Ecuador: el gobierno de Correa es la punta de la lanza de penetración de las mineras transnacionales, y la nueva constitución afina las aristas

Dejando sentado en primer lugar que lógicamente no se acogió nuestra demanda de que la Asamblea Constituyente con plenos poderes declare a Ecuador "libre de minería a gran escala", al analizar el proyecto de nueva Constitución a ser aprobado en el referéndum, lo primero que llama la atención es que de entrada ya nos plantean que el dueño de los "recursos naturales" es el Estado. En el Art. 1, en el párrafo 3 dice: "Los recursos naturales del territorio del Estado pertenece a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible."; y esta propiedad del Estado sobre los recursos naturales, en especial los no renovables entre los que están los minerales, es un eje transversal en toda la Constitución. Así vemos que también en el Art. 408 se señala: "Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico…"

Si bien en la Constitución del 98 ya se establecía esta propiedad del Estado sobre los recursos naturales, incluidos los minerales (Art. 247, 248), es sintomático que en el actual proyecto constitucional se recalque tan insistentemente en que "los recursos no renovables "pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado" (Art. 317), en momentos en que las comunidades estamos resistiendo contra los megaproyectos mineros y el gobierno abiertamente se ha posesionado a favor de la explotación de los yacimientos por las corporaciones transnacionales.

Este estatismo socialdemócrata, que nada tiene que ver con nacionalización –mucho menos con Socialismo, dicho sea de paso-, y que se justifica en la supuesta oposición al neoliberalismo, oculta como el gobierno pro-imperialista de Correa está allanando el camino para una mayor penetración de los capitales transnacionales saqueadores de "recursos naturales", en especial los mineros. Sin profundizar en la naturaleza de clase del Estado, que lo abordaremos más a fondo en otros artículos, diremos únicamente que el Estado es de las clases dominantes de este país, y sus representantes políticos que se turnan en los gobiernos, sean de nuevo o de viejo cuño, están para servir y defender los intereses de dichas clases, y por supuesto de los amos extranjeros que dominan y explotan a nuestra nación. Este Estado no es del pueblo, no representa los intereses populares, mucho menos como se cree comúnmente que "el Estado somos todos". El Estado pertenece a las clases económica y políticamente dominantes que son aliadas de los grandes consorcios transnacionales que nos dominan, saquean y empobrecen. Se entiende entones porque remarcan tanto en el hecho de que los recursos naturales son del Estado, es decir, de la estructura burocrática, jurídica, militar de las clases dominantes, que protege los intereses del capital nacional e internacional. Se entiende también por qué no fue recogido por la Asamblea Constituyente el planteamiento de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía para que se escribiera en la nueva Constitución: "El pueblo ecuatoriano recupera para sí la propiedad absoluta y exclusiva, así como la titularidad patrimonial inalienable e intransferible del agua, biodiversidad, bosques, petróleo, minas, gas y demás recursos naturales, ubicados en el territorio de la República y en sus aguas territoriales".

Todo lo contrario, la nueva Constitución además de remarcar en la propiedad del Estado, apuntala el hecho de que las clases dominantes no quieren que el pueblo tenga poder de decisión sobre los "recursos naturales", cuando señala en el capítulo correspondiente a los DERECHOS DE LAS COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES, Art. 57, numeral 7 sobre la Consulta Previa: "… Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley." Esto nos remite al Art. 398: "Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al medio ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se le informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado….

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley." En el caso de la minería, y con semejante proyecto de ley pro-imperialista, antipopular que se pretende aprobar, quien tomará la decisión será el Ministerio de Minas y Petróleos, o el propio Presidente, entonces no se entiende ni para que nos van a venir a consultar, si aunque nos opongamos la minería "va porque va" según el gobierno.

Y para que no quede dudas sobre quién tomará las decisiones se señala en el Art. 261, sobre el Régimen de Competencias: "El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:… 7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales… 11. Los recursos energéticos: minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales". A lo que se añade que "El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar" los denominados "sectores estratégicos", entre los que están "…la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables…", y también el agua (Art. 313). Esto ya se operativiza en el propio texto constitucional en el Art. 407: "Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular." Con lo que, ni las áreas protegidas estarán protegidas de los gobiernos serviles, que como el actual, están entregando en bandeja de plata el país a las transnacionales mineras.

La gran paradoja de los "avances" logrados en esta Constitución es que, mientras se declara derechos a la naturaleza y el derecho humano al agua, se remarca permanentemente la propiedad del Estado sobre los "recursos naturales", en especial de aquellos definidos como estratégicos entre los que están los minerales y el agua. Esto reafirma la "expropiación constitucional" de nuestros territorios y de nuestros ecosistemas, que con ansias esperan explotar las mineras, petroleras y demás depredadores. En lugar de devolver este patrimonio al pueblo, lo que hará la nueva Constitución es legalizar el despojo que se ha venido dando desde gobiernos anteriores, pues vía concesión, subasta, contratos, "delegación", empresas "mixtas", o lo que sea, el Estado permitirá al capital transnacional acceder a los minerales. Y eso, en la práctica, es lo que importa.

Aceptemos que el romanticismo de algunos les hace creer que es un gran logro el reconocimiento de derechos a la naturaleza o del derecho humano al agua, pero el pragmatismo de nuestros actuales gobernantes hecha por tierra todas eses ilusiones reformistas: el Mandato Minero está quedando en el limbo, en lugar de aplicarlo, el Ministerio de Minas y Petróleos, aplaude la transacción que hizo Aurelian con Kinross, con lo que el territorio del pueblo de Yantzaza vuelve a pasar de manos en las bolsas de valores mineras; el Vice Ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, viajó a la India para promocionar al país como el futuro paraíso minero, sobre todo cuando sea aprobado el nuevo marco legal, que comenzará con la Constitución, para actos seguido tratar de aprobar la nueva ley minera en el Congresillo; sumisamente se aceptan las presiones de las corporaciones mineras, a través del estado y gobierno canadienses, así lo demuestra la visita del Ministro de Comercio Exterior, Michael M. Fortier al Ministro de Minas y Petróleos, y recordemos que cuando se emitió el Mandato Minero, el embajador de Canadá junto con los representantes de las empresas mineras de ese país se reunió con Correa. Incluso se habla de la venida del propio Primer Ministro canadiense, Stephen Harper.

Las clases dominantes criollas y foráneas quieren reafirmar su propiedad sobre los "recursos naturales" y reservarse expresamente el derecho de decisión, poniendo una mordaza constitucional a las comunidades afectadas por las mineras y otras industrias extractivistas. Pero más allá de la Constitución y las leyes está la decisión del pueblo soberano de defender la vida. Los acontecimientos seguirán mostrando el carácter reaccionario, filo-fascista del actual gobierno y su nueva Constitución.

COORDINADORA CAMPESINA POPULAR DE MORONA SANTIAGO

FILIAL DE LA COORDINADORA NACIONAL POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y LA SOBERANÍA

¡POR UN ECUADOR LIBRE DE MINERÍA A GRAN ESCALA!

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Fuente: Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y La Soberanía