La actual ola masiva de inversión en la producción de energía basada en el cultivo y procesamiento industrial de materias vegetales como el maíz, la soja, la palma aceitera, la caña de azúcar, etc., no resolverá ni la crisis climática ni la energética. Asimismo, traerá desastrosas consecuencias sociales y medioambientales. Crea una nueva y muy seria amenaza sobre la producción de alimentos por los pequeños campesinos y el logro de la soberanía alimentaria de la población mundial.

"Los nuevos aires que han oxigenado la cuestión rural en Argentina, pueden servir para impulsar una lucha contra el reinado de la soja que es el del desmantelamiento de los alimentos sanos que iban quedando. No parece fácil el enfrentamiento a la política irresponsable de la contaminación generalizada e impune. Y menos todavía luchar contra la dependencia alimentaria, con el infame sistema “del barco a la boca” que propugnan los Avery y los Block de “allá” y los Menem y los Grobocopatel de “acá”, que no afecta a la Argentina directamente (o lo hace en mínima medida)."

El Centro de Documentación e Información Bolivia - CEDIB pone a disposición suya la cartilla "ALZA DE PRECIOS ¿Escasez o Especulación?" Los temas que trata la Cartilla Ilustrada en más de 90 páginas son: El alza de Precios (la llamada inflación); El negocio de la carne de pollo; El negocio de la carne de res; El negocio del aceite y la soya; Trigo: pagando la factura del libre mercado; El negocio de la leche de vaca; El amargo negocio del azúcar; El peligroso negocio de los agro combustibles; Las causas profundas del alza de precios de los alimentos.

A medida que la ofensiva del neoliberalismo avanza y se eliminan las medidas de protección para los mercados locales tales como los aranceles y los cupos de importación, las potencias industriales ponen la mira ahora en medidas cualitativas tales como las reglamentaciones relativas a la inocuidad de los alimentos para continuar sesgando así el mercado a su favor. En materia de sanidad animal y vegetal, tanto Estados Unidos como la Unión Europea están tratando de imponerle sus normas a los demás países. Para Washington eso significa conseguir que otros países acepten los transgénicos y sus normas de inspección de sanidad animal e inocuidad de la carne, a pesar del hecho que el sistema regulatorio estadounidense de sanidad animal y vegetal es ampliamente criticado como demasiado laxo. Para Bruselas, que se rige por normas de inocuidad de los alimentos que gozan de mucha mejor reputación, significa imponerle normas de alta calidad a países que no pueden satisfacerlas. Los tratados de libre comercio (TLC) bilaterales son hoy la herramienta predilecta para forzar esos cambios.

El Wall Street Journal confirmó en marzo de 2007 que el comercio de emisiones "dejará ganancias a algunas empresas muy grandes, pero no crean ni por un minuto que esta charada será de alguna utilidad para resolver el calentamiento global". El documento se refiere al comercio de carbono como una "búsqueda de ganancias al viejo estilo...ganar dinero haciendo trampa al proceso de regulación".

Es poco común para los socios menores del TLCAN—México y Canadá—tener la oportunidad de sentarse a discutir sobre integración regional sin la influencia dominante de los Estados Unidos. Aún cuando lo hacen, por supuesto que Estados Unidos es el elefante en la sala.

"Según numerosas ONGs, académicos, y gobiernos del Sur, los subsidios agrícolas de Estados Unidos y del Reino Unido combinados con la presión de la Organización Mundial del Trabajo y de las IFIs para la liberalización de las importaciones, son responsables por perjudicar las habilidades de los países para alimentarse a sí mismos. Henk Hobbelink de la ONG GRAIN dijo "muchos países se volvieron dependientes de la importación de alimentos, ya que las/los granjeros locales no pudieron competir con los productos subsidiados del Norte. Éste es uno de muchos factores en la crisis alimentaria actual por la cual el FMI es directamente responsable."

