Arremolinados: despojo y represión bajo un gobierno embozado
Hace unos meses visitamos a don Alfredo Osuna en Punta de la Laguna, Cohuirimpo, en Sonora. Es el mero desierto invadido por monocultivos de trigo para las fábricas de las sopas de pasta, industria que es boyante merced a que los grandes agricultores vinieron a rentarle las tierras a los ejidatarios ahogados en deudas porque no reciben ningún apoyo. Los ejidatarios terminaron rentando sus tierras a precios ridículos y con la tierra, acaparada en grandes extensiones, los grandes terratenientes recibieron subsidios enormes de las instancias de los gobiernos foxista, calderonista y peñanietista que apoyaron la agricultura industrial. Con ese dinero las compañías medio pagan la renta no porque no les alcance, sino porque se empeñan en arrinconar a la gente de la tribu mayo-yoreme disminuyendo temporada a temporada lo ancho de los caminos de acceso a sus viviendas al punto de que en algunos rincones ya sólo las motos y las bicicletas pasan. La intención es correrlos y con chavales empandillados roban los enseres domésticos de las casas, y arrancan las legumbres y hortalizas que la gente siembra en los traspatios. La situación es insostenible para los verdaderos dueños. Las tierras de labor, son vigiladas con violentos guardias armados y fumigadas con avionetas que todo contaminan.
En ese territorio, Alfredo Osuna y un grupo de gente mayor de la región se empeñó por años en sostener reuniones de análisis de la realidad que ya quisieran en los congresos de algunos círculos académicos. Hoy, siguen resistiendo en condiciones precarias con una entereza digna y valiente.
Al hablar con don Alfredo, él miraba este nuevo gobierno con mucha curiosidad, pero con muchas interrogantes, y sentía que estábamos en un momento en que —tras la violencia desmedida del sexenio peñanetista del partido Televisa, tras el borroneo de los síntomas y signos palpables que hizo que la vida escondiera sus sentidos profundos—, estábamos “como arremolinados, como que un remolino en el agua nos hubiera jaloneado y zangoloteado para allá y para acá y que en los aventones y tirones, en los empujones y volteretas, no sabíamos dónde íbamos a quedar colocados: que si en un playón tirados, pero vivos, o tal vez agarrados de las ramas de algún árbol a la orilla del agua, o tal vez hundidos en el remolino de nuestras propias contradicciones”.
Lo dicho por don Alfredo son palabras fuertes, pero reflejan en mucho la situación que vive el país tras el cambio de gobierno.
Hace un año, en marzo de 2018, el Encuentro en Defensa de los Territorios (organizado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano y otros centros de investigación independientes), que se celebró en Casa Xitla ante la violencia y el horror intenso que se vivía en las regiones, declaró:
“Constatamos que la invasión de nuestros territorios por los agentes que impulsan estos proyectos, apoyados por el Estado, trae de la mano un incremento de la violencia hacia nuestros pueblos.
”Además de contaminar y destruir nuestro hábitat, las corporaciones van estableciendo hilos de corrupción en todos los niveles, desde el federal hasta el municipal, donde los operadores gubernamentales corrompen a la gente, desinforman, y promueven la división trabajando literalmente para las empresas que invaden y devastan nuestros territorios.
”La violencia destruye nuestras formas de vida y convivencia y nuestra posibilidad de desarrollarnos como sociedades distintas. Al destruir nuestros lazos de sociabilidad esa violencia se vuelve el modo de vida con que nos buscan someter, en un círculo vicioso interminable. La violencia se vuelve entonces sistemática y termina imponiendo los proyectos que los pueblos rechazan.
”Además, la amenaza, el encarcelamiento o la eliminación o la desaparición de quienes se oponen a los proyectos instaura un clima de miedo, confusión, tristeza y destrucción de los cuidados propios de nuestra cotidianidad, nuestras formas de organización, nuestra tranquilidad y sentido de futuro como pueblos originarios en nuestros territorios.
”Pero los pueblos originarios estamos en resistencia permanente y utilizaremos todos los instrumentos a nuestro alcance —organizativos, políticos, jurídicos— para defender nuestros territorios y formas de vida.”
