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Autor BASE Investigaciones Sociales Idioma Español Pais Paraguay Publicado 8 noviembre 2017 09:07

Paraguay: Dura confrontación en el campo entre el modelo sojero y la agricultura familiar campesina

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Unos cincuenta policías, con sus escudos y armas, llegaron temprano a la comunidad de Torales San Roque, distrito de Loreto, en el Departamento de Concepción.

Estaban allí para acompañar el cultivo de soja que pretenden realizar los propietarios de unas cien hectáreas de tierra en el lugar, los vecinos se oponen tenazmente, sin embargo la siembra inicia debido a la violencia de las amenazas ejercidas por policías y civiles armados al servicio de los sojeros. Los pobladores organizados aseguran que lucharán para que se respete la normativa vigente que prohíbe el cultivo de soja transgénica y el uso de agrotóxicos en Loreto.

A comienzos de 2017 el pleno de la Junta Municipal de Loreto había resuelto, por unanimidad, aprobar una Ordenanza donde se dispone el apoyo y promoción de la agricultura familiar y la prohibición del uso de semillas transgénicas y de fumigaciones con agrotóxicos, con esta disposición como herramienta los vecinos de Torales San Roque están dispuestos a defender su territorio. El lugar donde pretenden cultivar la soja y fumigar no cuenta con barreras de protección y linda con un centro comunitario, un oratorio y con las chacras de varios pobladores, por lo que toda la comunidad se verá gravemente afectada de concretarse la plantación y fumigación de soja.

Desde inicios de la zafra sojera 2017/2018 son varias las poblaciones que se levantan para tratar de evitar que el modelo de agronegocio se siga extendiendo en el territorio rural dejando a su paso contaminación, cientos de campesinos expulsados y la pérdida de la producción campesina. Por su parte los sojeros cuentan con el apoyo de las instancias del Poder Ejecutivo Nacional, la Policía y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) que han sido siempre bastones de apoyo para el avasallamiento del territorio campesino por parte del agronegocio.

A pesar de la desigual batalla entre ambos modelos cada vez más comunidades asumen la defensa de la Agricultura Familiar, pobladores y pobladoras organizados han logrado que al menos en tres nuevos municipios se aprueben ordenanzas que protegen la agricultura campesina y la agroecología buscando frenar el avance del modelo sojero. Estos municipios se suman a otros cinco, que fueron recogidos en el estudio Defensa Territorial, del investigador y abogado Abel Areco, que fuera publicado por Base Is.

Para el Ingeniero en Agroecología y Secretario de Agricultura de la Municipalidad de Yby Ya’u, Adriano Muñoz, las ordenanzas municipales que protegen y promueven la agricultura campesina y la agroecología pueden ser fundamentales en la medida que la población esté organizada para defender su territorio. Justamente Yby Ya’u es uno de los municipios donde con impulso de las organizaciones campesinas se ha logrado la aprobación de una Ordenanza Municipal que apoya el modelo productivo agroecológico y busca frenar el avance del agro-negocio.

Adriano comenta que tras la aprobación de la ordenanza en la segunda mitad de 2016, se ha brindado un mayor acompañamiento a las organizaciones de pequeños productores y se estaá realizando un fuerte trabajo para enfrentar la crisis por la que atraviesa la agricultura campesina que desde su óptica fue generada por el abandono del gobierno a los agricultores, es decir a aquellos que viven, producen y cuidan de la tierra donde se desenvuelven.

También en el centro del país, territorio donde la sojización avanza a pasos firmes, la comunidad de José Fassardi, del Departamento del Guairá, conquistó la aprobación de una Ordenanza de protección a la Agricultura Familiar Campesina. La aprobación de esta legislación se dio durante el año 2016, tras varios años de lucha de la población campesina y de organizaciones de pequeños productores, quienes preocupados por la instalación de cultivos extensivos de soja en los alrededores de la comunidad apostaron por organizarse y reclamar a las autoridades que pongan un freno a un modelo que amenaza el equilibrio medioambiental, la salud y la producción de los vecinos y vecinas del lugar.

El concejal Melanio Giménez, uno de los impulsores de la medida, comenta que aún queda mucho por hacer para frenar el arrollador paso del agronegocio por una zona caracterizada por su riqueza natural, señala que será fundamental que las comunidades continúen luchando y presionando a las autoridades para que se respeten las legislaciones que protegen la agricultura campesina y a los pequeños productores, ya que éstos son la fuente de alimento saludable para todo el país. “La crisis de la agricultura familiar es grave y se necesita del compromiso de las instituciones y de la organización popular para lograr superar esta situación” concluye el concejal, al hacer una valoración respecto a la realidad que viven en su comunidad.

Basados en la organización y la participación popular en sus comunidades las familias campesinas buscan poner coto a la extensión del agronegocio que hoy ocupa cerca del 94% de las tierras productivas del país expulsando a los pequeños productores a los cinturones de pobreza de las urbes. Por su parte los impulsores del modelo agroexportador intentan imponerse mediante el uso de la violencia y la complicidad de las autoridades, extendiendo sus fauces hasta límites insospechados.

Fuente y foto: Base Investigaciones Sociales (BASE IS)

Temas: Agronegocio

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