Declaración del Encuentro "Crisis alimentaria en Colombia, acciones sociales para la defensa de la soberanía y autonomía alimentaria"

Declaración del Encuentro Nacional - Crisis Alimentaria en Colombia, Acciones Sociales para la Defensa de la Soberanía y Autonomía Alimentaria

Biodiversidad

Procedentes de todos los rincones del país, miembros de organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas, urbanas, de mujeres, ambientalistas y no gubernamentales asistimos con nuestras semillas tradicionales, alimentos, conocimientos y saberes ancestrales —y la alegría de trabajar por la vida, la tierra y la soberanía alimentaria— a este Encuentro Nacional en Bogotá entre el 4 y el 6 de septiembre, a reflexionar sobre la crisis alimentaria mundial que amenaza nuestras regiones, territorios colectivos, identidad, cultura, usos y costumbres, a analizar cómo podemos asumir tareas conjuntas en la defensa de nuestros territorios colectivos, tradiciones culturales alimentarias y de una vida digna para nuestras familias y grupos sociales.

Nos aflige saber que mientras en el mundo hay cada vez más alimentos, el precio de ellos sube y el hambre crece, pues la crisis alimentaria —que se expresa en primer lugar como una falta de acceso a la comida por parte de los más pobres—, se asienta sobre el control oligopólico del 80% de la producción de alimentos como el trigo y el maíz por parte de empresas multinacionales como Monsanto, Cargill y Bunge, que también controlan la producción de semillas, fertilizantes y pesticidas. Se dispara a partir del ingreso de los alimentos en los mercados mundiales agrícolas y las bolsas financieras internacionales que facilitan el enriquecimiento especulativo de unos pocos, y se recrudece por la competencia entre la producción de agrocombustibles y la de alimentos con base en el control privado de bienes comunes de la humanidad como el agua, la tierra y la biodiversidad.

En Colombia, enormes iniquidades históricas se profundizan con la apertura económica y la consolidación del modelo dominante, excluyente y privatizador que genera destrucción y saqueo de nuestros territorios, privatiza los bienes de uso común y colectivo, profundiza crisis alimentarias locales, regionales, nacionales y globales derivadas del despojo y la concentración de la tierra por parte de grandes terratenientes y capitales multinacionales. Es la privatización del patrimonio natural y los territorios colectivos, el exterminio de las comunidades ancestrales indígenas, afrodescendientes, urbanas y campesinas, y la destrucción de sus formas organizativas. Es el control social, económico, cultural y político de los territorios por parte del Estado, sus fuerzas armadas y los grupos guerrilleros y paramilitares. Son las políticas contra la autonomía y el control local de los pueblos buscando mercantilizar su patrimonio natural y cultural en favor de las instituciones financieras y los grandes capitales. Es entregar la soberanía alimentaria y territorial de nuestros pueblos mediante los tratados de libre comercio, la imposición de nuevos modelos tecnológicos y productivos de monopolización, concentración y privatización de los sistemas de abastecimiento alimentario —de la producción de las semillas al consumo de alimentos.

En nuestro país 57% de los propietarios, que posee menos de 3 hectáreas, sólo controla el 1.7% del área para uso agropecuario; mientras que 0.4% de los propietarios, que tiene predios mayores a 500 hectáreas, controla el 62.3% de las tierra cultivables. A pesar de esta iniquidad, hoy día la producción de las familias campesinas, indígenas y afrocolombianas aporta más del 55% de los alimentos que se consumen en nuestras ciudades, con una importante e invisible participación de las mujeres en todas las fases del sistema alimentario.

La concentración de la tierra, alentada históricamente por el conflicto armado, se ha agudizado en los últimos años junto con el desplazamiento forzoso de más de cuatro millones de personas de las poblaciones rurales, profundizando el despojo de los territorios y destruyendo la capacidad que tienen dichas comunidades y las poblaciones urbanas históricamente asociadas a sus procesos, de decidir libremente sobre la producción y el consumo de sus alimentos.

