Solicitud de adhesión por la reforma de la política de Pueblos Indígenas del Banco Mundial

Por WRM

"Estamos solicitando firmas a la carta adjunta, que será enviada al Banco Mundial, en la que planteamos criticas al ultimo borrador de su política hacia los pueblos indígenas (DO4.20)..."

Estamos solicitando firmas a la carta adjunta, que será enviada al Banco Mundial, en la que planteamos criticas al ultimo borrador de su política hacia los pueblos indígenas (DO4.20). porque: (a) no esta en conformidad con los estándares internacionales sobre derechos humanos (b) deja completamente de lado recomendaciones clave hechas por los pueblos indígenas en la primera ronda de consultas en 1998. En la carta también se critica al Banco por (c) aplicar un procedimiento ilógico mediante el cual la nueva política será finalizada antes de que estén disponibles las conclusiones completas de la revisión de la implementación de la política hasta ahora vigente y (d) por los defectos en la implementación de las reuniones de consulta.

SI ESTÁN DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LA CARTA, POR FAVOR ENVÍEN SU ADHESIÓN AL CENTRO DE DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN ECUADOR ANTES DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2001 A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: ce.gro.sedc@reigaz.acissej

Gracias de antemano por su apoyo.
Tom Griffiths - Forest Peoples Programme
Ricardo Carrere - Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

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13 de diciembre del 2001

 

Señor

 

James Wolfensohn,

 

Presidente del Grupo del Banco Mundial

 

1818H Street, N.W.

 

Washington, D.C. 20433

 

EEUU

 

Señor Presidente:

 

Los abajo firmantes, organizaciones indígenas, no gubernamentales y comunitarias, le escribimos en un último esfuerzo por reiterarle nuestra preocupación sobre la reforma a la Política de Pueblos Indígenas (PO/PB 4.10) (la “Política Propuesta”), en la que está empeñado el Banco Mundial (el “Banco”). Esta Política Propuesta no significa una mayor protección para estos pueblos, sino más bien consagra una política regresiva en la reivindicación de sus derechos, si se compara con la política vigente (DO 4.20) (la “Política Vigente”).

 

ANTECEDENTES

 

En 1998 el Banco convocó a una primera ronda de consulta sobre la Política Propuesta a la que asistieron pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil. Estos realizaron comentarios y sugerencias con la expectativa de que sus aportes fueran incluidos en la revisión de la Política Propuesta. Sin embargo, al examinar el borrador de marzo del 2001, hemos confirmado que no se han tomado en cuenta sus comentarios más importantes.

 

Muchos grupos indígenas se han pronunciado en contra de la regresividad[1] de la Política Propuesta en el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas.[2] Las organizaciones indígenas, no gubernamentales y comunitarias están exigiendo nuevamente una reivindicación de sus derechos en la Política Propuesta dentro del marco de las últimas consultas que se realizarán hasta el 15 de diciembre de 2001.

 

Por medio de esta carta quisiéramos expresar nuestra preocupación sobre el proceso de revisión, las consultas públicas y el contenido de la Política Propuesta. Proponemos recomendaciones fundamentales para asegurar que esta política cumpla con su objetivo, es decir, proteja todos los derechos de todos los pueblos indígenas que son y serán afectados por los proyectos y programas del Banco.

 

Esperamos que, en esta ocasión, nuestras recomendaciones sean tomadas en cuenta porque ellas tienen sus raíces en las preocupaciones de las organizaciones y pueblos indígenas como principales afectados por las revisiones de la política. Si esto no sucediera, la Política Propuesta no tendría legitimidad y por lo contrario contribuiría a crear un clima de desconfianza hacia los Proyectos que apoye el Banco.

 

A continuación detallamos nuestras preocupaciones sobre (1) la no inclusión de “aprendizaje” en la revisión de la Política Propuesta, (2) los procesos de consultas y (3) el contenido de las reformas de la política sobre Pueblos Indígenas.

 

SOBRE LA NECESIDAD DE APRENDIZAJE EN EL DESARROLLO

  • Conforme a lo manifestado por el Banco, la Política Propuesta finalizará antes de que estén disponibles los resultados completos (fase 2) de la evaluación de la Política Vigente, realizándose al momento por el Departamento de Evaluación de las Operaciones (OED) y programada para ser terminada en diciembre de 2002. Nos preocupa mucho que el Banco solamente se haya comprometido a tomar en cuenta los resultados preliminares de la primera fase de la evaluación en la redacción de la política final. Urgimos al Banco a que modifique el cronograma para la finalización de la política de tal forma que tome en cuenta los resultados del informe final de la evaluación de la OED. Una decisión de aplazar la finalización constituiría una señal de la seriedad con que el Banco aplica su nuevo enfoque de “aprendizaje” en el desarrollo.
  • Desde 1995 las organizaciones indígenas y las ONGs han exigido que cualquier revisión de la Política sobre Pueblos Indígenas se fundamente en las lecciones prácticas derivadas de una evaluación participativa. Confiamos en que el criterio de participación será incorporado y puesto en práctica dentro del proceso de la evaluación de la Política Vigente llevado a cabo por la OED.