Un año después, a principios de mayo de 2019, el Encuentro en Defensa de los Territorios, vuelto a reunir tras el cambio de gobierno, tal vez no expresa en voz de sus comunidades tanta zozobra como en 2018, pero la sensación de arremolinamiento y confusión de la que habla Alfredo Osuna se trasminó en todo el evento que duró tres días, de nuevo en Casa Xitla, e hizo eco con la asamblea nacional de la Red en Defensa del Maíz que se celebró en San Juan Bautista Sahcabchén, Hopelchén, Campeche a fines de marzo.
En ambas reuniones las comunidades de más de 20 estados del país, del norte centro, sur, este y oeste de México, llegaron a poner énfasis a su rechazo al modo en que el gobierno actual quiere ejercer su relación con los pueblos. Rechazan la imposición de que toda relación deba ser individual sin pasar por las organizaciones, porque hay un cuidado comunitario que ha sido clave por siglos para mantener sus territorios, sus semillas, sus bosques, sus asambleas, sus sistemas de cargos.
En el nuevo pronunciamiento del Encuentro en Defensa de los Territorios del 8 de mayo las comunidades afirman:
“Muchas personas vieron en la candidatura del actual presidente de la república Andrés Manuel López Obrador una alternativa para salir de la violencia y el horror de los sexenios anteriores. Su triunfo fue en buena medida, resultado del rechazo a esas condiciones alarmantes e insostenibles. Hay quienes pensaron que el nuevo gobierno restituiría a los pueblos sus bienes.
”En estos primeros meses de gobierno hemos seguido las declaraciones, las acciones, pero también las situaciones de renovada violencia y encontramos signos ambiguos y otros ominosos que nos preocupan:
”Compartimos la decisión del gobierno de no permitir la siembra de cultivos transgénicos para la alimentación, pero urge que se prohíban de manera legal y se impida la siembra de cualquier cultivo genéticamente modificado.
”Compartimos la decisión de prohibir el fracking pero es necesario que se establezca el mecanismo legal para su prohibición.
”Una de las prioridades del gobierno es la soberanía energética, a través del fortalecimiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, pero esta prioridad se coloca por encima de los derechos indígenas.
”El presidente ha declarado que no dará más concesiones mineras, pero también que no cancelará ninguna de las concesiones existentes. Según sus propias cifras 30 por ciento del territorio nacional está concesionado y muchas de las concesiones se localizan en territorios indígenas. El despojo a los pueblos originarios por proyectos mineros debe ser detenido y reparado el daño que han provocado, ya que las concesiones están vigentes durante 50 años o más.
”El presidente se comprometió a no construir más hidroeléctricas, sino a modernizar las existentes. Pero en algunos casos se reanudó la construcción de presas suspendidas, pese a la negativa de los pueblos. Que el presidente haya incumplido su promesa de cancelar la termoeléctrica de Huexca, desembocó en el asesinato de Samir Flores (opositor al proyecto), y en una consulta totalmente inapropiada que impugnaron varias comunidades de Morelos y desconcertó a muchos sectores.
”El presidente ha declarado que echará a andar los gasoductos que están parados por conflictos sociales, pues las cláusulas de los contratos obligan al gobierno a pagar la distribución de gas aunque esto no ocurra. Esta acción es contraria a los pueblos originarios que han defendido su territorio para que no sea cruzado por estos ductos.
”En suma las declaraciones del gobierno implican que los proyectos energéticos y extractivos continuarán, sin tomar en cuenta el rechazo de los pueblos a ser despojados de sus territorios, de sus bienes comunes y de su futuro.
Parece cumplirse la mirada de Alfredo Osuna: un arremolinamiento que parece que nos dejará en un sitio cuando en realidad las apuestas gubernamentales van hacia otro derrotero, que no es, de ningún modo, lo que esperaban los pueblos. Éstos no parecen importar. Insiste el gobierno en la termoeléctrica traicionando su promesa. Los gasoductos, el tren maya, el transístmico, las enormes inversiones en la península, todo es como una máquina arrasadora.
