El madereo ilegal. Boletín N° 98 del Movimiento Mundial por los Bosques

La explotación legal de los bosques puede ser, en muchos casos, tan perjudicial como la ilegal; es posible incluso encontrar ejemplos que demuestran que la última es a veces más favorable para la sociedad y el medio ambiente que la primera. Esto no significa de manera alguna que el WRM apoye el madereo ilegal. Lo que significa es que la cuestión madereo legal versus madereo ilegal es muy compleja, y que los enfoques simplistas pueden ser peligrosos. La importancia del madereo ilegal en la destrucción de los bosques varía de un país a otro, al igual que el impacto de las actividades legales

WORLD RAINFOREST MOVEMENT
MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES

Secretariado Internacional
Maldonado 1858, Montevideo, Uruguay
Correo electrónico: wrm@wrm.org.uy
Página web: http://www.wrm.org.uy
Editor: Ricardo Carrere

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B O L E T I N 98

Setiembre 2005 - Edición en castellano

Este boletín está también disponible en francés, inglés y portugués. Si desea recibirlo en alguno de estos idiomas comuníquese con nosotr@s.

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EL TEMA CENTRAL DE ESTE NÚMERO: EL MADEREO ILEGAL

El madereo ilegal ha sido señalado como una de las causas principales de la destrucción de los bosques a través de campañas organizadas por distintas ONG, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, el tema no es tan simple como parece a primera vista. La explotación legal de los bosques puede ser, en muchos casos, tan perjudicial como la ilegal; es posible incluso encontrar ejemplos que demuestran que la última es a veces más favorable para la sociedad y el medio ambiente que la primera.

Esto no significa de manera alguna que el WRM apoye el madereo ilegal. Lo que significa es que la cuestión madereo legal versus madereo ilegal es muy compleja, y que los enfoques simplistas pueden ser peligrosos. La importancia del madereo ilegal en la destrucción de los bosques varía de un país a otro, al igual que el impacto de las actividades legales. Creemos que lo más importante no es la cuestión de la legalidad sino saber si las actividades forestales, tanto legales como ilegales, son favorables o perjudiciales para la sociedad y el medio ambiente.

Dada la complejidad del asunto hemos pedido a algunas personas que compartan sus conocimientos y opiniones sobre diferentes aspectos del problema. Los siguientes artículos son el resultado de ese esfuerzo; esperamos que nos ayuden a tener una perspectiva más amplia y profunda sobre el tema.

En este número:

* NUESTRA OPINION

- ¿La aplicación de las leyes forestales y el buen gobierno son la respuesta?

* EN BUSCA DE RESPUESTAS

- ¿Madereo ilegal o madereo insustentable?

- ¿Legalizar las actividades de madereo promueve la sustentabilidad o acaso deberíamos preocuparnos por el madereo destructivo?

- El Plan de Acción FLEGT para la Unión Europea: ¿avance o retroceso?

* CASOS DE MADEREO ILEGAL

- El proceso de Aplicación de las Leyes sobre Bosques y Gobernanza en África: promesas y realidades

- Costa Rica: legalizar el madereo ilegal e ilegalizar el madereo legal

- La explotación ilegal y destructiva continúa devastando bosques y comunidades en la Amazonia peruana

- Madera ilegal en Indonesia: experimentos con la Verificación Legal

- El madereo ilegal de APP en China

- El madereo legal e ilegal detrás de la deforestación en la India

- Contradicciones en las políticas europeas de contratación pública de madera

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* NUESTRA OPINION

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- ¿La aplicación de las leyes forestales y el buen gobierno son la respuesta?

Las empresas y los gobiernos involucrados en el comercio internacional de maderas tropicales tienen una mala imagen, bien merecida por cierto. La mayor parte de sus actividades han provocado la destrucción generalizada de bosques y violaciones a los derechos humanos en numerosos países, en tanto que la corrupción ha estado presente en muchas de ellas. Habiendo sido blanco de fuertes campañas organizadas por distintas ONG, algunos de esos mismos actores parecen querer ahora mejorar su desempeño, tanto en el madereo como en el comercio internacional de la madera.

Esto ha dado lugar a los procesos de Aplicación de las Leyes sobre Bosques y el Buen Gobierno (FLEG, por su sigla en inglés), que se ocupan de este asunto particularmente en los bosques de Asia y África, al tiempo que la Unión Europea ha lanzado una iniciativa similar para combatir la importación de madera de origen ilegal en sus estados miembros.

Tal como lo expresa su nombre, el enfoque del FLEG está centrado principalmente en dos temas: aplicación de las leyes y buen gobierno. El razonamiento detrás de esto es que mientras la legislación forestal sea acatada y los gobiernos cumplan con su rol adecuadamente, el resultado será positivo para los bosques. Como consecuencia, el comercio internacional podrá seguir desarrollándose con una imagen limpia, bajo el estandarte de la legalidad.

Este enfoque está basado en el supuesto implícito de que las leyes son básicamente buenas y que los gobiernos son legítimos, simplificando así la tan compleja cuestión de los bosques y los pueblos de los bosques, y dejando afuera – o en el mejor de los casos al margen – el tema crucial de la propiedad de los bosques.

En la mayor parte de los países tropicales, la ley establece que los bosques son propiedad del Estado, el cual tiene derecho a otorgar concesiones de madereo a empresas privadas. Como resultado de ello, las compañías que operan en dichas concesiones lo hacen dentro de la ley. Si dichas empresas actúan de acuerdo con las reglas (por ejemplo respetando la cuota de corte anual permitida, los límites de la concesión y otros requisitos legales), y si los funcionarios del gobierno aplican a su vez las normas al controlar las actividades de las empresas privadas, entonces se considerará que el sector forestal está actuando “legalmente” y que se ha logrado un “buen gobierno”.

Sin embargo, desde una perspectiva comunitaria el panorama es totalmente diferente. Tanto para los pueblos que habitan los bosques como para los que dependen de éste, esas leyes son ilegítimas y no deberían ser aplicadas; fueron creadas en la época colonial y luego adoptadas por los gobiernos post-coloniales para servir a los intereses de las elites locales y de las empresas extranjeras, en su mayoría con sede en las antiguas metrópolis. Para esos pueblos, la aplicación de las leyes y el buen gobierno en materia de bosques implican el fortalecimiento de una situación que va en contra de su voluntad e intereses, y que ellos nunca han aceptado como justa.

Desde su perspectiva, la tala ilegal y la corrupción a nivel de empresas y gobierno no son los mayores problemas. El verdadero problema es la explotación destructiva de sus bosques por parte de actores externos y las violaciones a los derechos humanos que esta actividad conlleva, más allá de que la actividad sea legal o ilegal.

Legalidad no es necesariamente sinónimo de legitimidad, y eso es precisamente lo que se debe lograr: que ambas coincidan. Para que esto suceda, las leyes deben ser cambiadas drásticamente. Los gobiernos y la sociedad civil deben reconocer el derecho legítimo de las comunidades de los bosques a través de una legislación adecuada que establezca que los bosques son de propiedad de la comunidad.

Reconocer tales derechos sería el primer paso en la dirección correcta (aunque no el único). Sólo entonces las comunidades locales considerarían positiva la aplicación de las leyes, y un buen gobierno tendría sentido. Mientras esto no suceda, seguiremos considerando ilegítimo gran parte del comercio “legal” de maderas tropicales, y viendo como intrusos en tierras ajenas a las empresas involucradas.

