Movimiento sin tierra de Brasil se opone a transgénicos, por Lídice Valenzuela

La gigantesca Monsanto debió luchar siete años contra Percy y Louise Schmeiser, residentes en Saskatchewan, quienes fueron acusados de violar la patente de la compañía sobre canola transgénica. La Suprema Corte de Justicia de Canadá se pronunció contra los cosechadores ?quienes demostraron que las semillas fueron llevadas por el aire- pero desecharon el pago de una multa de 150 mil dólares en su contra.

La decisión de la Suprema Corte afirmando el derecho de Monsanto a demandar a los cosechadores que tengan cultivos con genes transgénicos en sus parcelas, sea que los hayan elegido o que se hayan contaminado, recibió la mayor condena de entidades ambientalistas y hacendados en todo el Planeta.

Ahora el MST, en su Boletín Semanal, recuerda que en la batalla cotidiana sobre este tema se reúnen en Brasil de un lado, los intereses de 10 transnacionales productoras de semillas transgénicas, hierbicidas y funguicidas, entre ellas la Monsanto, Cargill, Basf y Bayer, a los que se unen algunos hacendados de Río Grande do Sul, ilusionados con la posibilidad de ganancia y sectores de la prensa con periodistas pagados por estas empresas o movidos por los propios intereses de los dueños de los medios de comunicación.

El Movimiento precisa que del otro lado están los ambientalistas, los movimientos de agricultores familiares, las entidades de defensa de los consumidores y gran parte de la opinión pública brasileña.

Según la última investigación sobre el tema del Instituto brasileño de Opinión pública, en diciembre del pasado año apenas un 13 por ciento de los 173 millones de habitantes del gigante suramericano están dispuestos a consumir alimentos transgénicos, un 16 por ciento acepta que el gobierno libere el cultivo de esas simientes y 92 por ciento defiende la rotulación de todos los productos con ingredientes genéticamente modificados.

Los científicos, por su parte, están divididos básicamente en tres grupos: una parte que apoya las empresas transnacionales, otro que aprueba apenas la investigación de modificación genética, y el resto ya está convencido de que las mutaciones genéticas traen prejuicios a la biodiversidad.

Según el MST, el gobierno también está dividido en torno al tema, pues los Ministerios de Medio Ambiente y Desarrollo están en contra y los de Agricultura e Industria y Comercio están a favor.

Hasta ahora, el Ejecutivo del presidente Luis Inacio Lula da Silva liberó mediante una medida provisional solo el plantío de soya transgénica en las dos últimas cosechas.

Esas semillas son cultivadas, básicamente, en Río Grande do Sul, mientras fue prohibida en Goiás, Paraná y Santa Catarina. En los demás 23 estados los hacendados no mostraron interés en cultivarla.

Tal como quería la mayoría de la población, en la misma medida provisional, el Gobierno implantó la obligatoriedad de rotular los derivados de esta soya, pero ninguna empresa lo cumple.

También a finales del pasado año, el Palacio de Planalto elaboró un proyecto de Ley de Bioseguridad, que contempla los intereses de la agricultura familiar, los ambientalistas y el propio Ministerio de Medio Ambiente.

Tal documento fue modificado en la Cámara por las presiones de los ruralistas, y los cambios permiten la liberación total del cultivo de soya transgénica, da mayor poder a la Comisión de Bioseguridad integrado solo por científicos, y mantiene la responsabilidad del Instituto de Medio Ambiente para la liberación del cultivo comercial de los transgénicos.

Mientras la discusión está ahora en el Senado, los movimientos sociales del campo, ambientalistas y entidades de los consumidores defienden la propuesta inicial gubernamental, que es mas rigurosa, disciplina la investigación e impone muchas limitaciones para el cultivo comercial de esas semillas.

La autora es Colaboradora de Rebelde.

Fuente: Radio Rebelde