Megaproyectos

En plena pandemia, la presa Pilares comenzó a llenarse. La comunidad de Chorijoa, del ejido Guarijíos-Burapaco, fue inundada. Sus tierras, árboles frutales, cercos, vegetación tradicional, platas medicinales están desapareciendo bajo el agua. Conforme el embalse se llena, el territorio ancestral de la tribu makurawe se pierde.

Desconociendo las consecuencias de todo lo que podría derivar, comisariados ejidales de Campeche denunciaron que fueron presuntamente presionados a firmar el contrato de una empresa que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) envió para las gestiones de los derechos de vía para el Tren Maya.

Luego del análisis de un extenso expediente, el Primer Tribunal Ambiental decidió la clausura total y definitiva de la iniciativa y mantuvo la multa de más de $7 mil millones impuesta por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).

En Panamá aun persiste la ingobernabilidad socioambiental, producto de políticas estatales irracionales que no mitigan la crisis ambiental global y que pone en riesgo la biodiversidad. Para las comunidades rurales como organizaciones ambientalistas su lucha no ha claudicado contra el despojo de bienes ecológicos, que representan el patrimonio del país.

La lideresa social del Movimiento Ríos Vivos, María Cecilia Muriel, habitante del municipio de Valdivia, quien hace parte de la Coordinación General (máxima instancia del Movimiento) y de las juntas Directivas de la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y la Vida (AMARU) y de la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia (AMPA) articuladas en Ríos Vivos, debido a las amenazas que ha venido sufriendo, decidió cambiar de vivienda después de una compleja reunión sostenida con autoridades locales en la que aumentó su situación de riesgo.

Seguir siendo lo que son es la demanda profunda de quienes habitan el territorio mexicano desde antes de que lo fuera. Son 68 los pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas que mantienen tierras, recursos naturales, culturas, lenguas y organización ancestral en todo México. Sobre sus territorios se pretende la construcción de diversos proyectos que promueven el desarrollo, pero, como se preguntaba Samir Flores Soberanes, defensor nahua y comunicador comunitario asesinado en febrero pasado, “desarrollo para quién”.

La Coordinación Metropolitana Anticapitalista-Antipatriarcal y del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) interpuso un amparo indirecto en el Juzgado Decimoquinto en la Ciudad de México contra los megaproyectos federales del Tren Maya, Corredor Transístmico, Proyecto Integral Morelos, la Refinería Dos Bocas y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, por las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.

La manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto del Tren Maya tiene inconsistencia en los datos, no contempla el impacto cultural y tampoco tiene mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero, señalaron expertos del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la UNAM.