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* EN BUSCA DE RESPUESTAS

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- ¿Madereo ilegal o madereo insustentable?

¿Es la dicotomía madereo legal-madereo ilegal la que debería regir en una política de conservación de bosques? Se entiende que existe madereo ilegal cuando la madera --convertida en un negocio rentable a ser explotado-- es cosechada, transportada, comprada o vendida infringiendo las leyes nacionales. Pero las leyes difieren ampliamente de un país a otro, por lo que no es posible hacer una distinción entre madereo legal e ilegal a escala mundial en la medida que no existen normas internacionales al respecto. Quizá en cada caso las preguntas a formular sean: ¿qué es legal? ¿qué debería ser legal? ¿lo legal es legítimo?

Aunque legales ¿hasta qué punto son legítimas las concesiones de madereo industrial otorgadas a empresas europeas en África, donde explotan más de 11 millones de hectáreas de bosques, en muchos casos restándoles el lugar que les correspondería a las comunidades locales para realizar un manejo comunitario de sus recursos?¿Es legítimo el madereo de caoba en Brasil para la fabricación de muebles suntuarios en EE.UU., Reino Unido, Holanda o Alemania, afectando miles de hectáreas de bosque por cada concesión y alterando el ciclo hidrológico, degradando el suelo, aumentando la temperatura de la superficie y liberando dióxido de carbono almacenado en los árboles a la atmósfera? ¿Qué legitimidad tiene el madereo en Finlandia por la compañía estatal Metsähallitus en bosques primarios que son territorio ancestral de los Sami, quienes ven así amenazadas su forma de vida y sustento, su cultura y sus derechos humanos? En ese sentido, la definición de lo que es legal no debería quedar separada de la cuestión de si lo legal se basa realmente en normas que la mayoría de la gente siente en cierta forma como propias. Puede ocurrir que lo que es ilegal para las comunidades indígenas sea perfectamente legal para el gobierno y los concesionarios forestales. Por eso, si bien la tala ilegal a menudo es presentada como una cuestión de que lo que se trata es de aplicar la ley, las disposiciones legales a menudo refuerzan relaciones injustas o desconocen los derechos consuetudinarios.

En países donde la legislación forestal no es considerada legítima por gran cantidad de gente, centrarse en esas leyes al abordar el tema de la ilegalidad podría implicar perpetuar las desigualdades sociales. En Indonesia, por ejemplo, la constitución de 1945 determinó que el Estado tiene el control sobre todos los bosques. La legislación forestal de 1999 se construye a partir de este concepto y clasifica explícitamente los bosques de los pueblos indígenas como bosques estatales y le da al Ministerio Forestal jurisdicción legal para manejar esos recursos forestales. En el marco de una política económica de explotación de los recursos naturales para su exportación, recomendada y apoyada financieramente por organismos internacionales, el gobierno otorga a las compañías madereras, entre otras, derechos sobre vastas extensiones de tierras de bosques que la población local había considerado suyas. El resultado es la pérdida de bosques y numerosos conflictos en materia de derechos humanos.

Más allá de la legitimidad de las acciones legales de las empresas madereras, son éstas y la cadena de intermediarios las que, ampliando su negocio con actividades ilegales, constituyen el grueso del madereo ilegal que, vinculado al comercio internacional ilegal provoca la destrucción de los bosques, introduce y alienta la corrupción, hace perder a los gobiernos miles de millones de dólares por concepto de evasión fiscal y financia conflictos armados, entre otros males. Aún así, en algunos casos se suele responsabilizar a las víctimas –comunidades desplazadas y empobrecidas- de la explotación y el comercio ilegal de madera, omitiendo considerar en estos casos sus causas subyacentes más profundas. En ese sentido, una simple política contra las prácticas ilegales que iguale las situaciones y no apunte a resolver las causas subyacentes de algunas situaciones especiales de madereo ilegal en que sus actores están lejos de ser agentes de poder, podría hacer más mal que bien. Aun cuando las pequeñas comunidades son las que a largo plazo tienen más para perder cuando se destruyen sus bosques y se roban sus recursos, hay casos, como en Perú, de pueblos indígenas que, hartos de la pobreza y de ver que día a día otros se enriquecen con la madera que sale de sus bosques, quieren obtener un mayor beneficio de sus recursos y muchas veces entran en la cadena de la tala ilegal, a sabiendas de que son explotadas y robadas.

Tal vez de lo que haya que hablar, entonces, sea de madereo sustentable. El madereo legal puede ser insustentable y el madereo sustentable puede ser ilegal. Si el objetivo principal es la sustentabilidad, entonces habría que apuntar a actividades sustentables, y eso podría implicar, pues, la legalización de actividades hoy ilegales y la ilegalización de otras hoy legales. Dicho así puede parecer un tema meramente legal. Creemos que nada más lejos de eso. Bastantes procesos hay centrados en la aplicación de la ley, como lo describirán los artículos referidos al FLEGT (Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales) impulsado por la Unión Europea, que no aportan soluciones reales.

Una vez más habrá que considerar el modelo de producción, comercialización y consumo sobre el que se asienta el madereo ilegal. Veremos que está dominado por grandes empresas que generan beneficios a corto plazo con la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Que la comercialización corre por cuenta de una cadena de gigantes que alimentan un consumo frenético y derrochador. Y que esos agentes dominan el escenario mundial. Como en otros sectores, habrá que apostar a los procesos y soluciones locales que desde la decisión de las comunidades podrán traer cambios, ya sea frenando la destrucción como propiciando la construcción de otros modelos no destructivos.

Por Raquel Núñez, Movimiento Mundial por los Bosques (WRM), correo electrónico: raquelnu@wrm.org.uy . Basado en información obtenida de: "The need to control transnational forestry corporations: a European case study", http://www.forestsmonitor.org/reports/solddownriver/cover.htm ; “Opciones para Europa. El control de la importación de madera ilegal”, Royal Institute of International Affairs (Chatham House) y FERN, http://www.fern.org/pubs/reports/options2_sp.pdf

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- ¿Legalizar las actividades de madereo promueve la sustentabilidad o acaso deberíamos preocuparnos por el madereo destructivo?

El madereo ilegal ha sido probablemente el asunto más discutido del sector forestal en la esfera internacional de estos tiempos y ha concitado una creciente atención en los últimos diez años. Los gobiernos, las industrias de la madera, las instituciones financieras internacionales y las ONG parecen estar de acuerdo en que es uno de los temas más importantes que es necesario abordar. También se ha discutido en algunas reuniones de alto nivel.

Las conversaciones del Grupo de los 8 [países desarrollados] propiciaron una serie de conferencias relativas a la Aplicación de Leyes sobre Bosques y Gobernanza (FLEG) coordinadas por el Banco Mundial en distintos lugares entre los que se cuentan Asia Oriental (Bali-Indonesia, setiembre de 2001) y África (Yaoundé, octubre de 2003). Se están planificando otras para Europa y Asia Septentrional (noviembre de 2005) y posiblemente para América Latina. En los países europeos, la Comisión Europea promueve la FLEGT (Aplicación de las Leyes, la Gobernanza y el Comercio Forestales). En la actualidad, la FLEG de Asia Oriental se ha convertido en un “acuerdo marco internacional” para los tratados bilaterales entre Indonesia (productor) y países consumidores como el Reino Unido, China y Noruega.