Ya la relatora especial sobre Derechos Indígenas regañó al gobierno en su nota técnica por sus encuestas de opinión disfrazadas de consulta. El Encuentro en Defensa de los Territorios de hace unos días lo señala para resaltar el conflicto que el gobierno ni siquiera reconoce que existe.
“Victoria Tauli-Corpuz en su Nota Técnica del 5 de marzo de 2019 subrayó al gobierno de México que sus ‘procesos de consulta ciudadana diseñados para la población nacional en general no garantizan las salvaguardas de los derechos de los pueblos indígenas consagradas en los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas. Falta claridad sobre cómo las consultas previstas tendrán en cuenta las obligaciones del Estado mexicano de implementar procesos específicos de consulta previa con los pueblos indígenas potencialmente afectados con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado’ ”.
Es decir, que “las consultas indígenas que ha llevado a cabo el gobierno mexicano con el fin de aprobar sus proyectos, son consultas en las que los pueblos originarios directamente afectados no pueden ejercer su derecho a la libre determinación”, porque ni siquiera son vinculantes, no obedecerán la negativa de los pueblos. No está en su horizonte asumir que los juicios emprendidos por las comunidades, o sus decisiones de asamblea, como en el caso de La Parota en Guerrero, son la decisión autónoma de regiones enteras que rechazan los megaproyectos, los acaparamientos, las privatizaciones, las devastaciones, los despojos, las imposiciones, las persecuciones. Como símbolo sangrantes, siguen presos desde enero de 2018, 17 miembros de la policía comunitaria por ser opositores a la presa y por defender su río, y aunque hay la sensación entre algunas ONG de que pueden ser liberados, el conflicto prevalece: las comunidades rechazan una cantidad impresionante de megaproyectos y sufren persecución y represión por ello.
Las organizaciones reunidas en Casa Xitla para la edición más reciente del Encuentro en Defensa de los Territorios, “integrantes de 60 comunidades, de 19 pueblos originarios —maya, chuj, yaqui, zapoteco, ñuu savi, tseltal, ch’ol, mam, rarámuri, ikoot, ikojt, ñahñu, ñuhú, nahua, chatino, ayuuk, totonaco, lacandón, me`phaa, zoque— de 24 estados del país”, expresaron su preocupación por “la frecuencia y regularidad con que son asesinados los defensores de los territorios y de los derechos humanos, los dirigentes y voceros (que suman más de diez), y los nueve comunicadores ultimados en lo que va del sexenio. Los perpetradores son diversos, pero una constante es que tales asesinatos le sirven a quienes impulsan el despojo y a la devastación de los territorios”.
Y ésta es la clave. Como bien se señala en el editorial de Ojarasca 265:
“Estos homicidios son producto de la persecución declarada contra ellos por una variedad de actores que rara vez dejan de pasar por algún ámbito gubernamental. El Estado falla al permitir la impunidad a los criminales que como quiera le ayudan a ‘limpiar’ el campo para las inversiones (el ‘Paraíso’ prometido por el supersecretario Romo). Falla al no dar protección a las personas en riesgo. Falla al dividir deliberadamente comunidades y regiones en torno a proyectos externos de gran envergadura en sus territorios. Falla al no detectar o tolerar las complicidades existentes entre las fuerzas públicas y los perpetradores de estas ejecuciones y desapariciones teledirigidas.”
Para no quedarme con la sensación de que a quienes asesinan ni siquiera se les nombra después de fallecidos, aquí anoto la cuenta reciente para que nuestra memoria los guarde bien. Todos son datos recabados por Hermann Bellinghausen y reportados por Ojarasca: “el locutor radial Telésforo Santiago Enríquez, zapoteco de San Agustín Loxicha (Oaxaca), José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, nahuas de Guerrero y miembros del Congreso Nacional Indígena. En San Luis Acatlán, también en la Montaña de Guerrero, fue ejecutado el coordinador de la Policía Comunitaria, Julián Cortés Flores. En febrero, el asesinato de Samir Flores en Amilcingo, Morelos, marca un antes y un después en la relación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con las comunidades reales que defienden su territorio y su autodeterminación. El 1 de mayo asesinaron en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, a Otilia Martínez y su hijo Gregorio Chaparro, defensores de los bosques y familiares de Julián Carrillo, rarámuri también asesinado el pasado 24 de octubre por las mismas razones. El día 9, Leonel Díaz Urbano, opositor a la construcción de una hidroeléctrica en la comunidad de San Juan Tahitic, Puebla, fue ultimado a tiros mientras dormía en su casa en el municipio de Zacapoaxtla)”.
