Vía Campesina: cuando las tierras y las vaquitas son ajenas y el hambre es propia

En el Día Internacional de la Lucha Campesina, un informe mundial señala que el 80 por ciento de los que sufren hambre viven en el campo. Argentina es el modelo de la concentración de tierras

Tiros en la nuca, cabeza y tórax sobre trabajadores rurales. Fue el 17 de abril de 1996, cuando 155 hombres de la policía militar de Brasil fusilaron a 19 personas e hirieron a otras 69, que defendían las parcelas donde vivían. La Vía Campesina, el movimiento mundial que nuclea a las organizaciones de base de cuatro continentes, estableció que cada 17 de abril se conmemorara el Día Internacional de la Lucha Campesina. A diez años de aquella masacre elaboró un estudio que revela la situación mundial del campesinado: ocho de cada diez personas con hambre crónica viven en zonas rurales y la mitad de los desnutridos del planeta son trabajadores del campo que, paradójicamente, producen alimentos. En el apartado sobre Argentina, a la que exhibe como paradigma de la situación global, explica que en los últimos años se acentuó la concentración de tierras, se produjo una masiva expulsión de los trabajadores de sus chacras y señala a tres actores perjudiciales: las empresas del agronegocio, las transnacionales mineras y las madereras.

En su Informe Anual Sobre las Violaciones de los Derechos Campesinos 2005 –que incluye material de FIAN (Food First Information and Action Network), la organización internacional por el derecho a la alimentación–, Vía Campesina confirma que “los campesinos que luchan por el acceso a la tierra sufren persecución política y represión brutal, incluso asesinatos. Los que ejercen esta violencia son entidades con poder económico y político”. Y destaca que las violaciones a los derechos humanos son posibles por la complicidad o inacción de los gobiernos. También revela que “más de la mitad de los 842 millones de personas desnutridas son pequeños productores. El 80 por ciento de las personas que sufren hambre viven en zonas rurales. Y la desnutrición rural está en aumento”.

En el capítulo dedicado a Argentina, afirma que “la falta de una política agraria nacional, que incluya a todos los actores, y el favoritismo hacia la agroindustria por parte del Estado han llevado a un recrudecimiento de los conflictos del campo. Empeoró la situación de desnutrición y los derechos políticos, sociales y culturales. Además, campesinos e indígenas que luchan por sus derechos son criminalizados”.

El relevamiento de la organización, que tiene presencia en 65 países de América, Asia, Africa y Europa, también señala las causas de los males: “Las políticas de ajuste estructural promovidas por los organismos financieros han tenido efectos desastrosos en los derechos humanos”.

El informe especifica que en Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Mendoza, Misiones y Jujuy ocurren desalojos, ante la ausencia de protección estatal, de familias campesinas e indígenas que sufren los “ataques sistemáticos de los terratenientes y empresas que quieren usurpar sus tierras”.

El flamante Movimiento Nacional Campesino e Indígena de Argentina, conformado por organizaciones de ocho provincias, asegura que en los últimos quince años se profundizó la concentración de tierras: el 82 por ciento de los productores rurales son familias campesinas y trabajadores que sólo ocupan el trece por ciento de la tierra. Las estimaciones del Movimiento señalan que, en la década pasada, más de 200 mil familias fueron expulsadas del campo hacia barrios empobrecidos de las grandes ciudades, donde “rara vez tienen mejoras en la calidad de vida”. Datos del Indec confirman esa tendencia: en la última década aumentó 14 por ciento la población de las zonas urbanas y disminuyó ocho por ciento la de zonas rurales.

Además de la ausencia de políticas estructurales para el desarrollo campesino, las organizaciones locales y el informe mundial resaltan la lucha por otro bien precioso: el agua. Mientras Vía Campesina denuncia el papel jugado por las minas de oro, cobre y plata, el Movimiento NacionalCampesino advierte que “las reservas de aguas son explotadas sin control por grandes estancias y multinacionales para el riego de la agricultura intensiva a gran escala. Y los grandes desmontes, donde intervienen las madereras, comprometen gravemente la recarga de los acuíferos y la renovación del recurso”.

Entre las causas de los problemas, las organizaciones campesinas, indígenas y ambientales apuntan al monocultivo de soja por la destrucción de enormes superficies de bosques, la degradación del medio ambiente y el abandono de otras actividades agropecuarias, como la lechería y la fruticultura, que garantizaban alimentos a nivel local.

“El modelo tecnológico de los agronegocios se basa en grandes extensiones de tierras sin gente, desiertos verdes donde empresas semilleras, farmacéuticas y de agrotóxicos encadenan la independencia económica de los agricultores, convirtiendo al agro en una industria donde no hay comida ni trabajo”, sentencia el Movimiento Campesino e Indígena. Vía Campesina puntualiza: “Se impulsó la expansión del cultivo de soja transgénica con el fin de ampliar exportaciones y lograr mayor entrada de divisas para el pago de la deuda externa”.