Además, en Indonesia se ha puesto en práctica un proyecto piloto sobre normas de legalidad, apoyado principalmente por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DfID), a pesar de las numerosas críticas realizadas por ONG locales, según las cuales dicho proyecto se está llevando a cabo precipitadamente (véase: http://www.illegal-logging.info/news.php?newsId=914 ).

El sistema se diseñó para permitir a los países productores satisfacer las necesidades de nuevos mercados, en especial el europeo, con productos cuya legalidad pueda verificarse en forma independiente. Esto se trasladó a las empresas madereras de Indonesia y también de otros países productores. Se les dijo que los mercados exigían a los proveedores madera legal verificable en forma independiente y, de ser posible, madera sustentable certificada.

Con este fin, se pensó que una auditoría de las prácticas de cosecha de la madera podría tranquilizar a los compradores al garantizar que la extracción de la madera cumplía las leyes forestales. Se pensó que un nuevo sistema de trazabilidad de los troncos brindaría nuevas garantías sobre la legalidad de las exportaciones de madera.

Continúa vigente la pregunta: ¿qué es la legalidad, una herramienta para promover la sustentabilidad o un mero mecanismo del mercado para garantizar el suministro continuo de madera?

En realidad el “madereo ilegal” no es nuevo, pues en la historia de la actividad forestal consta que el fenómeno podría ser tan antiguo como la misma explotación comercial de los bosques. Hoy se ha tornado un asunto importante debido en particular a su enorme escala e intensidad durante la última década. En Bolivia, Brasil (Amazonía), Camboya, Camerún, Colombia, Ghana, Indonesia, Myanmar y el Lejano Oriente ruso se convierte en el tema principal porque la cantidad de madera proveniente de fuentes ilegales supera con creces la de la madera legal.

Sin embargo, sacarlo de contexto podría llevar a la simplificación de los complejos problemas en torno al sector forestal. Además, podría darse la idea incorrecta de que se trata del único problema forestal y que garantizar su legalidad debería bastar para resolverlo. En países con sistemas y marcos legales poco claros y corruptos, como por ejemplo Indonesia, los términos “madereo ilegal” y “aplicación de la ley” no son solamente oscuros y confusos sino que también tienen el potencial de acarrear consecuencias legales negativas para las personas comunes y corrientes, que a menudo están sujetas a leyes injustas.

En muchos países gobernados por regímenes autoritarios, la mayoría de las leyes forestales son injustas y desfavorables para los pueblos indígenas y locales. Las leyes que reglamentan los parques nacionales, por ejemplo, a menudo ignoran los derechos de los pueblos indígenas y locales e incluso reclaman unilateralmente tierras consuetudinarias. En Indonesia, las leyes que reglamentan las concesiones forestales y madereras violan los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas sobre su tierra o su consentimiento previo e informado. Si la ley se hiciera cumplir, de seguro acarrearía consecuencias negativas para estos pueblos.

En un contexto legal más complicado, los planes de acción para combatir el madereo ilegal son problemáticos debido a las definiciones poco claras de legalidad e ilegalidad. Los funcionarios gubernamentales podrían aducir que algunas prácticas, fundadas en su mayoría en costumbres tradicionales, son ilegales de acuerdo con la ley vigente, pero a su vez los pueblos indígenas y locales alegarían que sus derechos consuetudinarios existían con anterioridad a las leyes nacionales. En países como Indonesia el asunto se complica más con el hecho de que gran parte de los territorios de bosques no han sido registrados oficialmente como exige la ley (por más información sírvase leer: http://www.eng.walhi.or.id/kedai/fsc2n3_book/ ).

Básicamente el madereo ilegal es inherente al madero legal. El madereo ilegal solamente es posible cuando existen actividades legales e industriales. En muchos casos las actividades de madereo ilegal encubren o legalizan la madera que utilizan, proveniente de fuentes ilegales, a través del madereo legal (es decir, blanqueo de madera). Por lo tanto sería muy inocente observar este fenómeno aislado de las actividades de explotación forestal y del sistema forestal en su conjunto, que aducen ser legales pero, de hecho, son destructivos.

Estas formas de enfocar el madereo ilegal finalmente llevan a soluciones pragmáticas o puramente técnicas, como la trazabilidad de la madera, el etiquetado, la vigilancia de la cadena, etc. Tales enfoques no son apropiados para tratar los problemas estructurales o fundamentales arraigados en muchos países, como el procesamiento de madera por encima de la capacidad, la inseguridad de la tenencia de la tierra, la corrupción y el sistema de concesionarios del madereo. Es como un médico que tratara de aliviar los síntomas y no de curar la enfermedad por completo. El médico sólo quiere demostrar que es capaz de ‘curar’ a un paciente y entonces dice: ‘¡Miren, ahora puede volver a trabajar!’.

El sector de la industria, así como el mercado, no se oponen del todo a las campañas contra el ‘madereo ilegal’. Por el contrario, parecen estar a favor de estas campañas, que darán más legitimidad a sus actividades de madereo ‘legal’. Así, los asuntos forestales se reducen tan sólo al aspecto de la legalidad. Desde el punto de vista de la sustentabilidad, puede debatirse qué es más importante: legalidad o sustentabilidad.

En el contexto de los bosques de Indonesia, que vienen siendo degradados y agotados rápidamente, es muy dudoso que la legalización de la actividad de madereo o sus productos asociados pueda promover la sustentabilidad. Para ser realistas habría que centrar la atención en el madereo destructivo y la sustentabilidad. Del mismo modo, para salvar los bosques en situación crítica y los millones de personas que dependen de los bosques, primero habría que plantearse preguntas sobre la existencia del propio madereo comercial. Resumiendo, el “madereo ilegal” podría reducir la cantidad de temas relativos a las actividades de madereo comercial en su conjunto y desviar la atención pública de los debates sobre sustentabilidad y sobre si la actividad de madereo es o no destructiva.

No estoy diciendo que deberíamos olvidar completamente la legalidad o los aspectos legales. Lo que estoy diciendo es que si seguimos con los enfoques existentes, que perciben el madereo ilegal como una parte separada del sistema maderero en su conjunto, simplemente terminaremos legalizando las actividades destructivas. Además de las leyes injustas existentes, las leyes no solamente pueden ser manipuladas (con facilidad) sino que ciertamente lo serán. Al final, las expectativas de los consumidores en cuanto a obtener productos ecológicos no se cumplirán y simplemente se seguirá destruyendo los bosques, pero en forma más ‘legal’.

Los países donantes y las instituciones financieras internacionales (IFIs) a menudo cumplen un doble papel en el sector forestal. Por un lado estimulan a los países productores a combatir el madereo ilegal y por el otro siguen subsidiando o apoyando financieramente a industrias o empresas que contribuyen claramente a la degradación de los bosques, como puede verse en los casos de la industria de la celulosa y el papel y las grandes plantaciones de palma aceitera y madera para celulosa.