Qué entonces diferencia a este sexenio, a este gobierno, de los anteriores. Continúa la persecución, el ejercicio de la violencia, las ejecuciones, las desapariciones. Y en el arremolinamiento vuelve a darnos vuelta “la limpieza social, la remoción de obstáculos humanos para el extractivismo, los megaproyectos, la depredación urbanizante, agroindustrial y de infraestructura al servicio exclusivo del gran capital”.
Hace un año, las comunidades reunidas en el espacio que llamamos Encuentro en Defensa de los Territorios” declaraban con gran enojo:
“La violencia destruye nuestras formas de vida y convivencia y nuestra posibilidad de desarrollarnos como sociedades distintas. Al destruir nuestros lazos de sociabilidad esa violencia se vuelve el modo de vida con que nos buscan someter, en un círculo vicioso interminable. La violencia se vuelve entonces sistemática y termina imponiendo los proyectos que los pueblos rechazan.
”Además, la amenaza, el encarcelamiento o la eliminación o la desaparición de quienes se oponen a los proyectos instaura un clima de miedo, confusión, tristeza y destrucción de los cuidados propios de nuestra cotidianidad, nuestras formas de organización, nuestra tranquilidad y sentido de futuro como pueblos originarios en nuestros territorios.
”Pero los pueblos originarios estamos en resistencia permanente y utilizaremos todos los instrumentos a nuestro alcance —organizativos, políticos, jurídicos— para defender nuestros territorios y formas de vida.
”Las comunidades estamos decididas a defender nuestras tradiciones y nuestro idioma, nuestros sistemas normativos y nuestras formas de gobierno.
”Estamos dispuestas a redoblar nuestro trabajo en pos de una soberanía alimentaria sustentada en la milpa, en una relación de mutualidad con otras comunidades, pueblos indígenas y luchas en el país.
”Estamos decididas las comunidades a reforzar y fortalecer nuestro sentido de comunidad, de trabajo en común, de nuestros cuidados cotidianos, entre mujeres y hombres, buscando convocar a las nuevas generaciones a que comprendan la urgencia de reivindicar nuestros valores contrarios al dinero con el que nos quieren comprar, y con el que nos quieren corromper.”
En el reciente encuentro, haciendo eco de todo lo anterior, su pronunciamiento terminó diciendo:
“Demandamos la libertad de los presos políticos de las comunidades, en todo el país, en particular los del CECOP-La Parota, Guerrero.
”Nos oponemos rotundamente a la militarización de nuestros territorios y exigimos el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento constitucional de nuestras instancias de seguridad y protección como son las rondas y policías comunitarias, o las guardias comunales que surjan de la decisión y las asambleas de los pueblos.
”Los pueblos originarios hemos resistido por cientos de años y no bajaremos ahora la guardia. Nos mantendremos organizados para defender nuestros bienes naturales y nuestras formas de organización, nuestros saberes y la vida en nuestros territorios. Nuestra lucha es por la vida y nuestros territorios son nuestra vida. ”Estamos claros en que ni la salud, ni la alimentación, ni el cuidado del monte, ni la educación de los niños pasa por el gobierno. De todo eso nos hemos hecho cargo nosotros, porque nuestra fortaleza es nuestra organización comunitaria”.
En síntesis, una claridad se gesta en México con vínculos que crecen, se afianzan y fortalecen. La claridad de la gente común, que sigue creyendo en la socialidad, en la comunidad, en la organización. Todas esas personas, y otras muchas que ya caminan los montes de nuestro país sabemos que cuando nos tomamos las manos, el arremolinamiento no nos ahoga ni nos lanza al vacío o al abismo. Más bien nuestras manos y nuestras miradas nos mantienen firmes ante la turbulencia.
Fuente: Desinformémonos