Perú: Suspenden inicio de juicio oral contra ronderos y comunicador social César Estrada

Idioma Español
País Perú

El inicio del juicio oral contra los ronderos Víctor Huamán Lozano, Segundo Cueva Lozano y el comunicador indígena y también rondero César Estrada Chuquilin, programado para la mañana de hoy (5-1), se suspendió debido a la ausencia del representante del Ministerio Público en Celendín que ha solicitado para ellos penas de hasta 33 años de cárcel.

Esto por, supuestamente, haber cometido los delitos de hurto agravado y secuestro en agravio de la empresaria Rosalía Huamán Marchena, el 11 de diciembre del 2013, cuando ésta se encontraba trabajando para Yanacocha, empresa a cargo del megaproyecto minero Conga.

Aquel día, Huamán y otros empresarios fueron detenidos por las rondas campesinas cuando transitaban por jurisdicción rondera. Esto, explica la defensa de Estrada Chuquilín, en circunstancias en que estaba prohibido el paso debido a la convulsión social generada por el masivo rechazo al proyecto Conga.

Para hoy martes 5 de enero estaba previsto la presentación de alegatos de apertura en la sede de la Corte Superior de Cajamarca. Debido a la ausencia del representante del Ministerio Público, se estima que el inicio de la fase oral se prolongará varios meses.

Según se lee en una “ constancia de concurrencia” que se entregó a la autoridad pertinente, en la sede judicial se hicieron presentes la defensa legal de los ronderos, la empresaria Huamán Marchena, un testigo del Ministerio Público, Estrada Chuquilín y el rondero Víctor Huamán Lozano.

Según informó Estrada en diálogo con Servindi, hasta este momento, mediodía, el representante del Ministerio Público no ha justificado su inasistencia.

Este hecho alarga más el proceso que viene manteniendo en vilo tanto a los acusados como a sus familias. Ya a fines del año pasado se había dado la suspensión del inicio de la audiencia a pedido de la parte acusada. Ahora la dilación del proceso se da por la inasistencia de la otra parte.

Argumentos

La defensa de Estrada y los ronderos está a cargo del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), el mismo que lleva el caso Conga, abusos cometidos por la empresa a cargo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El IIDS ha solicitado la nulidad del proceso, el cual señala está lleno de vicios, los mismos que no han permitido garantizar una legítima defensa.

La defensa señala que en ningún caso se cometió secuestro ya que nunca hubo una intención de beneficiarse con la detención de los empresarios. Otro argumento a favor de los ronderos es que ellos pueden ejercer su derecho consuetudinario dentro de sus territorios por lo que su accionar estuvo plenamente justificado.

En ese mismo sentido tampoco hubo hurto agravado, ya que nunca se dio la apropiación de algún bien. Por el contrario, explica la defensa, siempre se mantuvo informado al Ministerio Público sobre lo actuado.

Cabe precisar que Estrada Chuquilín al igual que decenas de ronderos y la campesina Máxima Acuña son beneficiarios de una medida cautelar de la CIDH. Sin embargo, a la fecha es Estado peruano ha hecho poco o nada por cumplir con dicho dictado.

En numerosas ocasiones, Estrada ha sido violentado por personal al servicio de Yanacocha, incluido la propia Policía, cuando realizaba su labor periodística.

La denuncia que pesa contra él tendría como origen justamente la denuncias que hizo de los abusos cometidos por el fiscal Abilio Escobar Quispe, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, el 13 de febrero del 2014, en el marco de una diligencia en la que éste llegó acompañado de policías y la empresaria Rosalía Huamán.

Aquella vez Estrada fue agredido físicamente hasta quedar inconsciente, se le despojó de su cámara, laptop, celular y mochila.

Estrada compartiendo saberes con colegas de otras regiones en Lima, el año 2013. Foto: Vlad Dumitrescu

Respaldo

César Estrada lleva varios años dedicados a la labor periodística. Ha colaborado con medios radiales de su región y brinda despachos a medios alternativos de Lima. Es miembro de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (Redcip).

Actualmente, su labor se ha visto limitada debido a que no puede salir de Cajamarca por las acusaciones que pesan en su contra. No obstante, esto no evita que siga informando de lo que viene ocurriendo en la región a través de medios como las redes sociales.

Hoy en la mañana un grupo de amigos y familiares llegaron hasta la sede de la Corte Superior de Cajamarca para darle todo su respaldo.

“Gracias a los Dirigentes Sociales de diferentes organizaciones sociales, gracias a todos mis hermanas y hermanos que estubieron en solidaridad con mi persona, ello me da mucha mas fuerza para seguir batallando contra las injusticias que se dan en contra de todos ustedes hermanos”, escribió esta mañana en su cuenta personal de Facebook.

Fuente: Servindi

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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