Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

La guerra en el departamento del Cauca no cesa, como tampoco la afectación a la población civil, producto del enfrentamiento entre los actores armados. El primer mes del año muestra situaciones de desplazamiento masivo y amenazas contra la vida de comunidades y líderes sociales indígenas, campesinos y afrodescendientes.

El domingo 23 de enero se cumplieron dos meses de la represión y desalojos a la comunidad Qom en Formosa, que tuvo como consecuencia la muerte de Roberto López. Más de un centenar de personas se acercaron a la ruta nacional Nº 86 y decidieron que el 23 de cada mes dicha comunidad se reunirá para recordarlo.

Por meio de habeas corpus impetrado pelos advogados da Rede social de Justiça e Direitos Humanos e do Setor de Direitos Humanos do MST, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, determinou o trancamento do processo crime instaurado na Comarca de Lençóis Paulista/SP contra todos os trabalhadores rurais sem terra acusados da prática de crimes durante a ocupação da Fazenda Santo Henrique – Sucocitrico-Cutrale – entre 28/9 e 7/10/2009.

"Exigimos al estado de Guatemala y a sus gobernantes que se dé un alto inmediato a la persecución y criminalización de la resistencia pacífica de las comunidades organizadas por la defensa de sus fuentes de agua, los bosques y la biodiversidad especialmente a quienes han empeñado sus esfuerzos en defender la Montaña de las Granadillas."

El martes 18 de enero, el Grupo Especial de Operaciones de la Policia (GEOP) de Neuquen realizó un allanamiento en la Comunidad Paichil Autónoma (Villa La Angostura): cinco personas de la comunidad fueron detenidas.

La Coordinadora Nacional Indígena y Campesina -CONIC- denunció que el la Policía Nacional Civil, guarda recursos y representantes del Fondo de Tierras FONTIERRAS, violan los derechos de los pobladores de Cobàn Alta Verapaz, aprovechando el Estado de sitio declarado por el gobierno desde el pasado 19 de diciembre de 2010.

La Justicia allanó una estancia en San Pedro, donde 69 trabajadores eran presuntamente reducidos a condiciones de servidumbre. Detuvieron a un directivo de la empresa y a cuatro capataces.

Las empresas trasnacionales de granos Nidera y Southern Seeds Production SA (SSP) mantenían encerrados a 130 trabajadores, y a otros 69, respectivamente –incluyendo adultos, adolescentes y niños–, en condiciones de servidumbre y en clara violación a los derechos humanos básicos y laborales, en establecimientos rurales de San Pedro, a poco más de cien kilómetros al oeste de esta capital.