Panamá: por la moratoria petrolera
Las empresas transnacionales seguirán yendo detrás del petróleo, mientras sea un recurso energético en cuya producción no se consideran ni los costos como materia prima (energía y tiempo), ni las externalidades ambientales y sociales que su extracción genera, sin importar ni los costos locales ni los globales, ni los impactos actuales ni los futuros.
Recientemente el Gobierno panameño publicó la Política Nacional de Hidrocarburos y Energías Alternas para el periodo 2005-2020, la cual será parte integral de la Política Energética Nacional, en medio de una crisis internacional derivada de los altos precios del crudo.
Establece el documento, que “no se han realizado suficientes exploraciones y por el alto precio del crudo podrían volverse interesantes reservas que en el pasado no captaron la atención de los inversionistas”. Agrega que “se está realizando un análisis de la modificación de la Ley No. 8 de 1987 a fin de crear una normativa moderna y que permita la promoción efectiva de actividades de exploración y explotación de petróleo y/o gas dentro del territorio nacional. Ya se han identificado dos compañías internacionales fuertemente interesadas”.
La experiencia internacional, en zonas de Colombia, Ecuador, Brasil y otras, revela que esas actividades generan más daños que beneficios: Áreas naturales afectadas, violaciones de derechos individuales y colectivos, siendo los pueblos campesinos e indígenas los más afectados, al otorgarle los Gobiernos amplios privilegios a las transnacionales, adaptándoles regímenes políticos y tributarios favorables a sus proyectos y amplia libertad de acción en el ámbito administrativo, afectando negativamente en los aspectos económico, político, social y cultural.
El Gobierno panameño está tomando medidas para reactivar la actividad petrolera nacional, al favorecer ampliamente la inversión extranjera transnacional. Los hidrocarburos de por sí son elementos contaminantes y causantes de los mayores niveles de devastación de la biodiversidad y el cambio climático, desde la exploración y sobre todo en la fase de explotación. Es incongruente la Política Energética Nacional, al establecer la promoción de la exploración y explotación petrolera en nuestro país y por el otro lado, correlacionar el tema con el cumplimiento de los parámetros del Protocolo de Kyoto, pues éste señala la reducción de emisiones de gases de invernadero.
Las empresas transnacionales petroleras con sus actividades de exploración y explotación, son las principales beneficiarias del actual modelo de desarrollo, basado en la explotación y consumo de combustibles fósiles, y las principales responsables del cambio climático y de la pérdida de comunidades y ecosistemas.
El Gobierno panameño dice estar interesado, según el documento de Política Energética Nacional, en fomentar el uso de energía alterna de recursos renovables o energía limpia. Sin embargo, al analizar los planes que presentan, este sueño está lejos de hacerse realidad. Observamos que no existe un interés político para cambiar a formas más limpias de generación de energía, pues está fomentando la exploración y explotación petrolera, poniendo en riesgo áreas protegidas, zonas de amortiguamiento, los bosques y el agua. Esto evidentemente se enfrenta con las normas constitucionales sobre el Régimen Ecológico, con la Ley General de Ambiente y la Ley de Delitos contra el Ambiente.
Las empresas transnacionales seguirán yendo detrás del petróleo, mientras sea un recurso energético en cuya producción no se consideran ni los costos como materia prima (energía y tiempo), ni las externalidades ambientales y sociales que su extracción genera, sin importar ni los costos locales ni los globales, ni los impactos actuales ni los futuros.
Lo recomendable es declarar una moratoria a estas actividades en nuestro país. La moratoria es una decisión que frena la ampliación de la frontera petrolera e impide la continuidad de la exploración de combustibles fósiles, evitando con ello, impactos ambientales, sociales y económicos negativos para nuestro planeta. Es concebida como un paso de transición hacia la utilización de energías limpias, renovables y de bajo impacto sobre los ecosistemas locales y el clima global, reconociendo el derecho que cada Estado tiene sobre sus recursos naturales y en observancia al Principio de Precaución, contenido en los Tratados y Convenios Internacionales, como el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención Marco de Cambio Climático, la Declaración de la Cumbre de la Tierra y el Protocolo de Kyoto.
Susana A. Serracín Lezcano
Presidenta de Ecored Internacional y miembro de Oilwatch Mesoamérica