Para terminar, la FLEG y sus procesos en curso solamente serán efectivos si pueden: (1) dirigir estos procesos de ‘aplicación de la ley’ hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y locales a sus recursos; (2) iniciar un debate sobre ‘aplicación de la ley’ para combatir la corrupción y reducir la capacidad de la industria de la madera; (3) formular planes de acción políticos en lugar de planes centrados en lo técnico; (4) para las inversiones de los países del Norte, mantener la consistencia y la coherencia entre los intereses políticos y de mercado y las políticas sociales y ambientales.

Por Longgena Ginting, ex director ejecutivo de WALHI/FOE Indonesia y actual co-coordinador de FOEI para las IFI, correo-e: ginting@foei.org

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- El Plan de Acción FLEGT para la Unión Europea: ¿avance o retroceso?

Las ONG europeas estiman que más del 50% de todas las importaciones de madera tropical de la Unión Europea provienen de fuentes ilegales; lo mismo ocurre con más del 20% de todas las importaciones procedentes de bosques boreales. Además en muchos países europeos, especialmente en los del Báltico y Europa del Este, el 50% de todo el madereo, según se estima, es ilegal. Puesto que la UE no tiene mecanismos para controlar las importaciones de madera, cada año “blanquea” grandes volúmenes de madera provenientes de fuentes ilegales. Tras la presión de ONGs ambientales y sociales para enfrentar este asunto, la Comisión Europea adoptó en mayo de 2003 un Plan de Acción sobre Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT).

El Plan de Acción se centra en desarrollar acuerdos de asociación voluntarios bilaterales o regionales con el fin de crear un comité con los principales países productores e importadores de madera. Los países miembros exportadores de madera otorgarían entonces “licencias” declarando “legales” todas las exportaciones de madera a la UE (o a los otros países importadores que se unieran al comité). Inicialmente este plan de licencias abarcaría un ámbito limitado de productos (troncos, madera aserrada y madera contrachapada) y finalmente se extendería a otras categorías. Para instrumentar estos acuerdos de asociación voluntarios la Comisión debe redactar la reglamentación que será la base de un sistema de licencias y permitiría a las aduanas decomisar los productos de la madera que no estuvieran acompañados de estos permisos.

Obviamente este “sistema de licencias” hace surgir un montón de interrogantes, como por ejemplo “¿quién decide lo que es legal?”, “¿quién decide qué madera obtendrá una licencia como legal?”, “¿quién decide cuándo y cómo otorgar una licencia de legalidad?”, “¿qué mecanismos de control se necesita establecer?”, “¿quién se beneficiará con un plan así?”, etcétera.

Además, existe el claro peligro de que los esfuerzos de la UE para reprimir el madereo ilegal con un sistema de licencias de este tipo terminen alentando involuntariamente a los gobiernos nacionales a quitar fuerza a las leyes ambientales existentes en lugar de fortalecerlas. Esto podría llevar al debilitamiento de sus leyes forestales o incluso a la legalización de prácticas ilegales, con el fin de satisfacer a la UE y otros mercados internacionales. Ciertamente todo esto socavaría las luchas locales en pos de una reforma de la legislación forestal.

No obstante, la respuesta de la mayoría de las ONG europeas en relación con el Plan de Acción de la FLEGT ha sido cautelosamente positiva. ¿Por qué?

En primer lugar, el Plan de Acción destaca claramente algunas de las causas subyacentes de la pérdida de los bosques al mencionar que “El reto consiste en asegurarse de que las acciones para afrontar la tala clandestina, en particular la aplicación reforzada de las leyes, no se centren en grupos débiles como los pobres de las zonas rurales, mientras que dejan indemnes a agentes poderosos. Se deberá actuar con cuidado en aquellos países en los que elementos corruptos de la policía y la justicia actúan en connivencia con grandes operativos empresariales ilegales”. Se trata por lo tanto del primer documento de la UE que promueve activamente la reforma de las políticas. Además el Plan de Acción declara que “Las políticas y leyes forestales existentes a menudo promueven operaciones forestales a gran escala, y pueden excluir de su aprovechamiento a los propios nativos. Este trato desigual alimenta resentimientos y conflictos y también obliga a los nativos, que dependen de los recursos forestales, a operar en la ilegalidad, puesto que no tienen otro medio de vida”. Más adelante declara que las comunidades nativas podrían convertirse en importantes aliados en la reducción de la tala clandestina. De donde se desprende que, en términos de resaltar las causas subyacentes de las prácticas de madereo ilegales e insustentables y de proponer posibles soluciones, este Plan de Acción es hasta la fecha el documento más progresista de la UE sobre bosques, abriendo por lo tanto una puerta para volver a discutir asuntos como la reforma de la legislación sobre bosques, los derechos de tenencia y la corrupción.

En segundo lugar, al adoptar el Plan de Acción el Consejo de la Unión Europea demostró ser perfectamente consciente de la naturaleza política de este asunto, puesto que exhortó a la Comunidad Europea y sus Estados miembros a instrumentar el Plan de Acción para:

- Fortalecer los derechos de acceso y tenencia de la tierra, en especial para las comunidades rurales y marginadas y los Pueblos Indígenas;

- Fortalecer la participación efectiva de todas las partes interesadas en la elaboración e instrumentación de las políticas, en especial la de los actores no estatales y los Pueblos Indígenas;

- Aumentar la transparencia en relación con las operaciones de explotación forestal, incluso mediante la introducción de supervisión independiente;

- Reducir la corrupción asociada con el otorgamiento de concesiones forestales y la cosecha y el comercio de la madera.

Por ello el Consejo preparó el camino para la instrumentación del Plan de Acción, que podría abocarse a las causas subyacentes de la pérdida de los bosques tales como derechos de tenencia poco claros e injustos, corrupción, falta de transparencia y falta de participación en la elaboración de las políticas.

En tercer lugar, hasta la fecha el proceso de FLEGT ha creado algún espacio político para que las ONG del Sur, especialmente de Indonesia, Ghana y Brasil, puedan impulsar su propio temario, en el que se incluye la mayoría de los asuntos antes mencionados.

En cuarto lugar, el Plan de Acción va más allá del simple sistema de licencias de FLEGT y también hace un llamado a que los bancos e instituciones financieras tengan en cuenta los factores ambientales y sociales al realizar con la diligencia debida la evaluación de la viabilidad de las inversiones en el sector forestal, algo que se necesita desde hace mucho tiempo, además de pedir a los Estados miembros que consideren la instrumentación de otras medidas tales como legislaciones sobre el blanqueo de dinero y bienes robados. Con esto el Plan de Acción ha abierto un debate sobre la reforma de las instituciones financieras y ha obligado a los Estados miembros a cumplir su propia legislación.

Entonces, por un lado el Plan de Acción de FLEGT, con inclusión del sistema de licencias de FLEGT, tiene el potencial de crear oportunidades para que la sociedad civil impulse soluciones a asuntos muy políticos como los derechos a la tierra y de tenencia, la transparencia, la corrupción y la reforma de las leyes forestales, a menudo muy necesaria. Por otro lado, el Plan de Acción de FLEGT tiene el potencial de socavar las campañas nacionales y locales sobre estos mismos asuntos permitiendo, por ejemplo, que se adopten definiciones estrechas de legalidad, se excluya a los movimientos sociales y ambientales de la elaboración de la definición de legalidad y no se exijan requisitos mínimos para la adhesión a los acuerdos de asociación voluntarios.

