Brasil: Ambientalistas y movimientos sociales repudian acuerdo entre empresa minera y gobierno

El desastre ocurrió el pasado día 05 de noviembre, cuando una represa de desechos de la minería de la Samarco se rompió, en Bento Rodrigues, distrito de Mariana (Estado de Minas Gerais), dejando un rastro de 19 muertos y una ola de barro y destrucción, que atravesó todo el Río Dulce, llegando al litoral del Espírito Santo.

Lea abajo la íntegra del documento:

Organizaciones y movimientos de la sociedad civil repudian acuerdo firmado entre empresas mineras Samarco/Vale/BHP y los Poderes Públicos:

El Comité Nacional En Defensa de los Territorios Frente la Minería y la Articulación Internacional de las Víctimas y de los Alcanzados por la Vale repudian el acuerdo firmado entre las empresas mineras Samarco, Vale y BHP y los poderes públicos federal y estatales. El acuerdo, fue tomado por el juez de la 12a Jurisdicción Federal de la Sección Judicial de Minas Gerais, encierra la acción civil pública que está siendo movida contra las empresas por las violaciones de derechos humanos, sociales y ambientales que ocurrieron con la ruptura de la represa de desechos del Fundão, en Mariana, el día 5 de noviembre de 2015.

Este miércoles, día 2 de marzo, una ceremonia realizada en el Palacio del Planalto formalizó públicamente el acuerdo firmado entre las empresas mineras y los poderes públicos. Desde la semana pasada, el Comité y la Articulación viene monitoreando el marcha de las negociaciones de este acuerdo extrajudicial. La noticia del acuerdo fue divulgada el último día 24 por la Agencia Pública, en materia titulada "Samarco, Vale y BHP van decidir quien y como indemnizar por desastre”. Las partes del acuerdo, son el Gobierno Federal, el Estado de Minas Gerais y el Estado del Espírito Santo, además de diversos órganos federales y estatales de fiscalización, regulación y monitoreo ambientales, como el Instituto Brasilero del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), el Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM) y la Agencia Nacional de Aguas (ANA).

El acuerdo impacta severamente la población de los municipios afectados por el desastre, en Mariana y a lo largo de toda la cuenca del Río Dulce. Él crea una Fundación privada que confiere a las empresas mineras el poder de tratar de cada violación de derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales en el caso. La Fundación, financiada por la Samarco, Vale y BHP, decidirá el valor de las indemnizaciones con cada uno de las víctimas, de manera aislada, y podrá contratar abogados, en caso que las víctimas no estén de acuerdo con la indemnización propuesta. Esto significa que las empresas responsables por el desastre y por las violaciones de derechos humanos ocurrido, proponen y negocian un valor de indemnización. Si no es aceptado por las víctimas o los indirectamente impactados, estos pueden utilizar abogados pagados por la propia Fundación para procesar ella misma. Ese mecanismo viola directamente las garantías del debido proceso legal.

Ese es sólo un de los mecanismos perversos que este acuerdo pretende implementar, el cual no contó con la presencia de las víctimas o de movimientos sociales en su elaboración. Fue hecho totalmente a las oscuras, y su divulgación sólo vino a la nota con materia realizada por la Agencia Pública. Este acuerdo es una violación de los derechos de todas las personas que sufren con los efectos de este desastre en sus vidas. Y la idea de que todo pueda ser 'resuelto' a puertas cerradas entre las empresas y el poder público es una chiste a la colectividad. La extinción de la acción civil pública mediante de un acuerdo de ese tipo beneficia sólo a las empresas, pues firmado el acuerdo y homologado no existe recurso que pueda deshacerlo. Y con las partes autoras implicadas en el acuerdo, no hay como recurrir.

El acuerdo también viola los derechos de comunidades indígenas y originarias afectadas a lo largo de la cuenca del Río Dulce. Esas comunidades no fueron igualmente comunicadas de la existencia de esta negociación, el que directamente se viola su derecho a la consulta libre, previa, e informada, garantizado por la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los programas ejecutados por la Fundación serían fiscalizados por un Comité Interfederativo, compuesto por representantes del poderes ejecutivos estaduales y federal. Del análisis de la noticia divulgada por la prensa, se desprende que este Comité ejerce dos papeles: un relacionado al apoyo y definición de las actuaciones de la Fundación en la elaboración y ejecución de los programas, y otro relacionado a la fiscalización de la ejecución de estos mismos programas. Hay, sin embargo, el temor de que la independencia de actuación de órganos de regulación y fiscalización, como el Ibama, el DNPN, la ANA, así como órganos estatales del Espírito Santo y Minas Gerais, sea beneficiado por los términos del acuerdo.

La noticia del acuerdo divulgada en la miércoles estimaba el valor de los daños en 20 mil millones de reales, pero, según las informaciones divulgadas por la prensa el último viernes, la versión actual del acuerdo implica el pago de sólo 4,4 mil millones de reales en los primeros tres años, de forma parcelada. El resto, de valor aún incierto, sería desembolsado a lo largo de diez años.

Según informaciones repasadas por la Asesoría de Prensa de la Abogados Generales de la Unión al Comité en Defensa de los Territorios Frente a la Minería, la noticia divulgada por la Agencia Pública estaría desfasada en relación a las negociones más recientes, pero la falta de transparencia y de rendición de cuentas por parte de los gobiernos federal y estatales y de los órganos públicos implicados fue grande durante todo este proceso, que los movimientos y organizaciones de la sociedad civil siquiera tuvieron acceso la los términos actualizados de este acuerdo. O sea, una negociación que impacta la vida de millones de personas al largo de toda la cuenca del Río Dulce correu, hasta el fin, completamente blindada y sin ningún diálogo con las víctimas.

El mundo entero fue testigo de como la vida de miles de personas fue devastada por esa empresas. Con la firma de este acuerdo, la violación de derechos humanos, sociales, económicos y ambientales se torna ahora un gran negocio.

Los derechos humanos no se negocian, nuestra vida y nuestra naturaleza no están a la venta!

- Ver el comunicado (fuente original): Ver aquí

Fuente: Adital