SOBRE LAS ÚLTIMAS CONSULTAS

  • La preparación y realización de la última ronda de consultas fue excesivamente rápida y desorganizada, por lo cual la participación de los representantes de los pueblos indígenas se vio limitada.[3]
  • Los documentos que sirvieron de base para las últimas consultas no fueron claros ni concisos, no incluyeron una explicación del propósito de las mismas para los participantes, ni los objetivos o los cambios que se estaban incorporando en la Política Propuesta. En algunos casos se han identificado distorsiones al contenido de la propuesta.[4]
  • No existió un suficiente espacio de diálogo general sobre los cambios propuestos para modificar la Política Vigente ni para escuchar las inquietudes de los participantes sobre los mismos.
  • Las consultas, por lo menos en Latinoamérica, fueron poco representativas. Muchos de los grupos claves no fueron invitados[5] y asistieron pocos grupos independientes de pueblos indígenas, pues un número importante de los participantes estaban involucrados de una u otra manera con proyectos del Banco.
  • El Banco no realizó las consultas con seriedad. Por ejemplo, en la reunión de Cuzco, no tenían un traductor adecuado para que el Coordinador del Programa sobre los Pueblos Indígenas, Navin Rai, pueda entender los comentarios de los participantes. Así mismo, en Manila, la Directora de la Comisión sobre Pueblos Indígenas que debía presentar una matriz de comparación entre la nueva política y la vigente salió antes de su presentación para ir a una reunión sobre presupuesto.Posteriormente, se cortó la sesión de preguntas, inquietudes y comentarios sobre las diferencias entre las dos políticas por “falta de tiempo”, un hecho muy preocupante dado que ese era precisamente el propósito central de las consultas.
  • Si un proceso de consulta no toma en cuenta las contribuciones de los consultados, resulta ser un proceso ilegítimo, que carece de sentido y que va en contra de los principios de transparencia y participación.

SOBRE EL CONTENIDO DE LA POLÍTICA PROPUESTA Y SU REGRESIVIDAD EN EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS

  • Las disposiciones en la Política Propuesta son más débiles en lo que se refiere al reconocimiento de los derechos a la tierra y al territorio de los pueblos que aquellas de la Política Vigente. Sobre todo porque deja a discreción de los gobiernos este reconocimiento, evadiendo así el Banco su responsabilidad.
  • El borrador de la política contiene muy pocas de las principales sugerencias hechas por los pueblos indígenas en las consultas anteriores a 1998.[6]
  • La Política Propuesta no exige evaluaciones sociales y de estudios de línea base en los proyectos que afectan a los pueblos indígenas. La decisión de llevar a cabo una evaluación social se deja a discreción del personal del Banco, en lugar de que sea obligatoria para todos los proyectos y programas del Banco que afectan a los pueblos indígenas.
  • Se ha excluido la condición de que el prestatario desarrolle un plan de acción adecuado antes de que el Banco apruebe un préstamo.
  • El Plan de Pueblos Indígenas de la Política Propuesta es más débil y menos claro en algunos aspectos que la Política Vigente. Contempla pocos requisitos obligatorios que los funcionarios del Banco tienen que cumplir.
  • Al contrario de la Política Vigente, el cumplimiento de la Política Propuesta recae casi totalmente sobre la responsabilidad del prestatario, dejando - por tanto- libre de responsabilidad el Banco frente al Panel de Inspección.

HACIA UNA POLÍTICA DE PUEBLOS INDÍGENAS QUE PROTEGA LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

 

Debido a su estatus, el Banco Mundial es parte del sistema de las Naciones Unidas y tiene que asegurar que su Política fortalece la Política Vigente y respeta todos los tratados y declaraciones internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y los estándares ambientales sobre el desarrollo incluso:

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 169 de la Organización Internacional de Trabajadores, la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de la Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos del Niño, las Recomendaciones Generales de 1997 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas y el Derecho consuetudinario.

 

Con base en estos instrumentos internacionales, la Política Propuesta debe respetar y garantizar los siguiente derechos y obligaciones:

  • El derecho al consentimiento previo, expresado libremente y con pleno conocimiento;
  • Los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales;
  • Estipulaciones vinculantes que exija estudios de línea base previos y participativos en todas las instancias en que un proyecto o programa del Banco tenga cualquier efecto sobre un pueblo indígena;
  • La obligación de asegurar una evaluación social para todos las operaciones de préstamo que afectan a los pueblos indígenas;
  • Estipulaciones obligatorias y participativas para el monitoreo y seguimiento de los proyectos y programas apoyados por el Banco Mundial para los pueblos afectados;
  • Comisiones tripartitas (gobierno, pueblos indígenas, Banco Mundial) para planear, supervisar, dar seguimiento y evaluar los proyectos y programas;
  • Derecho a decir “No” al reasentamiento involuntario;
  • La prohibición del reasentamiento en aquellos casos que pongan en riesgo la existencia de los pueblos indígenas;
  • Derecho a la auto-determinación;
  • Derecho a la identidad. Un reconocimiento de que el factor decisivo para determinar si una comunidad constituye un pueblo indígena es auto-identificación;
  • Esta política debe aplicarse a todos los proyectos y programas del Banco incluso préstamos de ajuste estructural, al financiamiento de la empresa privada y a la provisión de seguros para las empresas privadas;
  • Reconocer que las formas de concebir el desarrollo pueden ser múltiples, en particular para los pueblos indígenas, por lo que los proyectos y programas del Banco deben respetarlas y considerarlas prioritarias en la evaluación de sus intervenciones. Sin esta característica, se estaría imponiendo una visión del desarrollo y justificando que una cultura se imponga sobre otra poniéndola en peligro de desaparición.
  • Requisitos claros y mandatorios para el personal del Banco para preparar y tramitar un proyecto o programa.