Por ello es demasiado pronto para decir si el Plan de Acción de FLEGT tendrá un impacto positivo o negativo. Un motivo no menor es que los textos finales relativos a la reglamentación y el mandato de negociación, donde se detalla el proceso de desarrollo de un acuerdo de asociación, aún no han sido acordados y las negociaciones para los acuerdos de asociación todavía no han comenzado. Lo que está claro es que algunos elementos de la industria de la madera ya están utilizando el sistema de licencias de FLEGT para desviar la atención de la “producción sustentable” hacia la “producción legal”. Lo que también está claro es que algunas coaliciones de ONG están usando con éxito las oportunidades creadas por el Plan de Acción de FLEGT para impulsar soluciones a la corrupción endémica, la falta de transparencia y los conflictos relativos a la tenencia de la tierra. Lo que no está claro es si las delegaciones de la UE, quienes encabezarán las negociaciones sobre los acuerdos de asociación voluntarios, apoyarán estas demandas. Muy a menudo las delegaciones de la UE se han servido del argumento de la soberanía para apoyar los intereses de la industria maderera por encima de los de los residentes locales.

En distintas declaraciones conjuntas, las ONG de Europa y el Sur han explicado en gran detalle las condiciones que creen necesarias para que el sistema de licencias de FLEGT sea efectivo (véase www.fern.org ). Depende ahora de los Estados miembros de la UE decidir si tienen el suficiente coraje como para aceptar la mayoría de estas condiciones. De no ser así, a las ONG de Europa y el Sur no les quedará otra opción que denunciar el sistema de licencias de FLEGT y obligar a sus gobiernos a centrarse en otras medidas, algunas de las cuales se destacan en el Plan de Acción de FLEGT, para enfrentar las causas subyacentes del madereo ilegal y, lo que es más importante, el madereo insustentable.

Por Saskia Ozinga, FERN, correo-e: saskia@fern.org , http://www.fern.org

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* CASOS DE MADEREO ILEGAL

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- El proceso de Aplicación de las Leyes sobre Bosques y Gobernanza en África: promesas y realidades

El proceso de Aplicación de las Leyes sobre Bosques y Gobernanza en África (AFLEG, por su sigla en inglés) sucedió rápidamente al proceso asiático, aunque los resultados prácticos reales del FLEG asiático hayan sido esquivos en aquel momento (y sigan siéndolo hoy).

La AFLEG fue propuesta e impulsada por el Departamento de Estado de EEUU y financiada por el Banco Mundial, aunque nunca quedó claro cuáles serían el propósito exacto y los resultados esperados del proceso. El único “acontecimiento” definido iba a ser una “cumbre” interministerial de la AFLEG, pero incluso los preparativos de la misma fueron caóticos. La cumbre ministerial se pospuso reiteradas veces, evidentemente a causa de que el anfitrión (el gobierno de Camerún) “no estaba listo” y también a causa del temor a posibles ataques terroristas luego del 11 de setiembre.

Antes de la reunión algunos gobiernos y ONGs habían señalado que era muy difícil predecir de qué modo la conferencia podría producir algún resultado significativo si no se tomaba en cuenta la amplia gama de circunstancias diferentes a lo largo y a lo ancho de un continente africano sumamente diverso. Algunos gobiernos y ONGs señalaron que era necesario que cualquier declaración ministerial o plan de acción distinguiera, por ejemplo, la destrucción “ilegal” de los árboles causada por cabras o el uso de la madera como leña en las zonas semiáridas de, para poner un ejemplo, Nigeria, de la necesidad de enfrentar el crimen internacional altamente organizado en el que se enquista gran parte de la industria maderera en los bosques tropicales de la cuenca del Congo.

Lo que ocurrió es que todo esto cayó en saco roto. La declaración ministerial de 30 puntos para la acción emitida por la cumbre, que finalmente tuvo lugar en octubre de 2003 en Yaoundé, resultó muy general y esencialmente imposible de instrumentar y fue criticada por las ONG africanas.

Con la ayuda de la las organizaciones Rainforest Foundation, Forests Monitor y CED de Camerún, las ONG de la cuenca del Congo elaboraron una serie de estudios de caso muy detallados con ejemplos de los problemas que los gobiernos de la región deben resolver. Una de las conclusiones clave a las que llegaron los distintos autores del informe fue que el simple “fortalecimiento de la aplicación” de las leyes forestales africanas no sería muy útil, puesto que las leyes en gran medida atentan contra el medio ambiente, los pobres y las comunidades. A pesar de la opinión generalizada de que este documento fue el aporte más importante a la reunión, no provocó ninguna respuesta, ni entonces ni después, de parte tanto de los gobiernos como de los organismos internacionales que apoyan la iniciativa AFLEG [ http://www.rainforestfoundationuk.org/s-Congo%20Basin%20Forests%20and%20the%20Law ].

Por supuesto que la cumbre ministerial debería haber sido el comienzo del proceso más que su conclusión. En general las declaraciones ministeriales en cualquier contexto deben ser tratadas con mucha cautela; la cuenca del Congo tiene una larga y deprimente historia de valiosas declaraciones ministeriales sobre manejo y conservación de bosques que resultaron en cero acción. El proceso de la AFLEG no parece ser la excepción; es muy poco lo que ha ocurrido realmente después de la reunión ministerial.

El Departamento de Desarrollo Internacional del gobierno del Reino Unido ha financiado a la UICN para que ésta lleve a cabo un proceso de seguimiento que incluya a los “múltiples interesados”, pero no queda claro qué se ha logrado hasta ahora, si es que algo se ha logrado. Mientras tanto la Unión Europea ha escogido algunos países africanos, entre los que se cuenta Camerún, para mantener conversaciones bilaterales sobre “acuerdos de asociación voluntaria”, aunque tales acuerdos exigirían el consenso en cuanto a la definición de “legalidad”, algo que en el contexto africano probablemente resulte extremadamente problemático.

Dejando de lado las dudas sobre la posibilidad de que la AFLEG proponga alguna medida significativa incluso dentro su estrecho campo de acción, un enfoque tal omite completamente el tratamiento de todos los problemas graves y subyacentes del manejo de los bosques en muchas partes de África; incluso las actividades de madereo industrial legal son ambiental, social y económicamente insustentables. La necesidad más urgente es la reforma de los sistemas de tenencia de los bosques que, en la actualidad, marginan casi universalmente a los pobres y a quienes dependen de los bosques en beneficio de los grandes intereses madereros industriales.

Aún asumiendo que la AFLEG tuviera algún resultado práctico, existen serias preocupaciones en cuanto a las probables consecuencias a largo plazo. Como se señaló en la reunión con políticos cameruneses realizada en el Reino Unido, las empresas que responden a la presión pública y política son “en su abrumadora mayoría europeas o internacionales más que empresas indígenas”. Esto señala otro peligro: que el “debate sobre la legalidad” sea un modo de que las grandes empresas consoliden aun más sus posesiones, de la misma forma que a lo largo de la historia las grandes empresas madereras han eliminado en todo el mundo a su competencia a menor escala a través de legislación restrictiva relativa a la tala permisible anual, los niveles de procesamiento y, más recientemente, la ‘sustentabilidad’. El problema es que una vez que grandes superficies de bosques se han acumulado en las manos de unas pocas empresas, dichas empresas tienden a dominar todos los procesos de política subsiguientes, pasando por encima de la democracia y bloqueando efectivamente cualquier posibilidad de usos más diversos de los bosques.

