Semillas

Por 3 votos contra 2, la Comisión de Agricultura del Senado aprobó el 29 de julio, a puerta cerrada, el proyecto de Obtentores Vegetales. El proyecto entrega poderes monopólicos y de policía a las empresas transnacionales productoras de semillas híbridas y transgénicas

Pese a que desde hace unos 15 años en Chile es legal registrar semillas, todavía la producción de semillas permanece en manos de muchos y muchas agricultores. Por eso la fruta y verdura que compramos en las ferias libres proviene de la pequeña y mediana agricultura campesina, sustentada en su propia autonomía de producción.

El debate por la reforma de la ley de semillas en Argentina enfrenta a las firmas transnacionales productoras de especies transgénicas con organizaciones sociales, académicas y rurales que se resisten al avance del monocultivo en defensa de la biodiversidad y de la soberanía alimentaria.

Organizaciones y movimientos campesinos nucleados en el Movimiento Nacional Campesino Indígena/ CLOC – Vía Campesina están reimpulsando en todo el país la campaña para frenar la privatización de las semillas.

El pasado 11 de junio la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico realizó una audiencia pública sobre el proyecto de ley 624, el cual pretende regular las semillas agrícolas del país. Como he declarado en un comunicado anterior, el proyecto en cuestión parece hecho a la medida de Monsanto y otras corporaciones transnacionales semilleras.

A cada embate de las empresas transnacionales que manejan las semillas transgénicas, los pueblos responden con acciones para conservar su biodiversidad y cultivos tradicionales.

Hace un par de semanas la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, presidida por el senador popular Ramón Ruiz Nieves, realizó una audiencia pública en torno a un proyecto de ley para reglamentar la producción, venta y distribución de semillas en el país.

Edición Especial que recoge los mejores textos publicados durante los últimos veinte años: "la revista se ha constituido en un referente importante en el debate público sobre políticas ambientales y rurales en Colombia, y especialmente ha sido un espacio que propende por la defensa de los derechos de la naturaleza y de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas sobre sus territorios, sus recursos naturales, su biodiversidad, y su soberanía alimentaria."