"Tenemos grandes desafíos como país, como el derecho a la Soberanía Alimentaria, y por tanto la superación del hambre e inequidad. Tenemos grandes desafíos como humanidad, entre ellos, defender la vida en todas sus formas, frente a la amenaza del cambio climático, nuestra existencia como especie está en riesgo."
La "marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos", convocada por la mayor organización indígena, Conaie, es un llamado de atención por los contratos mineros firmados por el gobierno de Rafaél Correa con empresas chinas.
"Queremos recordar, reconocer y homenajear la labor de la mujer Molleturense campesina, trabajadora y luchadora, a pesar de la discriminación, violación de los derechos, persecución judicial, difamación y deshonra y que sin embargo no se ha dado por vencida en su justa lucha por defender el derechos a vivir en un ambiente sano."
La marcha iniciará en el cantón El Pangui el próximo jueves 8 de marzo. La gente se irá sumando a medida que avance la caravana cuyo destino es Quito, en donde se prevé hacer escuchar la voz del pueblo al Gobierno Nacional el 22 de marzo, “Día del Agua”, en rechazo a los proyectos de minería a gran escala.
“…es una provocación pretender firmar este contrato a cuatro días del inicio de la marcha anunciada por los pueblos amenazados por la mega minería que reclaman el respeto de sus derechos constitucionales.”
“Llamamos a todos los sectores sociales y políticos del país a movilizarse el 8 de marzo, el mismo que será solo un inicio, pero convocamos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas para el día 22 de marzo vamos a llegar con la marcha recorriendo todo el país a la ciudad de Quito”.
El pueblo de Chone, después de los acontecimientos suscitados por las inundaciones que se produjeron desde el 8 de febrero del año en curso, reaccionó ante la mala planificación de las obras que se están haciendo en la fase I del PPMCH.
Compartimos con ustedes el informe "Derechos de los Pueblos Indígenas y Acoso a Manifestantes”, preparado por Amnistía Internacional para el Examen Periódico Universal que la Organización de Naciones Unidas realizará sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador entre los meses de mayo y junio del 2012.
Resolución de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas de Orellana, Pastaza y Morona Santiago frente a la política estatal petrolera y la pretensión del Gobierno Nacional de implementar la décima primera ronda petrolera en nuestros territorios ancestrales.
"El debate actual sobre los procesos de reversión de la tierra debe estar enmarcado en principios de JUSTICIA, por el marginamiento histórico del que han sido objeto las comunidades, así como de la producción para recuperar la soberanía alimentaria, de solidaridad y complementariedad para superar las limitaciones del minifundio, y no de desarrollo económico."
El informe hace un análisis del marco legal ecuatoriano y señala que pese a que la Constitución del 2008 “reconoce explícitamente la identidad plurinacional y pluricultural del país y el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre proyectos concernientes a recursos naturales no renovables y que afecten a sus tierras y medios de vida...”, hasta el momento no se ha “establecido ningún mecanismo que garantice el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados”.
En rechazo a las políticas del Gobierno respecto a la tierra, el agua y la explotación minera a gran escala, la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) anunció una movilización que surgirá de distintos puntos del país y tendrá como punto de encuentro Quito.
En medio de la actual crisis ambiental, financiera, económica, la biodiversidad ha cobrado una enorme importancia por el papel que ella puede jugar para la “economía verde” que quedará consolidada a través de los acuerdos de la Cumbre Rio+20. Esta propuesta económica no es sino una nueva cara del capitalismo para convertir a la naturaleza en mercancía.
Tres organizaciones indígenas: Conaie, Fenocin y Feine establecieron una agenda en común para impulsar la integración de los movimientos indígena y campesino y la aprobación de tres leyes de interés para el sector durante 2012.
Los fondos de los afiliados no pueden invertirse en operaciones que supongan altos riesgos tanto en lo económico, como en lo ambiental. La Iniciativa Yasuní-ITT permite proteger el área más biodiversa del mundo, respetar los territorios de los pueblos indígenas, iniciar un camino hacia un Ecuador post petrolero, y enfrentar la crisis climática.
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