Por la reforma agraria: Vía Campesina y FIAN estuvieron en Argentina

Esta misión se realizó con la organización y acompañamiento de organizaciones campesinas como el MOCASE, APENOC, Red Puna, UST, MTD "Anibal Verón".

El objetivo de la Campaña Global por la Reforma Agraria es lograr la implementación efectiva de los programas de Reforma Agraria en los diferentes países, una de las estrategias de la Campaña es la realización de Misiones de Investigación Internacional que permitan reflejar los problemas de implementación de políticas de reforma agraria en los países respectivos.

La misión de investigación que se realizó en Argentina tuvo como objetivo analizar a la luz de las obligaciones internacionales de Derechos Humanos la política agraria, agrícola y social del Gobierno Argentino, en especial las violaciones de los Derechos Humanos de las comunidades campesinas, indígenas y desocupados. En particular, la Misión abordó los siguientes temas: investigar la situación de conflictos agrarios que involucra a trabajadores y trabajadoras rurales e indígenas, así como analizar las políticas agrarias y agrícolas adoptadas por el Gobierno Argentino, investigar la situación de los trabajadores desocupados y los programas sociales del Gobierno, denunciar nacional e internacionalmente las violaciones de Derechos Humanos relacionadas con la situación agraria y elaborar un informe para ser entregado nuevamente a la Organización de Naciones Unidas.

En enero del 2003, FIAN (miembro de la Campaña Global) conjuntamente con el EED realizó una misión y elaboro un informe que fue presentado a la ONU. En ese informe se denuncio la situación de los conflictos agrarios, en especial en Santiago del Estero, además de la grave situación de hambre en Tucumán y la de los Desocupados en Buenos Aires. De esta situación denunciada en la presente Misión de Verificación hemos constatados que las recomendaciones presentadas en el informe no han sido implementadas y que la situación es mas grave aun.

La misión verifico la situación de los campesinos, indígenas y desocupados en parte de las provincias de Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, Jujuy y Salta. Como resultado de las verificaciones se puede señalar:

Misiones: En el Departamento de San Pedro, mas de 480 familias de varios grupos campesinos e indígenas, de diferentes parajes, están siendo expulsados de sus tierras, donde viven desde hace varios anos, por empresas madereras con la finalidad de continuar depredando los bosques y demás recursos naturales que por generaciones los campesinos e indígenas han cuidado.

Córdoba: Caso particular en esta Provincia es el de doña Ramona Bustamante, donde la Misión verifico la critica situación en que esta viviendo (en champa de plástico en medio del camino vecinal) luego de dos desalojos violentos por parte de la policía quien le ha destruido su vivienda y afectado el pozo donde se abastecía para el consumo humano y de sus animales. Este es apenas uno de los muchos casos que se presentan en la Provincia, ya que muchas familias de las comunidades de El Sur, El Duraznal, San Roque, San Antonio, Campo Alegre, presentaron denuncias sobre conflictos de tierras y agua. Los conflictos de tierra se dan porque los terratenientes está apropiándose de las tierras de los campesinos para ampliar su producción ganadera y de soja, estas acciones las realizan con el apoyo de autoridades civiles y militares, se presentan casos de penalización y criminalización a los hombres y mujeres del campo cuando defienden y reclaman sus derechos.

En las comunidades de Las Habras e Iglesia Vieja el problema radica en la injusta distribución del agua, ya que la infraestructura y la distribución favorecen a los pocos grandes productores en detrimento de la mayoría de la población que son pequeños productores. En el norte de la Provincia, en las comunidades de la Tosca y el Tuscal el problema es la falta de agua, tierra y soberanía alimentaria.

En esta provincia los problemas de tierra se originan por la inseguridad de la tenencia de la tierra ya que un amplio sector no tienen titulo de propiedad, sino que son poseedores desde hace varias generaciones. La valorización de las tierras como producto de la expansión de la ganadería y de la soja han profundizado los problemas de la tenencia de la tierra, ya que quienes tienen dinero están expulsando a los campesinos y en correspondencia el Estado favorece a los terratenientes.

Mendoza: En la localidad de San Francisco y Jocolí - Departamento de Lavalle, la misión pudo verificar y recibir denuncias, relacionadas con problemática de tierras y agua. Se constato grandes extensiones de tierras fiscales y particulares improductivas, así como la concentración del agua en pocas manos. En cambio muchas familias no tienen acceso a la tierra y el agua, además de que están siendo desalojados, con quemas de casas y violencia policial.

Santiago del Estero, se pudo constatar que continúan los desalojos con asociaciones ilícitas de policías, jueces, grupos armados y terratenientes orientados a la persecución, amenazas de muerte, privación de la libertad, secuestros y tortura física y moral de campesinos que luchan por sus derechos a la tierra, el agua, la salud y la preservación de los bosques.

