Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Las organizaciones firmantes nos manifestamos en contra de la violencia e impunidad imperante en el Valle del Bajo Aguán (Honduras) donde continúan los asesinatos de campesinos y otras graves violaciones en contra de los derechos humanos.

"Las acciones legales presentadas ante el Ministerio público por los delitos de difamación, coacción, amenaza, calumnia e injuria contra los líderes mencionados, son decisiones políticas de intimidación y de limitar la oposición de las organizaciones indígenas contra la imposición del Reglamento de Consultas."

"En los últimos días se ha sucedido el libramiento de órdenes judiciales de detención y allanamiento contra miembros del Mocase, en una nueva oleada de criminalización de la protesta social y la lucha por tierra para alimentar a los pueblos y no para el agronegocio."

El Bajo Aguán, se ha convertido en tierra de nadie, donde la vida de los campesinos organizados vale menos que los cultivos de palma africana que enriquecen a los terratenientes. Para analizar esta situación conversamos con Gilberto Ríos, secretario ejecutivo en Honduras de FIAN Internacional.

El pasado 9 de Junio del 2011 el movimiento campesino hondureño aglutinado en la vía campesina y La Alianza por la Soberanía Alimentaria y La Reforma Agraria (SARA) y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), en un acto de solidaridad con las y los campesinos del Aguan realizaron una gran movilización en Tegucigalpa.

Diálogo con Deolinda Carrizo del MNCI - Vía Campesina Argentina tras las órdenes de detención y allanamiento.

O governo federal anunciou ações para evitar novas tragédias na Amazônia, como os assassinatos das lideranças rurais Maria e Zé Cláudio, no Pará, e Adelino Ramos, em Rondônia. Sem medo de estar enganado, e ainda sem o detalhamento exato das ações, tenho a certeza de que – mais um vez – isso não vai dar certo.

Los campesinos José Recinos, Genaro Cuestas, y Joel Santamaría, fueron asesinados el día domingo 5 de junio, en la Finca San Isidro, a manos de miembros de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Seguridad y sicarios al servicio de los palmeros de la muerte, corroborándose una vez más la impunidad existente en Honduras.