La crisis alimentaria se manifiesta en Colombia con cifras alarmantes: menos de la mitad de la población del país se encuentra en condiciones de pobreza que impiden el adecuado acceso económico a los alimentos e imponen una crítica situación de hambre a por lo menos 41% de los hogares colombianos. Para vergüenza de nuestros gobiernos, el ritmo de crecimiento del hambre en el país es más alto que el del África Subsahariana; 45% de las mujeres gestantes en Colombia tiene anemia, 58.2% de las familias rurales declara que un niño se acuesta sin comer, y más de 80% de los niños menores de cinco años en varias comunidades indígenas y afrodescendientes sufre desnutrición crónica.

Nuestro país ha pasado de una producción autosuficiente de maíz en 1990, a importar más de 2.5 millones de toneladas, es decir 75% del consumo nacional. Es absurdo que un país como Colombia importe más de ocho millones de toneladas de alimentos, de modo que gran parte de ellos dependen del mercado global no regulado o subsidiado en los países del norte, de la especulación agrícola y de los precios fijados en bolsas extranjeras. A pesar de ello, las políticas y metas de producción agrícola del gobierno, alentadas por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se concentran en la producción de cultivos para la exportación y la siembra de tres millones de hectáreas para agrocombustibles.

Ante este panorama nos declaramos en resistencia y oposición frente a los procesos y políticas que vulneran las formas tradicionales de producción, comercialización e intercambio de semillas y alimentos, y por ende la autonomía alimentaria de las comunidades y la soberanía alimentaria del país; que expropian el patrimonio natural existente de las comunidades rurales:

• Todas las formas de privatización de la vida, del conocimiento y de los bienes comunes, públicos y colectivos (agua, aire, suelo, bosques, biodiversidad, entre otros).
• Las políticas y leyes ambientales, rurales y urbanas del gobierno nacional enmarcadas por la estrategia “Colombia 2019”, que además propician entregar la soberanía de los pueblos y territorios de las comunidades al capital internacional y a los grupos de poder económicos locales, nacionales y globales, y promueven el control, la monopolización y la certificación obligatoria de las semillas y las producciones agroecológicas y pecuarias.
• El Estatuto Rural, una de las normas más agresivas en la historia reciente del país, con el cual se intenta profundizar el modelo monopólico de producción agroindustrial insostenible de las transnacionales, y legalizar la expropiación histórica de las tierras por parte de todos los actores de la guerra y los grandes capitales que los impulsan.
• Todas las formas de guerra que enfrenta la población colombiana, sea cual sea su origen, y los procesos de militarización que promueve el gobierno nacional.
• Los megaproyectos, que sin consulta se establecen en los territorios, ignoran el mandato del Derecho Mayor de los pueblos indígenas y la autodeterminación de las comunidades campesinas, afrocolombianas y urbanas, violan derechos territoriales colectivos y generan impactos negativos ambientales, socioeconómicos, culturales. De modo particular la Iniciativa de Infraestructura Regional de Sur América (IIRSA), que impulsa modelos de desarrollo no sustentables y favorece intereses multinacionales.
• La imposición, producción y control de tecnologías basadas en el uso de agroquímicos, modelos agrícolas de monocultivos de transgénicos, agrocombustibles y plantaciones forestales; las explotaciones mineras, petroleras y energéticas generadoras de violencia, desplazamiento de las poblaciones rurales y urbanas e impactos ambientales y socioeconómicos sobre los territorios y la calidad de vida de las comunidades, que compiten por componentes esenciales de nuestro patrimonio natural como la tierra, el agua y la producción alimentaria nacional.
• Los tratados de libre comercio de Colombia con Estados Unidos y la Unión Europea, con los cuales se pretende entregar la soberanía de los pueblos y la soberanía alimentaria a las transnacionales de producción agrícola y de alimentos.
• La promoción del cambio de la producción nacional de alimentos por agrocombustibles, amparada en falsas promesas de rentabilidad para los pequeños productores, supuesta generación de empleo y falsa solución de la crisis energética y el cambio climático mundial.
• La perversión del uso de la coca de sus valores espirituales, medicinales y de uso alimentario, tanto por parte gobierno colombiano que la criminaliza, como por aquéllos que la prostituyen, cultivando y transformando con químicos nuestra planta sagrada para lesionar la salud humana y alimentar el hambre y la miseria de nuestros pueblos.
• La erradicación química de los cultivos de uso ilícito, que pone en riesgo la salud y la seguridad alimentaria de las comunidades, obedeciendo los lineamientos de los países que imponen las políticas de control al narcotráfico.
• La criminalización de la palabra, el pensamiento crítico y las acciones de resistencia de las personas y organizaciones que sustentan posiciones alternativas frente a las políticas y el modelo de desarrollo económico que promueve el gobierno nacional.
• La postura del gobierno nacional sobre el supuesto “blindaje” del país frente a la crisis alimentaria, y su promoción de la “seguridad” alimentaria de la población importando alimentos o impulsando programas asistencialistas que no detienen las causas estructurales del hambre.

