Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

La Coordinadora Nacional Indígena y Campesina -CONIC- denunció que el la Policía Nacional Civil, guarda recursos y representantes del Fondo de Tierras FONTIERRAS, violan los derechos de los pobladores de Cobàn Alta Verapaz, aprovechando el Estado de sitio declarado por el gobierno desde el pasado 19 de diciembre de 2010.

La Justicia allanó una estancia en San Pedro, donde 69 trabajadores eran presuntamente reducidos a condiciones de servidumbre. Detuvieron a un directivo de la empresa y a cuatro capataces.

Las empresas trasnacionales de granos Nidera y Southern Seeds Production SA (SSP) mantenían encerrados a 130 trabajadores, y a otros 69, respectivamente –incluyendo adultos, adolescentes y niños–, en condiciones de servidumbre y en clara violación a los derechos humanos básicos y laborales, en establecimientos rurales de San Pedro, a poco más de cien kilómetros al oeste de esta capital.

En el corazón árido y salitroso de Santiago del Estero están Atamisqui y otros pueblos donde son contratados los trabajadores golondrina, como los que tenían Nidera y otras empresas en condiciones infrahumanas en la zona de San Pedro.

"Las Defensoras de los Derechos Humanos son mujeres que en forma individual o integradas a un grupo se dedican a la promoción y protección de los Derechos Humanos y realizan acciones para contribuir a la erradicación de todas las violaciones de los derechos y las libertades fundamentales reconocidos universalmente."

Helicópteros a baja altura y otros hostigamientos y daños han sufrido comunidades por oponerse a planta de cemento. Las doce comunidades kaqchikeles del occidente de San Juan Sacatepéquez en resistencia frente a la imposición ilegal de las operaciones de la empresa cementera en nuestro territorio, con el consiguiente daño provocado y la criminalización efectuada en contra de nuestros lideres. Ante la comunidad nacional e internacional.

Fiscalía peruana pidió 13 años de prisión para opositor a proyecto minero.

El régimen de facto bajo las órdenes del magnate poseedor de más 250,000 hectáreas de tierra Miguel Facusse, se apresta a ejecutar un desalojo violento de humildes campesinos y campesinas que acompañados de sus familias han tomado la carretera que conduce de Tocoa a Trujillo en el departamento de Colon, a la altura de la comunidad Guadalupe Carney.