A DIEZ AÑOS DE LA MASACRE DE PARA

Orden de fusilar

El coronel Mario Colares Pantoja recordará hoy en libertad el décimo aniversario de la matanza de 19 integrantes del Movimiento de trabajadores rurales Sin Tierra (MST) ocurrida en Eldorado dos Carajás, estado de Pará, en el norte brasileño. Fue el episodio más sangriento del que se tenga memoria en medio siglo de represiones estatales y paramilitares contra activistas defensores de la reforma agraria. Aunque está condenado a 228 años por haber ordenado disolver a balazos las dos barricadas con que unos 1200 labriegos munidos de garrotes, hoces y algunas armas cortas, habían cortado la carretera PA-150, a 850 km de la capital paraense, Belem, el coronel Pantoja permanece libre.

De acuerdo con los diversos relatos oídos durante el accidentado proceso judicial, el primer choque ocurrió cuando la policía cargó contra los manifestantes que la recibieron a piedrazos y disparos. Más tarde y con un contingente reforzado, los uniformados volvieron a atacar, pero esta vez con armas largas, lo que obligó al repliegue de los manifestantes. Aun así la ofensiva policial no se detuvo y se internó en la mata donde habían buscado refugio los Sin Tierra. La persecución se prolongó durante horas dejando un saldo de 19 campesinos muertos y otros 69 heridos. Ningún policía perdió la vida y una veintena sufrió heridas de diversa gravedad.

El otro condenado por los hechos es el mayor José María de Oliveira, contra quien se decidió una pena de 158 años. El coronel Pantoja y el mayor Oliveira continúan libres, mientras aguardan un fallo definitivo del Supremo Tribunal Federal. Los 155 policías que integraron la tropa de choque fueron absueltos.

“Todo el montaje del proceso de Eldorado y las idas y venidas en los tribunales demuestran cómo el Poder Judicial y el Estado están influenciados por el poder del latifundio que usa a la policía como mera defensora de sus intereses económicos”, declaró Joao Pedro Stédile, líder nacional del MST.

Hoy, exactamente a las 17 30, instante en que comenzó la represión, un grupo de militantes del MST interrumpirá el paso en la misma curva de la carretera PA-150 donde sus compañeros habían levantado las barricadas el 17 de abril de 1996. En las afueras del Congreso Nacional, en Brasilia, serán plantados 19 árboles en homenaje a las víctimas.

En paralelo a las ceremonias, el MST anunció que en memoria a los caídos durante el mes de abril se intensificará la ola ocupaciones de latifundios y laboratorios con simientes transgénicas.

La mayoría de los sobrevivientes vive actualmente en el asentamiento “17 de abril”, erigido en lo que fuera la estancia Macaxeira, expropiada por el Estado después de la masacre.

Charles Trocate, miembro de la dirección nacional del MST cuenta que para muchos de sus camaradas las secuelas de 1996 se prolongaron por años: tres de los heridos en Eldorado murieron tiempo más tarde y otros 20 reciben pensiones por invalidez.

Es el caso de José Carlos dos Santos que llevará de por vida una bala alojada en la cabeza, lo que además de fuertes jaquecas le impide trabajar la tierra. A los 26 años Dos Santos, que también perdió el ojo derecho, relató al diario Folha de San Pablo que “no hay como sacar la bala (de la cabeza), el médico dijo que hacer el intento puede matarme o dejarme loco”.

Entre 1985 y 2004 la guerra en el campo en todo Brasil se cobró 1399 víctimas. Pero las peores estadísticas se registran en Pará, ubicado en el extremo oriental de la Amazonia.Trocate cuenta que la repulsa nacional e internacional sucitada por los hechos de 1996 fue importante para denunciar lo que ocurre en la guerra que se libra cotidianamente en el campo. “En los últimos 33 días en Pará fueron asesinados 772 trabajadores y sólo 11 de esos casos fueron investigados de principio a fin por la policía; el resto quedó en el olvido.” La impunidad de los matadores de Eldorado dos Carajás, puntualiza Trocate, seguramente envalentonó a los mandantes de otros crímenes como el Dorothy Stang, la monja norteamericana asesinada a quemarropa en el municipio de Anapu, Pará, el 12 de febrero de 2005.

Una reforma particular

El Banco Mundial impulsa su propia reforma agraria. Su política de “facilitación de los mercados agrarios” propone que toda tierra pueda ser comercializada (incluso abre la posibilidad de la privatización de las tierras públicas). En ese sentido, impulsa la división de los territorios comunitarios (muchos pueblos indígenas están amparados bajo esa figura legal que impide la venta) en pequeñas parcelas individuales. Las organizaciones campesinas denuncian que eso facilitará que terratenientes y multinacionales –que aún no han podido hacerse de las tierras colectivas– adquieran los títulos particulares.

El BM también impulsa los “bancos de tierras”, con los cuales promueve que pequeños campesinos tomen créditos altos para adquirir parcelas, de dudosa calidad, que ofrecen los grandes propietarios. Además de condicionar económicamente al campesino (que muchas veces no puede pagar su crédito y sufre el remate de la propiedad), logra que los países contraigan deuda pública para financiar las compra-ventas. ¿Quién otorga esos préstamos? El Banco Mundial. “Sólo en la última década, el BM otorgó ‘préstamos’ a 32 países para introducir sus políticas agrarias neoliberales”, denunció Vía Campesina, que impulsa obviamente otro tipo de reforma agraria.

Fuente: Página 12

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