Pastera contamina, reconoce gobierno argentino

El canciller Héctor Timerman difundió informes científicos que afirman que Botnia contamina, según la propia legislación uruguaya. Le da la razón así a los asambleístas que el gobierno nacional había querellado. Desde Gualeguaychú, anunciaron que no cortarán la ruta sino que marcharán este domingo hacia Fray Bentos.

Las aguas siguen bajando turbias.

Este lunes, cuando ya se conocía la presión firme de la empresa UPM y el tema se discutía, los Presidentes de Argentina y Uruguay coincidieron en un acto de inauguración de una nueva embarcación de Buquebús. En aquella oportunidad, la mandataria argentina, Cristina Fernández, había afirmado: "El río nos separa pero también nos une". Esta frase contiene una lógica ambiental que los gobiernos no aplican en su relación bilateral. Del mismo modo, el presidente uruguayo, Pepe Mujica, fue reconocido por su discurso crítico a la sociedad de consumo en la Asamblea de la ONU, pero hizo a un lado esta ideología para ceder ante el pedido de la corporación extranjera.

El conflicto por la instalación de las pasteras se remonta al menos al 2005, cuando comenzó a construirse la planta de Botnia. Desde noviembre de 2006, tuvo su mayor visibilidad cuando los asambleístas de Gualeguychú decidieron efectuar un corte ininterrumpido del puente internacional San Martín, que une a los dos países, que se prolongó durante más de tres años. En ese marco, el entonces Presidente Néstor Kirchner organizó un importante acto en el corsódromo de Gualeguaychú, en el que afirmó que "el ambiente es una política de Estado". La politización del conflicto hizo imposible una resolución bilateral, por lo que el asunto se judicializó en un foro internacional.

A partir de la sentencia de la corte de la Haya, en abril de 2010, se acordó la creación de un Comité Científico binacional para monitorear el río Uruguay y todos los establecimientos industriales y agrícolas que vuelcan desechos al río. A mitad de ese año, el gobierno nacional argentino cambió su postura frente a los asambleístas, y llegó a acusarlos de sedición. Un acto de criminalización de la protesta, más allá de las críticas que hemos hecho al corte de la ruta internacional como forma de solución del conflicto.

Más cerca en el tiempo, la pastera UPM ya en 2011 había pedido la autorización para aumentar su producción, amenazando a Uruguay que de no hacerlo tendría que parar la fábrica, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo que eso implicaría. Por otra parte, mientras esperaba la resolución, inauguró en 2012 un "mega-vivero" para la producción de alrededor de 20 millones de plantas de eucaliptus por año. Este fue otro factor de presión, en tanto se plantea la posibilidad de una tercera fábrica de celulosa. Pero el punto final de la estrategia fue acelerar el ritmo de producción para llegar al tope anual en agosto, por lo cual "obligó" al Presidente a aceptar las condiciones antes de cerrar la fábrica y la cadena de contratistas.

Finalmente, el presidente uruguayo Pepe Mujica autorizó ayer el pedido para aumentar la producción. A manera de justificación, lo hizo con la condición de que la empresa cumpla con una serie de requisitos para mejorar el medio ambiente, como una mejor refrigeración del agua y una baja en la cantidad de fósforo que se aplica al agua vertida al río. Sin embargo, para que la empresa pueda efectivamente aumentar la producción, es necesario que Argentina también lo autorice, según la sentencia de la Corte Internacional de La Haya en 2010.

Información científica.

Tal vez el punto más destacable de lo sucedido ayer fueron las declaraciones públicas del Canciller argentino, Héctor Timerman. Luego de afirmar que "la decisión unilateral del Uruguay" deja a nuestro país en la obligación jurídica de recurrir a La Haya, afirmó: "habiendo Uruguay roto el diálogo unilateralmente, la Argentina se encuentra liberada de la obligación de anunciar conjuntamente los informes científicos. Ahora, presentaremos algunos ejemplos de la contaminación que produce UPM en el Río Uruguay".

A continuación, el Canciller se refirió a las "Violaciones de UPM al medio ambiente del Río Uruguay". Entre los puntos destacados mencionó: las altas temperaturas del efluente, de 32 grados cuando el promedio del río es de 20. El alto contenido de fósforo en el efluente, pues UPM vuelca 0,9 miligramos por litro, mientras la legislación uruguaya autoriza un máximo de 0,025. Se observó presencia de pesticidas en el efluente y en los pluviales, incluyendo el endosulfan, prohibido por Mujica. Y la presencia de cromo y de fenoles en el efluente, que en ambos casos superan en 400 por ciento el máximo permitido.

Hasta ayer, los asambleístas denunciaban justamente que la información generada por el comité científico no eran divulgados, a pesar de que empezó a trabajar en 2010 y hasta la fecha efectuaron entre 16 y 20 inspecciones en tres años. Un tema de disputa paralelo consistía en que Argentina defiende en este caso la norma internacional sobre los usos y aprovechamiento del Río Uruguay. Por su parte, Uruguay se basa en normas nacionales, adaptadas a veces para beneficiar a la empresa, como el caso de la modificación de un decreto que permitió aumentar la temperatura de sus efluentes.

También existió una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, frente al pedido de información por parte de un periodista, en la que afirmaba que la divulgación de los análisis puede producir un daño irreparable en la relación bilateral entre ambos países. El ocultamiento de la información ambiental, por supuesto, podría llegar a causar mayores daños. Por ejemplo, a poblaciones cercanas al río que son las que verdaderamente están amenazadas por una posible contaminación.

