Regiones amazónicas denunciaron palma aceitera
Algunos investigadores coordinan acciones para enfrentar la expansión desde hace algunos meses de la palma aceitera dentro de algunas regiones.
Transcurridos dos días de debate, reflexión y propuesta culminó el taller “Estrategias y plan de acción sobre expansión de palma africana en la Amazonía peruana”, realizado en la ciudad de Pucallpa el 19 y 20 de diciembre.
La actividad obtuvo como resultado la generación de un plan de acción conjunto entre actores de las regiones más afectadas por la expansión de cultivos de palma: Loreto, San Martín y Ucayali.
Todo el espacio de trabajo fue convocado por la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y afluentes (FECONAU) y reunió a líderes y representantes de diversas comunidades amazónicas como a instituciones de la sociedad civil.
Adicional a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) participaron representantes de Oxfam, el Instituto de Defensa Legal (IDL), el Instituto Kené, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Servindi, entre otras.
Los diferentes casos de afectación fueron expuestos por representantes de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de Pueblos Indígenas de San Martin (CODEPISAM), el Frente de Defensa del Agua, de Loreto y la Comunidad Santa Clara de Uchunya, de Ucayali.
El evento permitió el poder compartir información de calidad sobre la situación del cultivo de palma aceitera y sus diversos impactos en la Amazonía peruana.
De acuerdo con cifras ofrecidas por el Instituto de Estudios Forestales y Ambientales Kené, durante el periodo 2006-2012, el cultivo de palma aceitera en algunas regiones se incrementó en un 85%.
Según indicó Lucila Pautrat, del Instituto de Estudios forestales y Ambientales Kené, “por cada hectárea de bosque deforestada para palma se queman y deforestan cuatros hectáreas adicionales”.
Dentro de los impactos ambientales más destacados se encuentra la deforestación, la contaminación y la erosión. Socialmente está el despojo y el tráfico de tierras y por ende, existe afectación a territorios indígenas y conflictos sociales.
Por su parte, el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL), advirtió que las constancias de uso y posesión que entregan los gobiernos regionales tienen un vicio de nulidad debido a que la norma que las regula no se aplica a territorios de las comunidades.
Fuente: Segundo Enfoque