En la consulta llevada a cabo en el Cuzco, el facilitador expresó a los participantes que “no deben tomar la política tan en serio.” Señor Presidente, todos tenemos que tomar esta política muy en serio porque ella regirá los proyectos que movilizarán miles de millones de dólares que pueden cambiar y causar daños irreparables al territorio, las culturas y las vidas de pueblos enteros.

 

La política es supremamente importante para nosotros porque ésta brindará las garantías necesarias para el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, al recoger los estándares internacionales que han sido mencionados. Además, permitirá consolidar mecanismos de denuncia y de reclamo, en particular el Panel de Inspección que podrá ser fortalecido si las políticas operativas del Banco son más consistentes y claras.

 

Desde nuestra perspectiva, el Banco tiene que renunciar a su visión supranacional y extralegal e incluir en la política propuesta el espectro de los derechos que ya existen conforme a la política vigente y a la legislación internacional en materia de derechos humanos. Sin este compromiso, nosotros, los firmantes de esta carta, no reconoceremos la legitimidad de la Política Propuesta (PO/PB 4.10) sobre pueblos indígenas.

 

Gracias por su atención,

 

Jorge Acosta, Centro de Derechos Económicos y Sociales, Quito-Ecuador
Tom Griffiths Forest Peoples Program

 

[1] En materia de derechos humanos, los Estados Partes y los Organismos del sistema de Naciones Unidas están obligados al logro progresivo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Los actos regresivos, como el cambio propuesto a la Política Vigente, requieren consideración cuidadosa y sólo se podrían considerar en la ausencia de alternativas viables. Aún entonces, cualquier medida regresiva requiere protecciones adicionales para los miembros más vulnerables de la sociedad, incluidos los pueblos indígenas.

 

[2] Véase por ejemplo: Fundación Tebtebba (2001) Informe sobre la Consulta del BM acerca de la revisión de su política sobre Pueblos Indígenas (PO/PB4.10), Universidad de Ateneo de Manila, Ciudad de Quezon 22 de octubre de 2001 Tebtebba, Filipinas; Declaracion de los participantes indígenas en la consulta sobre la política del BM sobre Pueblos Indígenas, Dhaka, Bangladesh, 14 de noviembre de 2001 Comité Coordinadora Nacional de los Adivasis, el Foro Adivasi de Bangladesh y el Foro de ONGs

 

[3] Esta observación encuentra apoyo en una declaración de CONAIE y CONIVE bajo el nombre de La Declaración de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y El Consejo Nacional Indígena de Venezuela (CONIVE) sobre la consulta regional andina, la cual fue llevada a cabo en Cuzco, Perú desde 22 al 23 de octubre de 2001.

 

[4] Por ejemplo, en la matriz comparativa entre la Política Propuesta y la Política Vigente del Banco en la sección “Tierras y Recursos”, el Banco indica que “el borrador del PO mantiene las disposiciones del DO sobre los derechos de la [sic] PI a la tierra. . .” Este matriz no indica que la Política Propuesta ya no condiciona préstamos en “el reconocimiento legal del sistema tradicional de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas” como consta en la Política Vigente.

 

[5] Por ejemplo, en la consulta de Cuzco, mencionada en la nota anterior, las únicas organizaciones indígenas del Ecuador invitadas fueron la CONAIE (la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y la FENOCIN (Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras), dos organizaciones indígenas nacionales. Se invitó a COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), la organización de los pueblos indígenas Amazónicas regionales, a la consulta en Brasil y no a la consulta Andina. Tampoco se invitó, por ejemplo, a la CONFENIAE (Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) o a las federaciones que la compone, todos los cuales son grupos sumamente afectados por los proyectos y programas del Banco Mundial.

 

[6] Ejemplos de estas sugerencias incluyen: participación completa de las comunidades en todas las etapas del proyecto, desde la formulación de la idea, hasta la evaluación y el monitoreo del proyecto; una definición de desarrollo definido por los pueblos involucrados en lugar de uno definido por los prestatarios o por el Banco mismo. Véase el sitio web del Banco Mundial para más sugerencias.
World Rainforest Movement
Movimiento Mundial por los Bosques
Maldonado 1858
CP 11200 Montevideo
Uruguay
Tel: (598 2) 403 2989
Fax: (598 2) 408 0762
e-mail: yu.gro.mrw@paseret
http://www.wrm.org.uy

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