Continuaremos defendiendo la soberanía y la autonomía alimentaria, con base en:

• Los procesos y organizaciones sociales, y el trabajo que venimos desarrollando las comunidades dentro y fuera del país en defensa de la soberanía y la autonomía alimentarias, y frente a los megaproyectos de desarrollo existentes.
• Acciones para la defensa integral de nuestros territorios, del patrimonio colectivo natural y cultural, de todas las formas de vida y producción de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, las cuales deben incluir el impulso a procesos de cualificación y formación política y organizativa de las comunidades rurales y urbanas para proteger los saberes tradicionales, los territorios, la soberanía y autonomía alimentaria, y el control local que garantice la permanencia de estos conocimientos para las generaciones futuras; establecer alianzas entre los diferentes sectores sociales urbanos y rurales para la sensibilización, difusión y convergencia de iniciativas y acciones de construcción de propuestas alternativas frente a los modelos económicos capitalista y no sustentables.
• El apoyo a los sistemas de producción tradicionales y con enfoques agroecológicos, basados en la biodiversidad, semillas nativas y conocimiento tradicional.
• El impulso de diálogos y alianzas entre poblaciones campesinas y urbanas con el fin de garantizar una alimentación sana y sustentable que elimine los monopolios en la intermediación y fortalezca los mercados locales y las diversas formas de intercambio, como estrategias para contrarrestar lo modelos que destruyen la economía campesina.
• La identidad y pertenencia a nuestros territorios, nuestra cultura, usos, costumbres y formas de producción, los saberes, conocimientos y prácticas ancestrales, como base esencial de las estrategias de defensa de la soberanía y autonomía alimentaria.
• La construcción de conocimiento y tecnologías productivas acordes con las necesidades, realidades y posibilidades de las comunidades rurales, de tal forma que nos permitan romper las normas que imponen el control monopólico de los recursos y las certificaciones que favorecen sólo a las grandes empresas.
• La reapropiación de lo público para garantizar que los bienes y servicios comunes, colectivos y comunitarios continúen cumpliendo su función social.
• El apoyo al referendo de Reforma Constitucional para consagrar el derecho humano fundamental al agua potable, un mínimo vital gratuito, la gestión pública indelegable y directa estatal o comunitaria del agua, y la protección especial de los ecosistemas esenciales del ciclo hídrico.
• Planes de vida y de manejo colectivo acordes con nuestra cultura, usos costumbres y realidades locales, con equilibrio ecosistémico y espiritual de la vida y con nuestra visión del territorio, frente a los planes de ordenamiento territorial gubernamentales que buscan fragmentar la integralidad de nuestros territorios,
• Desaprender lo aprendido reivindicando lo propio, lo que nos han obligado a olvidar: la relación con la tierra, con el agua, con el aire, a aprender haciendo, recorriendo y viviendo los territorios para construir nuevas formas de vida.

Bogotá, 6 de septiembre de 2008
Declaración aprobada por 157 organizaciones de base y ONG de todo el país
Publicado en Revista Biodiversidad, sustento y culturas N° 58