El Salvador: “La privatización del agua, abre puertas para que regrese la minería metálica al país”
"Ahora se impone una ley propuesta desde las empresas que beneficiaría a este sector comercial y según expertos en el tema la privatización del agua implica retroceder en la victoria contra la minería, ya que algunos miembros del partido ARENA, han tenido acercamientos con miembros de las empresas minerías con una tendencia de la mal llamada minería verde, como un disfraz de oveja-lobo".
Uno de los pocos logros reconocido de El Salvador a nivel mundial es la prohibición de la Minería metálica que causo muchos daños a los ríos del país, un miércoles 29 de marzo del 2017 la historia marco al pulgarcito de América victorioso ante las empresas mineras, pero según los ambientalistas estos podría cambiar con la nueva propuesta de los partidos de derecha y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)
La lucha por la defensa del agua en El Salvador y los conflictos que se han suscitado entre legisladores y el movimiento por la defensa del agua no es nada nuevo desde el año 2006, organizaciones ambientales de El Salvador han propuesto la aprobación de la Ley General de Aguas que reconoce el agua como un derecho humano y un bien común que debe gestionarse públicamente con enfoque en la sustentabilidad, prioridad y asequibilidad para el uso doméstico, y regulación del uso comercial e industrial.
Pero se negó y ahora se impone una ley propuesta desde las empresas que beneficiaría a este sector comercial y según expertos en el tema la privatización del agua implica retroceder en la victoria contra la minería, ya que algunos miembros del partido ARENA, han tenido acercamientos con miembros de las empresas minerías con una tendencia de la mal llamada minería verde, como un disfraz de oveja-lobo.
La procuradora Adjunta de Medio ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos Milagro Guevara, asegura que se debe respetar el derecho humano al agua.
“Es importante como procuraduría buscar la responsabilidad del estado de respetar derechos humanos y vigilar para que las empresas que realizan proyectos en el país, se den cuenta del impacto de la minería metálica, del deterioro ambiental y que hasta el día de hoy existe, el agua es la fuente de todos estos procesos, y el agua es un derecho humano fundamental” dijo Guevara.
Según expertos en el tema ambiental el Salvador no es el único país que pasa por el proceso de privatización del vital liquido sino que alrededor del mundo las grandes corporaciones buscan adueñarse del agua, así lo plantea El representante del Instituto de Estudios políticos de Washington DC, Manuel Pérez
"El caso en El Salvador no es aislado, es una tendencia mundial, soy mexicano y estoy preocupado por mi país, mientras la gente ve los goles de México Peña Nieto le mete goles al país, lanzo 10 decretos para la privatización de 300 cuencas acuíferas. En el país se destina el agua para las actividades de la minería incluso para verter desechos tóxicos de Estados Unidos, para las refresqueras y cerveceras (Empresa que embotella cerveza Corona) para El Salvador es un peligro, no nos van a engañar, en El Salvador quieren privatizar el agua", dijo el experto.
El debate en estos temas no siempre ha sido pacifico, en el año 2007, 17 líderes de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) fueron detenidos y acusados de terrorismo, por protestar contra la política nacional para la descentralización de los servicios de agua. Esta política representaba en su momento un escalamiento de una estrategia económica neoliberal agresiva basada en la privatización de servicios públicos y bienes comunes naturales, a través de Tratados de Libre Comercio diseñados para facilitar la privatización de bienes nacionales como las telecomunicaciones, la banca, las pensiones e ingenios azucareros, entre otros.
En El Salvador los Tratados de Libre Comercio, bilaterales y multilaterales como CAFTA, la Ley de Asocio Público Privado y la Alianza para la Prosperidad son parte de mecanismos que comprometen a nuestros gobiernos a garantizar derechos a las empresas por encima de los derechos humanos, y un ejemplo reciente son las demandas multimillonarias que enfrentó el Estado salvadoreño bajo este régimen de protección a la inversión externa por empresas transnacionales (como la Pacific Rim/OceanaGold, Commerce Group y CEL Enel) que están vinculadas al capital local.
Fuente: Vanguardia - El Salvador