Pero el proceso de la AFLEG se enfrenta a un problema a corto plazo mucho mayor. A pesar de la falta de cualquier tipo de acción sustantiva contra el madereo ilegal como resultado de la AFLEG, los organismos internacionales han tendido a considerar todo el debate sobre la actividad forestal en África en términos del proceso ‘FLEG’. Por ejemplo, en una reunión reciente entre el gobierno del Reino Unido y parlamentarios de Camerún, se declaró que “el FLEGT (Aplicación de Leyes sobre Bosques, Gobernabilidad y Comercio, un proceso de la Unión Europea vinculado al FLEG) de la Unión Europea es hoy el principal mecanismo coordinado por el cual los gobiernos de los Estados miembros europeos tratarán los problemas forestales de los países en desarrollo productores de madera” [informe de Chatham House sobre la visita de la delegación parlamentaria camerunesa al Reino Unido].Aunque se reconoce que el ‘consenso’ sigue siendo esquivo, se presupone que podrán encontrarse soluciones técnicas para resolver cualquier problema.

Lo que esto pasa por alto es el motivo subyacente de la ‘ilegalidad’ rampante en la industria africana de la madera: que la industria es parte integral y esencial de corruptos sistemas políticos de clientelismo que llegan hasta las más altas esferas oficiales. Para algunos dirigentes y jerarcas africanos, las concesiones de madereo son al mismo tiempo un medio para convertir bienes públicos en riqueza privada, premiar a los amigotes políticos, pacificar los problemas planteados por rebeldes y militares, financiar campañas ‘electorales’, reprimir disturbios civiles, provocar disturbios civiles, captar dinero de los donantes...

En algunos países están implicadas las más altas esferas del gobierno. En Camerún, por ejemplo, reiterados informes de Global Witness -Observador Independiente del sector forestal-, han demostrado que la familia del presidente Biya está involucrada en actividades de madereo ilegal, y sin embargo la comunidad internacional no ha tomado ninguna medida de importancia contra los culpables. En Gabón se descubrió recientemente no solamente que el presidente Bongo, su familia y cada uno de los principales ministros del gobierno tienen concesiones de madereo sino también que ninguno de ellos pagó los impuestos prescritos y por lo tanto actúan ilegalmente.

Estos problemas no pueden resolverse mediante los ‘acuerdos voluntarios de participación’ del proceso FLEG-T de la Unión Europea ni, de hecho, mediante ninguna otra ‘solución técnica’. Pueden resolverse solamente por medio de una acción política definida en las más altas esferas y la voluntad de enfrentarse a un sector de la elite política africana más afianzada. Desgraciadamente, en este momento todos los regímenes de la cuenca del Congo son los ‘mimados’ de Europa y, por diferentes razones geopolíticas, de los Estados Unidos, y hay pocas esperanza de que se enfrente a personas como los presidentes Biya y Bongo o sus sucesores dinásticos.

En este contexto, el ‘proceso de la AFLEG’ podría percibirse como un intento cínico de aparentar ‘estar haciendo algo’, aunque quienes lo respaldan saben bien que poco o nada podrá resultar del mismo. En el peor de los casos, al ayudar a legitimar las grandes empresas madereras podría servir para socavar las perspectivas de manejar los bosques africanos de forma alternativa, menos destructiva y más beneficiosa para el desarrollo. En lugar de ayudar a las empresas madereras delincuentes de África a comercializar su madera, la comunidad internacional debería estar ahora considerando cómo pueden manejarse esos bosques en beneficio de las personas que viven en o cerca de los mismos y dependen de ellos para su sustento.

Por Simon Counsell, Rainforest Foundation - Reino Unido, correo-e: SimonC@rainforestuk.com

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- Costa Rica: legalizar el madereo ilegal e ilegalizar el madereo legal

Mucho se habla de “tala ilegal”. En Costa Rica la política forestal de este gobierno prácticamente se limitó a conformar, con generoso apoyo de la FAO, un equipo de análisis y acción contra la tala ilegal. Según el gobierno ese es el problema fundamental del sector forestal. Se hablaba, basado en datos oscuros, de que entre un 25 y un 35 % de la madera consumida provenía de fuentes ilegales.

Sin embargo desde el ecologismo vemos la necesidad de “aclarar la foto”, de identificar primero las diferentes versiones de “tala ilegal”.

Así tenemos que la expansión de monocultivos, principalmente de piña en los últimos años, ha generado una tala ilegal extensa y dañina. Claro, los monocultivos de piña no aceptan ningún tipo de sombra y frente a las opulentas ganancias que ofrece este cultivo, la madera pierde su significado económico. De modo que, como parte de las labores de preparación de terreno, todo tipo de árbol ubicado en las áreas de expansión piñera, ya sea de bosque secundario o árboles aislados en potreros, son talados y metidos en enormes zanjas dragadas durante la noche. Es más sencillo que tramitar los permisos necesarios.

También está la tala ilegal que llevan a cabo los madereros industriales. Periódicamente se documentan casos donde, con el apoyo de maquinaria pesada, se roban madera de áreas privadas o públicas, causando severos destrozos. O simplemente alteran o incumplen los permisos de tala recibidos y le extraen al bosque más árboles de los permitidos, alguno de ellos de especies vedadas en peligro de extinción.

Pero dentro del tema de tala ilegal, junto a estos ejemplos, caracterizados por el abuso, la avidez y la concentración y acumulación de riqueza, se ha querido meter otro tipo de tala, ambientalmente más sana y socialmente justa y equitativa.

Se trata de la tala artesanal, aquella que llevan a cabo pequeños campesinos o comunidades indígenas para autoabastecerse de madera o como complemento a su austera economía rural. Aquella que aprovecha árboles de manera integral, haciendo uso de ramas, partes menores y productos no maderables. Aquella que es ilegal porque nunca le han dado la oportunidad de existir legalmente ya que las leyes forestales, elaboradas bajo la mirada y supervisión del sector maderero industrial tradicional, han sido diseñadas para la explotación de gran cantidad de árboles y sus costos y dificultades burocráticos son demasiados altos para que los pequeños productores forestales puedan gestionarlos.

Es la “tala ilegal” que hacen campesinos en la Zona Atlántica y la Zona Norte del país, donde talan dos o tres árboles por año de sus propiedades, los procesan artesanalmente para producir madera en cuadro que sacan del bosque mediante tracción animal y la venden en mercados locales a precios mucho más altos que lo que les ofrecen los madereros tradicionales por talarles de manera “legal” los árboles en pie. Es el aprovechamiento artesanal de madera que hacen familias y comunidades de la madera que arrastran los ríos; es el aprovechamiento artesanal de madera caída naturalmente en sus bosques que hacen los campesinos forestales de la Península de Osa.

Es, en fin, un tipo de “tala ilegal” que por su carácter comunitario, ligado a mercados locales y su respeto para con el bosque y la biodiversidad, tiene un potencial grande dentro de las estrategias para lograr un uso sustentable de los recursos y el desarrollo de comunidades rurales. Es justo el tipo de “tala ilegal” que llevó a una estudiante de asuntos forestales (Sylvia Lang) a concluir en su tesis de grado sobre impactos del maderero en zonas de bosque tropical costarricense, que es recomendable “legalizar el madereo ilegal e ilegalizar el madereo legal”.

