Paraguay: Comunidades en pie de lucha para proteger sus territorios
Concejales municipales analizan acciones para garantizar la vigencia de Ordenanzas y Resoluciones municipales que protegen los territorios contra el avance del agronegocio.
Concejales municipales de nueve distritos se reunieron hoy en la capital del país para analizar acciones en torno al intento del Servicio Nacional de Calidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) de declarar inconstitucionales las ordenanzas y resoluciones municipales que limitan el avance del agronegocio en algunos distritos del país (ver aquí).
Según señalaron las autoridades locales la ciudadanía saldrá a defender estas resoluciones ya que son las únicas herramientas con las que cuentan para proteger el medioambiente, la salud y el modelo de agricultura familiar campesina ante el avance arrollador del modelo de agronegocios que no respeta las normativas vigentes y que deja graves secuelas socioambientales en las comunidades.
Durante la jornada que fue coordinada por BASE-IS, los concejales, pertenecientes a organizaciones campesinas y sociales, relataron las situaciones que atraviesan en cada distrito respecto al conflicto entre el modelo de producción agroexportador y la agricultura familiar campesina. Según denuncian, los distintos entes públicos encargados de proteger a la población no cumplen con su función y más bien trabajan en beneficio de los grandes ganaderos y sojeros, por ello los pequeños productores y las organizaciones campesinas recurren a autoridades locales que estén comprometidas con el desarrollo armónico de los municipios y con el modelo de agricultura campesina para proteger sus comunidades.
SENAVE al servicio de los sojeros
Los ediles coincidieron en señalar que las normativas municipales que limitan el avance de los agronegocios, particularmente el uso de transgénicos y agrotóxicos, son producto de las luchas de las comunidades que se sienten atacadas y que resisten en sus territorios produciendo alimentos de forma saludable y sustentable.
El SENAVE mediante su resolución 282/18 resolvió realizar una acción de incostitucionalidad contra las ordenanzas municipales de defensa territorial vigentes en los distritos de Capi´ibary, Loreto y Villa Oliva, dejando abierta la posibilidad de accionar también contra otras resoluciones municipales similares vigentes en diferentes distritos del país. Al respecto, los concejales denunciaron que esta acción de incostitucionalidad “solo busca favorecer a los grandes sojeros, a los que envenenan y destruyen la agricultura campesina, sin importarle lo que pase con nuestro pueblo”.
Las Ordenanzas y Resoluciones municipales son herramientas para defender el territorio
Alberto Velázquez, del distrito de Capi´ibary, Departamento de San Pedro, relató que la ordenanza vigente en el municipio es producto de una iniciativa popular, “con esa ordenanza en la mano los pobladores salimos a defender nuestro territorio ante el avance de los sojeros, a exigir el respeto a las normas ambientales y a frenar las fumigaciones con agrotóxicos, fuimos perseguidos y reprimidos por buscar que se respete esta ordenanza” señaló el concejal y dirigente de la Organización de Lucha por la Tierra.
Velázquez aseguró que la población está preparada para defender la vigencia de la resolución municipal que limita el cultivo de soja en las comunidades de Capi´ibary. “Esa herramienta es lo único que nos queda ante la inacción de las demás instituciones y el atropello permanente que sufre el campesinado por parte de los grandes productores de soja” añadió el dirigente.
Por su parte el abogado e investigador Abel Areco, indicó que la acción de inconstitucionalidad que pretende promover el SENAVE no tiene sustento ya que los municipios tienen potestad de determinar normativas que protejan el ambiente y la salud de la población así como de ordenar su territorio de acuerdo a las necesidades de la población local. Agregó que el SENAVE ha demostrado que no tiene capacidad o voluntad para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y de protección a la agricultura campesina por lo que los municipios mediante sus resoluciones y ordenanzas tienen derecho y obligación de actuar para proteger a la población.
Acciones:
Como cierre de la jornada, los presentes analizaron acciones a llevarse adelante en las próximas semanas a fin de defender la autonomía de los municipios y la vigencia de las ordenanzas y resoluciones que ponen freno al agronegocio en diferentes distritos del país.
Cabe señalar que en la actualidad son al menos nueve los municipios donde ya existen normativas de este tipo y al menos otros tres donde se debaten iniciativas similares. Las normativas municipales que limitan el uso de transgénicos y agrotóxicos, así como aquellas que promueven la agricultura agroecológica han sido producto de la lucha campesina y son una forma más de resistencia ante el avance del modelo de agronegocios que ocupa cerca del 94% de las tierras cultivables del país.