Minería, responsabilidad social y empresarial y conflicto: OceanaGold y la Fundación El Dorado en El Salvador

"Tres presidentes salvadoreños consecutivos se han comprometido a no otorgar nuevos permisos de minería, y una encuesta en el 2015 reveló que el 79.5% de la población a nivel nacional, y el 83.9% en las municipalidades afectadas por el proyecto de OceanaGold se opone a la minería de metales".

Los resultados de un reciente estudio (ver aquí) indican que el intento de OceanaGold de reposicionar la mina aurífera que propone en El Salvador sirviéndose de una fundación auspiciada por la empresa a nivel local es engañoso, peligroso y una falta de respeto.

El informe Minería, responsabilidad social y empresarial y conflicto: OceanaGold y la Fundación El Dorado en El Salvador, es una publicación del Instituto de Estudios Políticos (Institute for Policy Studies) y Alerta Minera Canadá que fue presentada en las oficinas de OceanaGold en Melbourne el 24 de marzo, coincidiendo con el 36 aniversario del asesinato del Arzobispo salvadoreño Óscar Romero.

“Las actividades de la Fundación El Dorado, las cuales tienen por objetivo blanquear la imagen de la empresa y debilitar la oposición a la mina aurífera propuesta en Cabañas, contradicen la decisión que tomó el país de no permitir la minería de metales y podrían reanimar el conflicto que ya ha cobrado la vida de varias personas”, observa el profesor Stuart Kirsch, uno de los autores y antropólogo de la Universidad de Michigan con veinticinco años de experiencia en el estudio de conflictos mineros.

La minera canadiense-australiana OceanaGold ha entablado una demanda de US$250 millones contra El Salvador ante un tribunal del Banco Mundial al no lograr obtener una licencia minera para la cual no cumple con los requisitos regulatorios. Tres presidentes salvadoreños consecutivos se han comprometido a no otorgar nuevos permisos de minería, y una encuesta en el 2015 reveló que el 79.5% de la población a nivel nacional, y el 83.9% en las municipalidades afectadas por el proyecto de OceanaGold se opone a la minería de metales.

Entre el 2009 y el 2011, cuatro pobladores que participaban en actividades de activismo ambiental en Cabañas fueron ultimados en contextos que parecen estar vinculados a esas actividades. A su vez, varias organizaciones locales han recibido numerosas amenazas desde ese tiempo. En ninguno de estos crímenes ha habido una investigación completa.

“Al mismo tiempo que las actividades de la Fundación El Dorado podrían aumentar los riesgos y suscitar tensiones nuevamente a nivel local, pasan por alto los impactos negativos de la minería que la población salvadoreña teme podrían dañar las fuentes de agua. La propaganda de la Fundación invoca una imagen positiva de la mina Didipio de OceanaGold en las Filipinas donde dos activistas fueron asesinados y ha habido graves denuncias en relación a daños ambientales y sociales”, indica Jen Moore, coordinadora del Programa de América Latina de Alerta Minera Canadá y co-autora del informe.

“La empresa busca dar la ilusión que está comprometida con mejorar las condiciones de las comunidades, lo que resulta absurdo al considerar que OceanaGold ha entablado un juicio contra El Salvador por cientos de millones de dólares en un proceso cuyo objetivo es forzar al gobierno a otorgarle el permiso minero. Si tan solo desistiera de la demanda, se liberarían millones de dólares en gastos legales que podrían utilizarse de manera mucho más efectiva en Cabañas y El Salvador”, expone Manuel Pérez Rocha, investigador del Instituto de Estudios Políticos.

La demanda de OceanaGold contra El Salvador se basa en provisiones que se hallan la mayoría de los acuerdos internacionales de inversión hoy en día, tales como los propuestos Acuerdo de Asociación Transpacífico (conocido también por sus siglas en inglés TPP), la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), y el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre otros. El avance que pueden lograr los gobiernos en cuanto a la implementación de medidas para proteger el ambiente y la salud pública se ve cohibido por casos de arbitraje internacional – y los esfuerzos de El Salvador para lograr legislar la prohibición de la minería de metales no son excepción.

El informe insta a que se cierre la Fundación debido a la amplia oposición a la minería en Cabañas y en El Salvador, el carácter manipulador del funcionamiento de la Fundación, y la posibilidad de reanimar el conflicto en el área.

El informe se presentó en foros públicos en Cabañas y San Salvador a principios de marzo y el Padre Bob Maguire lo presentó en la sede central de OceanaGold en Melbourne, Australia, el jueves 24 de marzo.

Encontrar el resumen ejecutivo del informe: ver aquí

Contactos:

  • EE.UU.: Manuel Pérez Rocha, Instituto de Estudios Políticos, (240) 838-6623, gro.cd-spi@leunam
  • EE.UU.: Stuart Kirsch, (734) 764-2292, ude.hcimu@hcsriks
  • Canadá: Jen Moore, Alerta Minera Canadá, (613) 569-3439, ac.hctawgninim@nej
  • Australia: Sean Cleary, +61 403 434 512, moc.liamg@eniwdnes

Fuente: Mining Watch Canadá

Temas: Corporaciones, Minería

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