Además, la CARU, Comisión Administradora del Río Uruguay, se financia con impuestos de los ciudadanos de ambos países, por lo que es información de interés público que debería ser tratada como tal. En relación a ello, la Defensoría del Pueblo de la Nación, en Argentina, había reclamado el derecho acceso a la información. También se propone modificar la CARU para que las comunidades afectadas participen o estén representadas en este organismo. Esto es uno de los pedidos de los asambleístas y no es imposible: sucede en el caso de la Cuenca Matanza Riachuelo.

Más pasteras

Otro dato importante es que en Uruguay también se está construyendo otra papelera sobre el Río de La Plata, llamada Montes del Plata. Está planta está en el departamento de Colonia y es manejada por un consorcio formado por la empresa chilena Arauco, que tiene inversiones en Misiones a través de la papelera Alto Paraná, y la empresa sueco-finlandesa Stora Enso que fue anteriormente dueña de Botnia. Según la página oficial el proyecto ya lleva avanzado un 92% pero por problemas con los contratistas de tecnología, la inauguración de la planta estimada para fines de septiembre se pospondrá hasta resolver estos conflictos.

Es importante tener en cuenta que Montes del Plata ya tiene el visto bueno del canciller argentino Héctor Timerman, quien sostiene que la nueva pastera no viola el tratado del Río de la Plata. Pero es necesario resaltar la diferencia entre ambos tratados. En el caso del Río Uruguay existe una Comisión Administradora (CARU) que debe pronunciarse sobre los efectos que una obra puede tener sobre la navegación del río y la calidad del agua.

Sin embargo en el caso del Río de la Plata el tratado sólo impone que la Comisión Administradora se pronuncie sobre el efecto que las obras pueden tener en las condiciones de navegabilidad, dejando a cada parte por separado el control de la calidad de las aguas. Si bien es verdad que este río tiene mucha mayor capacidad de dispersión de los contaminantes líquidos, esta planta podría contaminar aguas que ya reciben afluentes contaminados del Paraná y del Uruguay. A ellos se le suman los desechos del Reconquista y el Riachuelo y la planta de papel Fanapel, la pastera más importante de Uruguay.

En este debate, tampoco hay que olvidarse que Argentina tiene cerca de 15 plantas de celulosa, de las cuales al menos 7 son altamente contaminantes, que son las llamadas de cloro elemental o gaseoso. Las dos tecnologías para producir papel que se suponen menos contaminantes son las llamadas ECF, que es el caso de la propia UPM, sólo que en su caso el problema es la gran escala de la producción. También existe la tecnología totalmente libre de cloro, que en su momento promovía Greenpeace como política para la industria pastera.

Además de la contaminación del agua, no hay que olvidar los riesgos sobre el aire y el suelo, que fueron incluidos en otros estudios. En cualquier caso, algo imprescindible para que estas empresas produzcan papel es el monocultivo de árboles de eucaliptus, con las consecuencias sociales y ambientales negativas que esto supone. Entre ellas, se destacan la pérdida de biodiversidad autóctona, la degradación de la tierra, y la extensión de la frontera plantada que excluye a las poblaciones nativas.

Debate pendiente

"Nosotros somos una pata de la mesa, y no se nos puede serruchar. Hemos luchado muchos años. Los ciudadanos somos los que estamos firmando con nuestros nombres la querella contra Botnia", con estas palabras se expresó Oscar Vargas, asambleísta de Gualeguaychú. Como hemos observado en otras ocasiones, la movilización de todo un pueblo por una causa ambiental, de defensa del territorio y del paisaje, fue un hito para la historia del país. Los vecinos se encontraban en "asamblea permanente" desde el 28 de septiembre, y unas semanas antes habían señalado su preocupación por la falta de acceso a la información y la participación, señalando que solicitan sin éxito una reunión con Timerman desde hace ocho meses.

Ayer finalmente el Canciller Timerman, expresó que la decisión de Uruguay "afecta la soberanía ambiental de la República Argentina" y afirmó que no serán "doblegados por una empresa trasnacional". Por las redes sociales, asambleístas de distintos puntos del país se preguntaron por qué no se aplicaba el mismo criterio con otras corporaciones, como Barrick Gold, Chevron o Monsanto. En este caso, el "interés nacional" se mezcla con los negocios, tanto de uno y otro lado, pero siempre en perjuicio de una verdadera integración regional.

Así entonces, teniendo tantas cuestiones sin resolver, parece ser que antes de decidir si se aumenta o no la producción de papel, o si se construyen más plantas de celulosa, habría que dar respuestas concretas a los ciudadanos sobre las consecuencias que todo esto tiene para su propia salud y su entorno. Demandas que para el pueblo de Gualeguaychú llevan ya más de siete años. Aunque se escuchó decir que "nos están empujando a la ruta", por ahora este domingo habrá una caravana hacia Fray Bentos: la utopía es que los dos pueblos puedan dialogar sobre su futuro compartido.

INCORPORAMOS:
Son diez años de lucha, si se toma en cuenta la primera movilización conjunta entre argentinos y uruguayos, el 4 de octubre de 2003, que difundió la Declaración de Gualeguaychú, del 24 de septiembre de ese año. Allí se lee: "Manifestamos que el modelo de desarrollo que este tipo de emprendimientos propone, consolida la concentración de poder económico en pocas manos, simplifica gravemente el uso de la tierra, produce el desempleo como exclusión social, y atenta fuertemente contra la actividad turística en ambos países".

Informes: Mariana Dei Castelli y Natalia Aparicio.

Fuente: Comunicación Ambiental