Por Javier Baltodano, Amigos de la Tierra Costa Rica, correo electrónico: licania@racsa.co.cr

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- La explotación ilegal y destructiva continúa devastando bosques y comunidades en la Amazonia peruana

Los bosques de Perú están bajo asedio. Por toda la Amazonia peruana, madereros ilegales y otros “legales”, igualmente destructivos, se dedican al madereo a gran escala de los últimos árboles de caoba (Swietenia macrophylla) y cedro (Cedrela odorata), dos especies de gran valor. De acuerdo con las últimas estimaciones, un 90 % de la madera extraída en la Amazonia peruana es ilegal. Las cifras oficiales informan que la mayoría de la madera dura peruana es exportada a México, Estados Unidos, Canadá y Bélgica. Gran parte de esta madera es importada en violación de los acuerdos internacionales de protección al medio ambiente (como CITES). Por otra parte, la extracción de madera peruana muchas veces ha implicado la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, particularmente su derecho a la propiedad, a la consulta previa, a la subsistencia y a la integridad cultural.

A medida que se talaron los bosques de las zonas más accesibles, la mafia forestal peruana comenzó a penetrar cada vez más en la selva, en busca de especies cotizadas. La mayoría de estas áreas remotas forman parte de los territorios que han pertenecido tradicionalmente a pueblos indígenas, incluso comunidades no contactadas y vulnerables. En Ucayali, por ejemplo, los madereros ilegales han abierto caminos hasta lo más profundo de la Reserva Murunahua, que amenazan la integridad de los territorios de los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario. En una palabra, la mayor parte de la madera ilegal de Perú es extraída de las reservas comunales de las Comunidades Nativas, de las reservas de pueblos indígenas no contactados que viven en aislamiento voluntario, o de las zonas de conservación protegidas.

Organización de la extracción ilegal:

La organización de la explotación ilegal en Perú se basa en un sistema regional amazónico que existe desde hace mucho tiempo, conocido como habilitación, el cual está financiado y controlado por intermediarios y por una poderosa mafia maderera. Las cabezas de esta mafia suelen estar vinculadas con las estructuras de poder locales, incluido el gobierno regional. Los intermediarios (habilitadores) adelantan dinero a pequeñas bandas de leñadores equipadas (habilitadas) para ingresar al bosque a cortar árboles, los transportan a aserraderos de “blanqueado” para “legalizarlos”, y luego los envían a depósitos de madera situados en los centros urbanos. Los equipos de leñadores ilegales están en constante movimiento y bien armados, y se ha comprobado que usan armas de fuego para resistir cualquier tentativa de decomisar su madera en el bosque. La tala es efectuada por trabajadores forestales sin recursos, mientras que los intermediarios y los magnates de la madera de ciudades y pueblos se encargan de la comercialización.

Conflictos entre los madereros y las comunidades indígenas:

La tala sin control ha desembocado en conflictos entre las comunidades indígenas (con o sin título de propiedad) y los leñadores ilegales, que invaden sus territorios ancestrales para cortar madera sin permiso. Desde 2002, los jefes de la tala ilegal han promovido todos los años, tanto en Madre de Dios como en otros lugares, invasiones masivas a los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario con el objetivo explícito de obligarlos a desplazarse y así poder declarar que dichos pueblos no ocupan ciertas zonas de bosque donde abunda la madera valiosa. Los choques entre comunidades indígenas y leñadores se han vuelto cosa habitual. Hace muy poco tiempo, en mayo de 2005, dos leñadores fueron muertos a flechazos cuando estaban talando en el curso superior del Río Piedra, en Madre de Dios. Estas muertes provocaron fuertes protestas a nivel nacional; sin embargo, los líderes indígenas afirman que aún no se sabe cuántos de los suyos fueron víctimas de las balas de los leñadores durante el enfrentamiento. Verdaderamente se teme que los madereros estén masacrando comunidades indígenas remotas, pero tales atrocidades son aún desconocidas en el mundo exterior.

En toda la región, leñadores ilegales y empresas madereras supuestamente “legales” aplican estrategias turbias y manipuladoras para lograr el acceso a los recursos de las Comunidades Nativas. Tanto los leñadores como las firmas madereras suelen inventar acuerdos escritos informales o firmar contratos formales con los líderes comunitarios sin conocimiento ni consentimiento del conjunto de la comunidad. En muchas de éstas no existen estructuras colectivas eficaces para la toma de decisiones, y los madereros se aprovechan de esta debilidad para hacer tratos con individuos o grupos reducidos.

Iniciativas fallidas del gobierno:

Bajo la presión de organizaciones regionales de pueblos indígenas, como la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), conjuntamente con varias ONG y organizaciones de la sociedad civil, el gobierno peruano adoptó una serie de iniciativas para combatir la tala ilegal. También se tomaron medidas para brindar protección a los pueblos indígenas no contactados. En abril de 2002 se estableció por Resolución ministerial una reserva para pueblos indígenas en aislamiento voluntario, situada en el nacimiento del Río Piedra en Madre de Dios. En agosto, FENAMAD firmó un acuerdo con el gobierno para instalar puestos de control y vigilancia en la frontera Sur de la reserva (conocida como la línea 343).

En octubre del mismo año, el gobierno creó la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal en el Perú, la cual elaboró luego un plan de acción en este sentido. Se organizaron mesas redondas nacionales y regionales sobre política forestal, durante las cuales el gobierno solicitó propuestas sobre cómo combatir la tala ilegal. Se han aprobado numerosos decretos y resoluciones gubernamentales para reglamentar las actividades madereras, sancionarlas cuando son ilegales e investigar los casos de corrupción.

A pesar de todos los compromisos formales y de todos los decretos, resoluciones, leyes y planes de acción, muy poco se ha hecho en realidad. El gobierno tiene más de 50 Puestos de vigilancia en la región amazónica, pero éstos no son efectivos debido a los funcionarios corruptos que permiten el tráfico de troncos robados y madera aserrada a cambio de soborno. Aún en los casos en que el personal gubernamental no es corrupto, los puestos no pueden tomar ninguna medida por la gran carencia de recursos. Los casos en que se ha decomisado oficialmente madera ilegal talada por empresas madereras han sido poco frecuentes y de escaso volumen.

La policía y las autoridades forestales no han apoyado los puestos de vigilancia a cargo de FENAMAD en la línea 343; como consecuencia de esto, los leñadores ilegales invaden continuamente el área protegida. En mayo de 2005 se estimaba que había no menos de 150 campamentos de leñadores dentro de la Línea 343. Sin embargo, el gobierno no ha tomado ninguna medida eficaz para hacerlos salir. Algunos de los puestos de vigilancia han sido saqueados o incendiados por los equipos de leñadores clandestinos.

La mafia y las grandes empresas madereras son los mayores obstáculos para toda reforma progresista, tanto a nivel local como regional. Es por esta razón que muchas de las reservas propuestas para los pueblos indígenas no contactados aún no han sido legalmente instituidas. Tal es el caso de Napo Tigre, Yavarí Tapiche y Cashibo Cacataibo.

