Panamá: Derechos territoriales de los pueblos indígenas o la “seguridad jurídica” para empresarios corruptos
La construcción de la controvertida represa hidroeléctrica de Barro Blanco en el río Tabasará, territorio del pueblo Ngöbe-Buglé, en Panamá, pone en manifiesto el conflicto existente a lo largo y ancho del continente americano, entre un supuesto “desarrollo” promovido por empresarios y organismos financieros versus los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales.
El proyecto de Barro Blanco se remonta a la administración de Martín Torrijos, que haciendo eco al Proyecto Mesoamérica (ex Plan Puebla Panamá) procedió a conceder licencias ambientales sobre la mayoría de los ríos caudalosos de ese país. Sólo para el distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí, se contabilizan 18 proyectos hidroeléctricos , de los 63 considerados para la provincia, de los cuales 17 se encuentran en construcción.
Al igual que el resto de Centroamérica, los pueblos indígenas de Panamá sufren de una masiva instalación de hidroeléctricas en sus territorios, la mayoría de ellas sin contar con los procesos de Consulta- Consentimiento Previa, Libre e Informada, como es mandato del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Al mismo tiempo que se desconocen los futuros efectos del cambio climático en relación a las precipitaciones pluviales en el istmo (ver aquí).
La construcción de la represa de Barro Blanco se llevó casi a conclusión durante la administración de Ricardo Martinelli, siendo la oposición del pueblo Ngöbe-Buglé a Barro Blanco tomada como una de las banderas electorales de Juan Carlos Varela, el que ya en la presidencia no ha tenido recato alguno para tomar partido por los interés de la Empresa GENISA, del controvertido empresario Hondureño Luis Kafie Larach.
Las alteraciones efectuados por GENISA en el aumento de la caída bruta del proyecto de 36.6 a 43 metros de altura y el incremento de la capacidad instalada del proyecto de 19.06 megawatts a 28.84 megawatts, cambiando la altura de la cortina de 42 metros a 61,09, desestimó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que fue presentado a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) en el año 2008.
Entre las consecuencias más graves que acarreará la represa es la desaparición de los petroglifos sagrados ubicados en el río, reverenciados por el culto Mama Tata; religión surgida del sincretismo entre cristianismo y el animismo practicado por el pueblo Ngöbe-Buglé.
GENISA efectuó una consulta en febrero de 2008 (ver aquí), en Tole, comunidad no indígena al este de Chiriquí, sin notificar a las comunidades indígenas que serían afectadas por el proyecto. La violación al derecho a la consulta fue señalada por un estudio realizado por el Mecanismo de Quejas del FMO-DEG, entes financieros que proporcionaron cada uno us$ 25 millones para la construcción de Barro Blanco.
El estudio del Mecanismo de Quejas del FMO-DEG indicó que: “A pesar de las obligaciones nacionales e internacionales respecto a los derechos humanos, ni el gobierno panameño, ni GENISA, ni los bancos obtuvieron el consentimiento previo, libre e informado (CPLI) de los Ngöbe Buglé antes de aprobar el proyecto”. El informe presentado el 28 de mayo del presente año, señaló además que los prestamistas no cumplieron con sus políticas internas al momento de la aprobación del proyecto
El pasado mes de febrero, ANAM suspendió la construcción de Barro Blanco por incumplimiento del EIA (ver aquí). Sin embargo la elite de poder panameña asociada con GENISA iniciaron una ofensiva política a favor de la supuesta seguridad jurídica y los riesgos para la atracción de la inversión extranjera que se incurriría al reconocer el fiasco cometido tanto por la administración Torrijos como la de Martinelli.
El caso de Barro Blanco se viene repitiendo en todo el istmo, donde existe más de medio millar de proyectos hidroeléctricos que están en construcción o a punto de iniciarse. La gran mayoría de ellos cuentan con el aval de Mecanismo de Desarrollo Limpio de Naciones Unidas y casi en su totalidad han pisoteado el derecho a la Consulta- Consentimiento Previo Libre e Informado, (CPLI), dando prioridad a un concepto de desarrollo desfasado que colinda con el neocolonialismo.
Mientras en Panamá el pueblo Ngöbe-Buglé lucha de forma denodada por salvar el rio Tabasará, la comunidad de Kiadba y sus petroglifos sagrados; en Honduras el propietario de GENISA, Luis Kafie Larach, es acusado de formar parte de una banda de empresarios y políticos delincuentes que saquearon alrededor de us$ 350 millones del seguro social, situación que conllevó a la supuesta muerte de 2888 víctimas.
El gobierno de Varela parecer que olvidó la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de diciembre de 2014, en relación a la destrucción causada por la represa hidroeléctrica del Bayano, la que afectó a los pueblos Guna de Madugandí y Embera de Bayano (ver aquí). El Tribunal declaró la responsabilidad internacional del Estado por haber violado los derechos a las garantía judiciales y protección judicial de las comunidades indígenas.
La lucha del pueblo Ngöbe-Buglé es similar a la que muchos pueblos del continente libramos. Confrontamos una ofensiva territorial en nombre del supuesto “desarrollo” promovido por la elite político empresarial, que en este caso posee una visión obsoleta de la incidencia del cambio climático en la generación de energía hidroeléctrica.
Fuente: ALAI