Ante el anuncio de Sebastián Piñera de cancelar la realización de la COP25 y la APEC en Chile, el MAT-ZC declara
La decisión tomada por el gobierno de suspender la realización de la APEC y de la COP25 solo se explica por la incapacidad de asumir las profundas y radicales demandas impulsadas por los pueblos en todo el país desde hace ya más de 10 días.
Piñera no canceló nada, fue el pueblo movilizado de mil maneras quien lo obligó
Las organizaciones sociales, ambientales y territoriales veíamos en la realización de la COP25 en Chile una oportunidad para poner los temas urgentes de injusticia climática en el debate nacional y desnudar la inconsecuencia que ha caracterizado a los gobiernos chilenos los últimos 30 años con políticas económicas extremadamente devastadoras y extractivistas que han generado una crisis hídrica alarmante con numerosas comunidades y zonas con gravísimos conflictos ecológicos.
El anuncio de la realización de la COP25 nos permitió articular la Cumbre de Los Pueblos, alternativa que ayudaría a sensibilizar aún más a nuestros pueblos sobre la consecuencias genocidas de la política de desarrollo extractivista instaurada en Chile en dictadura y perpetuada por los gobiernos postdictatoriales.
Seguiremos denunciando las falsas soluciones que se pretenden imponer desde el paraíso neoliberal en la llamada agenda de la "Economía Verde" que solo busca postergar la urgencia de protección del medioambiente.
En el mismo sentido, es urgente que se integren plenamente las demandas ambientales de las comunidades y territorios en la agenda social y política. Y dada la cancelación del evento internacional, el gobierno debe hacerse cargo de las desigualdades a causa de la injusticia ambiental del modelo impuesto. Somos críticos del capitalismo verde, pero también exigimos y presionaremos para que la autoridad se haga cargo de los temas ambientales urgentes de los que hoy estamos ausentes.
Sabemos que el señor Piñera y su gobierno con esta decisión solo busca zafarse del cuestionamiento internacional ante un pueblo movilizado por sus derechos sociales y ambientales, ya que no se atreve a rendir ningún examen ante la comunidad internacional. Además, oportunistamente al constatar que diversos gobiernos comenzaban a descolgarse de asistir a estos encuentros internacionales prefirió adelantarse al desastre.
Por lo mismo, reafirmamos que ante el actual escenario no hay posibilidad de dialogar con el gobierno mientras no se esclarezcan las situaciones de violación a los DDHH, partiendo porque se reconozca las gravísimas y sistemáticas violaciones que están ocurriendo en estos mismos instantes. Son numerosos los activistas e integrantes de nuestro movimiento que están siendo hostigados y reprimidas con extrema violencia de parte de agentes del Estado. La agresión a los observadores del INDH solo hace más evidente este fenómeno articulado, planificado y ordenado desde las mas altas autoridades. Se están cometiendo violencia político sexual, torturas, se han mutilado partes del cuerpo de compañeras, mataron y siguen matando a personas. El Wallmapu sigue militarizado. No puede haber impunidad, la responsabilidad política es completamente del gobierno y son demasiadas las denuncias fundadas a lo largo de todo el país.
La única forma de pensar en sentarse con el gobierno a conversar se debe dar con un programa representativo, y sobre todo realzando el punto de llamado a una Asamblea Constituyente.
Abrir un diálogo con el gobierno por parte de algunos dirigentes políticos o sociales sin estas mínimas condiciones solo generará el repudio de la organizaciones y ciudadanía movilizada. En definitiva, no hay condiciones para impulsar un diálogo que hoy solo buscaría desviar la movilización social e invisibilizar y dejar en la impunidad las gravísimas violaciones a DD.HH.