La demora en la designación de estas áreas se debe en parte a la presión de los poderosos intereses comerciales e industriales que se oponen con fuerza a toda zona de bosque protegida, incluidas las reservas para pueblos indígenas no contactados y las extensiones de los títulos de propiedad ya existentes de las Comunidades Nativas.

Un sistema de concesiones forestales erróneo:

La nueva ley forestal adoptada en 2001 fue un elemento central de la respuesta del gobierno a la tala ilegal. Dicha ley debía promover una extracción sustentable de la madera en la selva peruana. Desafortunadamente, ésta fue implementada con precipitación, burlando las medidas de protección de los derechos de los pueblos indígenas, y la tala ilegal y destructiva continuó con la misma intensidad. Las organizaciones de pueblos indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) han señalado que la agencia gubernamental responsable de supervisar la delimitación y la venta de las concesiones, conocida como Instituto de Recursos Naturales (INRENA), ha violado numerosas normas de la ley forestal. Denuncian que esa agencia ha delimitado concesiones sin consulta previa y sin una evaluación social y ecológica, en contravención de las obligaciones contraídas por el Estado según la Convención 169 de la OIT y de varias leyes para la protección del medio ambiente y de las Comunidades Nativas. De este modo, las concesiones han sido impuestas en tierras indígenas en muchos lugares de la región amazónica.

Por otra parte, los concesionarios usan el sistema de concesiones para blanquear la madera ilegal robada en las tierras indígenas y áreas protegidas adyacentes. Se mezcla la madera legal con la ilegal, usando los permisos de transporte de las concesiones madereras legales para evitar ser descubiertos. Cada vez son más las empresas madereras que ofrecen su apoyo a las Comunidades Nativas para que obtengan un permiso de extracción que les permita “legalizar” y “blanquear” su propia madera ilegal extraída fuera de la zona autorizada. Como explicó en 2004 el Sr. Kruger Pacaya, ex presidente de ORAU (Organización Regional AIDESEP Ucayali):

“¡Es trágico! Los nuevos concesionarios están usando sus contratos con el gobierno para encubrir la tala ilegal. Continúan entrando en territorios indígenas y áreas protegidas adyacentes a sus concesiones para extraer caoba y cedro. Están haciendo lo mismo con los permisos de tala de las Comunidades Nativas y con los códigos impositivos, que utilizan para blanquear madera ilegal, extraída clandestinamente de otras áreas. Lo único que dejan tras de sí es un bosque empobrecido y enormes deudas impositivas que la comunidad no tiene forma de pagar...”

Las empresas pagan a las comunidades precios extremadamente bajos por su madera, y descuentan la mayor parte de sus costos como “crédito” otorgado a la comunidad, que éstas deben reembolsar en trabajo o madera. Recientes informes llegados de la región de Alto Purus revelan el alto grado de explotación y abuso a que están sometidas las poblaciones indígenas: reciben 30 dólares por un árbol de caoba adulto, el cual es vendido en 11.000 dólares en Pucallpa. Como explica Arlen Ribeira, líder Huitoto y miembro de AIDESEP:

“La tala ilegal y el robo de madera por medio de transacciones fraudulentas se practican a gran escala en el Alto Purus. Nuestros hermanos se vuelven cada día más pobres. Sus tierras están sufriendo grandes daños, dejándolos en una situación económica cada vez peor. Es una terrible explotación, a la que hay que poner fin...”

Los informes de los indígenas del Alto Purus confirman que la agencia gubernamental INRENA y los militares están implicados en el tráfico ilegal de madera. Ciertos funcionarios gubernamentales han sido acusados de complicidad con la mafia maderera que extrae caoba y explota a las Comunidades Nativas.

La lucha desde la base contra la tala ilegal:

Frente a la corrupción generalizada de las autoridades gubernamentales, que además se muestran reacias a enfrentarse con las poderosas y peligrosas mafias madereras, las comunidades indígenas de los bosques han decidido actuar por sí mismas y decomisar la madera robada en sus tierras y áreas protegidas adyacentes. En la Selva Central, por ejemplo, las comunidades Ashaninka formaron sus propios Comités de Vigilancia, Control y Defensa Forestal. Estos grupos de defensa territorial se han enfrentado a los leñadores armados y los han expulsado de sus bosques nativos. Acciones similares tuvieron lugar en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, pero en general el gobierno no ha recompensado a la comunidad e incluso, en algunos casos, se llevó la madera y la vendió como de su propiedad.

Las Comunidades Nativas y las ONG que las apoyan tomaron también ellas sus propias iniciativas independientes de vigilancia local. Ejemplo de ello es el trabajo de las ONG CEDIA y Shinai, que han establecido puestos de vigilancia independientes y utilizado el GPS para evitar la entrada de leñadores ilegales en la reserva de Kugapakori-Nahua. Shinai trabajó directamente con las comunidades indígenas para ayudarlas a reunir sus propios datos por GPS y presentarlos a las autoridades gubernamentales como evidencia de incursiones ilegales. En unos pocos casos, esta evidencia de base presentada a las autoridades de Lima empujó al gobierno a tomar medidas para decomisar la madera y expulsar a los leñadores clandestinos.

A pesar de estos logros, la mayor parte de las iniciativas tomadas desde la base carecen de recursos y no cuentan con el reconocimiento oficial. Las organizaciones indígenas y grupos de la sociedad civil local se sienten cada vez más frustrados ante tantos decretos y planes gubernamentales que prometen tomar medidas pero hacen poco o nada para detener en los hechos la tala ilegal.

“Estamos hartos de tanto diálogo político y mesas redondas forestales. El gobierno quiere seguir hablando de las formas de combatir la tala ilegal, pero no está dispuesto a hacer nada serio. Hasta el nuevo sistema de concesiones ha promovido el blanqueado de madera. Lo que necesitamos ahora es una serie de medidas reales para la aplicación de la ley y la protección legal de las tierras boscosas de los pueblos indígenas. Ya es tiempo de aplicar efectivamente todos los Decretos, Resoluciones y Acuerdos.” (Jorge Payaba, Presidente de FENAMAD, setiembre de 2005)

En su larga lucha para combatir la tala ilegal y la crisis forestal en Perú, las organizaciones indígenas y las ONG que las apoyan continúan reclamando:

- Expulsión inmediata de los madereros ilegales de las Reservas Estatales para los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario.

- Medidas urgentes para controlar y vigilar efectivamente las fronteras de las reservas para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

- Investigación y sanción de los operadores forestales ilegales que actúan dentro de los territorios indígenas y áreas protegidas.

- Nuevos mecanismos y recursos para asegurar una aplicación adecuada de las leyes y protecciones existentes referidas a los pueblos indígenas y los bosques.

- Los países importadores deben dejar de comprar madera dura peruana hasta que cesen la tala ilegal y la violación de los derechos de los pueblos indígenas.

- Reforma de la ley forestal y cambios en su aplicación que garanticen el respeto de los derechos consuetudinarios de los indígenas a su territorio, sus tierras y sus recursos.

- Mayor reconocimiento y ayuda técnica y legal para la defensa territorial y las iniciativas de vigilancia tomadas por las comunidades indígenas y locales.

- Programas de capacitación y de fortalecimiento institucional para las Comunidades Nativas y sus organizaciones afectadas por la crisis de los bosques.

Artículo compilado por Tom Griffiths, Forest Peoples Programme, correo electrónico: tom@forestpeoples.org

Fuentes