La crisis alimentaria ha dejado sin comida a miles de personas en todo el mundo. A la cifra de 850 millones de hambrientos, el Banco Mundial añade cien más fruto de la crisis actual. El “tsunami” del hambre no tiene nada de natural, sino que es resultado de las políticas neoliberales impuestas sistemáticamente durante décadas por las instituciones internacionales.

Diversas causas han influido en los últimos tiempos para desatar una crisis mundial de alimentos que afecta aún más a los 854 millones de hambrientos y a otros 3 000 millones de personas que sobreviven en el orbe con solo dos dólares diarios de ingresos y deben gastar el 80 % de sus insuficientes entradas en adquirir esos productos. Cada 24 horas mueren por hambre y desnutrición 18 000 niños.

Las políticas actuales de biocombustibles de los países ricos no son una solución al cambio climático ni tampoco a la crisis del petróleo y, por el contrario, contribuyen a la crisis de los alimentos. En los países pobres, los biocombustibles pueden ofrecer algunas oportunidades reales de desarrollo, pero los costes económicos, sociales y ambientales pueden ser altos, por lo que los líderes políticos deben actuar con precaución.

Hace poco las Naciones Unidas reconoció al cambio climático como un asunto de trascendencia con respecto a los derechos humanos. Esto muestra una vez más la importancia que este tema ha alcanzado en las esferas internacionales. Sin embargo, del discurso a los hechos hay un gran trecho, puesto que una cosa son las declaraciones oficiales y otras son las soluciones que se presentan frente a los desastres climáticos.

Analizar la crisis alimentaria como un problema de aumento de precios nos ha permitido develar los efectos de la liberalización del comercio agrícola, la especulación que se hace en la Bolsa con la comida, el papel de los agrocombustibles, etcétera. Si ahora analizamos la crisis como el incremento en más de 100 millones del número de personas con graves dificultades para adquirir alimentos a estos nuevos precios, advertiremos que, mayoritariamente, las personas que no pueden acceder a los alimentos son pequeñas y pequeños agricultores sin ningún tipo de apoyo y que cosechan en tierras muy poco productivas, jornaleras y jornaleros contratados con salarios de miseria en grandes fincas dedicadas a la agroexportación o familias campesinas, ahora en suburbios urbanos, expulsadas de sus tierras por la avidez del control y la concentración de las tierras. Es la gran paradoja de esta crisis: pasan hambre las y los productores de alimentos.

"¿Cómo es posible que jamás en la Argentina se haya intentado una reforma agraria? Seguimos aceptando un régimen que pertenece al medioevo. Se tiene que dictar una ley poniendo una valla a la posesión, un máximo de hectáreas y dar preeminencia a las cooperativas de productores. Nada se arregla ahora con bajar o subir las retenciones, sino que la única solución es democratizar la posesión de la tierra. Y que sean esas mismas cooperativas las que se encarguen de la comercialización de sus productos."

Varias de las actitudes de los principales actores públicos en la “crisis del campo” durante los últimos meses (la “gente del campo”, los “pequeños productores”, los medios de comunicación, la gente de clase media, algunos sectores de la izquierda, el gobierno) produce un fuerte desconcierto por las actitudes, reacciones y contradicciones que día a día sembraron una de las peores crisis de los últimos años en la sociedad argentina.

Una proporción cada vez más importante de la llamada bioenergía se produce en la actualidad a partir de cultivos agrícolas tradicionalmente utilizados como alimentos y piensos. La producción de cultivos no alimentarios para producción de energía también precisa tierra y agua. Esto crea una competencia directa por los recursos necesarios para alimentar a la población mundial de la cual cerca de 854 millones de personas sufren hoy hambre y malnutrición, la mayoría de ellas habitants de zonas rurales. Los posibles efectos de los agrocombustibles sobre el disfrute del derecho humano a la alimentación adecuada de los grupos sociales más oprimidos y marginados deben ser considerados antes de aplicar políticas y programas de fomento a la producción, inversión y comercio de agrocombustibles.