha por justicia. “Aunque mataron a nuestro compañero, eso no quiere decir que estamos impedidos para caminar, vamos a estar adelante y firmes”, precisó Pérez.

Distintas organizaciones sociales mexicanas e internacionales (como el Movimiento por Justicia del Barrio, el Grupo de Solidaridad con Chiapas de Dorset, el Comité de la Palabra Verdadera de Calcuta y el Comité de la Palabra Verdadera de Alisal) anunciaron la convocatoria a la “Semana de Acción Mundial: ¡Juan Vázquez Guzmán Vive, la lucha de Bachajón Sigue!” Esta acción mundial se desarrollará del 25 de junio (fecha de cumpleaños de Vázquez Guzmán) al 2 de julio de 2013.

Fuente: Desinformémonos

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos, Extractivismo

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