En varias comunidades de los Departamentos de Atamisqui, Moreno y Juan Felipe Ibarra se observaron y recibieron denuncias de problemas por inseguridad de la tenencia de la tierra. Particularmente grave es la situación de la propiedad Lote 5 de la comunidad El Colorado donde observamos la quema de varias casas luego de desalojos violentos por parte de terratenientes quienes además amenazan de muerte y han disparado contra campesinos y sus dirigentes. En este caso como en otros el interés es para la ampliación del cultivo de la soja.

En comunidades de los Departamentos de Copo y Pelegrini, la situación verificada es que miembros de comunidades aborígenes están siendo expulsados por terratenientes con el apoyo de autoridades policiales quienes han destruidos cultivos, viviendas, arrestados a miembros de la comunidad.

Jujuy: De las regiones Puna y Quebrada se recibieron denuncias de las comunidades aborígenes de Yavi, Susques, Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina, Tumbuya, Tilcara y Humahuaca sobre conflictos de tierras en propiedades fiscales y privadas. Aunque existe un programa para titular las tierras que han estado en manos de las comunidades aborígenes estas acciones no han sido implementadas, pero se manifiesta interés por parte de las autoridades para que parte de las tierras aborígenes sean explotadas para la minería y el turismo.

Salta: La misión pudo verificar que comunidades Guarani del Municipio de Oran, han sido desalojados y siguen acosados por el Ingenio Azucarero "Tabacal" de capital Norteamericano, para que dejen sus tierras donde han vivido por muchos años y se pueda ampliar el monocultivo de la caña de azúcar.

También se recibió la denuncia de violaciones del derecho de la comunidad indígena Wichi quienes desde 1986 iniciaron un juicio de posesión veinteñal sobre la titulación de 1253 hectáreas de tierra y que aun no hay sentencia del juez para que puedan trabajar las tierras.

Buenos Aires: Se verifico y recibieron denuncias de organizaciones de desocupados relacionados con el manejo político de los planes sociales, que ha conllevado a la exclusión y discriminación de muchas familias pobres, muchas familias son dadas de bajas de los planes sociales sin tener una argumentación sólida por parte de las autoridades encargadas de la ejecución de los diferentes proyectos sociales que además excluyen a los jóvenes y a las personas mayores de edad. Se recibió denuncia sobre el desalojo violento que tuvo la cooperativa de los moradores de la localidad de Barraca, quienes tienen 11 años de luchar por conquistar un pedazo de tierra y que en la actualidad están viviendo debajo de las líneas del tren.

De manera general se pudo verificar y recibir denuncias relacionadas con:
Se verifica que los planes sociales no responden a los problemas sociales y económicos de la población pues son insuficientes en cuanto a cobertura y montos asignados, violando los principios de universalidad y de igualdad, así como la irregularidad y distorsión en su implementación, muchas de las personas que reciben un aporte financiero tienen que trabajar en propiedades de terratenientes o funcionarios políticos o del estado.

La agricultura de agro exportación como la soja, la ganadería y la explotación maderera están profundizando las fronteras agrícolas lo que conlleva a la expulsión violenta de sus tierras a grupos campesinos y comunidades aborígenes. Además que ya se inician a presentar problemas de enfermedades como efecto de las fumigaciones aéreas en plantaciones de cultivos aledaños a las viviendas de las comunidades.

Los conflictos agrarios no son resueltos satisfactoriamente por las autoridades, ya que en su mayoría las autoridades judiciales y policiales favorecen a los terratenientes.

No hay en el campo una presencia del estado para dar solución a los graves conflictos agrarios, así como también para conocer y resolver los problemas existentes en la salud, educación, infraestructura productiva, justicia y otros.

Hemos podido verificar que existe una situación grave de incumplimiento de los más elementales Derechos Humanos de comunidades campesinas, aborígenes y pobladores desocupados. Situación que implica el no cumplimiento por parte del Estado en sus diferentes niveles de las obligaciones de respetar, proteger y garantizar de los Derechos a la alimentación, la tierra, el agua, recursos productivos, salud, educación y demás derechos sociales, económicos y culturales de los sectores más vulnerables de la sociedad de Argentina.

Ante esta situación recomendamos al Estado de Argentina, una atención prioritaria a esta situación tomando las medidas adecuadas para solucionar la problemática sobre la tierra, agua, empleo. Un aspecto fundamental para solucionar esta problemática es que realice en conjunto con las organizaciones sociales que representan a estas comunidades.

Buenos Aires, Argentina 28 de Abril del 2004.

Fuente: Vía Campesina