‘Nos están envenenando’: Tribunal Ético de ANAMURI abre debate urgente sobre trabajo, salud y agroindustria
Mientras Chile celebra el récord de exportaciones frutícolas, miles de mujeres sostienen esa riqueza con salarios de hambre, jornadas que comienzan de madrugada y una exposición constante a plaguicidas. El reciente 3 de diciembre, en el marco del Día Mundial contra el uso de plaguicidas, el Tribunal Ético convocado por ANAMURI pone en el banquillo al modelo agroexportador y amplifica la voz de quienes viven —y resisten— en la base misma de la cadena alimentaria.
El agronegocio ha sido presentado por gobiernos y empresarios como el “motor verde” de la economía chilena, pero su funcionamiento real se sostiene en lo que las organizaciones llaman la feminización de la precariedad: temporeras con contratos inestables, trabajadoras migrantes en los packing sometidas a discriminación, y mujeres rurales que combinan la faena con los cuidados sin condiciones mínimas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
El Tribunal contó con la participación de la economista María José Azócar (Fundación SOL), a la investigadora Pamela Caro (CEDEM), a la abogada Carolina Rudnick (ONG Libera), a la doctora María Elena Rosas (RAP-AL) y a la bióloga Liliana Zúñiga (UC-Maule)
¿Qué es un tribunal ético?
Los tribunales éticos son instancias organizadas por ANAMURI desde 2009 con el fin de dictar una sentencia simbólica que visibilice la responsabilidad empresarial y estatal en accidentes laborales, enfermedades y daños socioambientales vinculados al agronegocio. Realizados tradicionalmente en espacios públicos o universitarios, estos tribunales combinan un panel de expertas y un jurado compuesto por médicos, defensoras de derechos humanos o sindicalistas.
Más que un acto ceremonial, constituyen un intento de disputar la narrativa de los gremios empresariales, desmintiendo con evidencia y testimonios los supuestos beneficios del “milagro agroexportador”. Al mismo tiempo, requieren la activación de las redes territoriales de ANAMURI, convirtiéndose en un espacio de reflexión colectiva donde la organización fortalece su capacidad estratégica.
El lema del tribunal de este año —“Agronegocio: ¡Ni trabajo ni comida, solo explotación y destrucción!”— resume aquello que los datos y testimonios desarrollaron con contundencia.
Trabajo precario, migración irregular y explotación estructural
Tal como explicó la economista María José Azócar (Fundación SOL), los empleos agrícolas siguen siendo los más frágiles de la economía: temporales, mal pagados y sin capacidad de asegurar un estándar mínimo de vida. A eso se suma que “este sector está sostenido por una población altamente vulnerable”, lo que facilita que las empresas impongan condiciones que son imposibles de justificar.
La abogada Carolina Rudnick (ONG Libera) detalló cómo la combinación entre irregularidad migratoria, subcontratistas y aislamiento territorial ha permitido la expansión de redes de trabajo forzado en los huertos. Migrantes bolivianos y trabajadores temporales son sometidos a jornadas extenuantes, pagos por debajo del mínimo, amenazas psicológicas y condiciones miserables: sin baños, sin agua y sin un lugar digno donde dormir. “La coacción es fundamentalmente psicológica, no física, y nuestra legislación no está preparada para reconocerla”, explicó.
Los accidentes de trayecto —frecuentes en camiones o furgones sin regulación— dejan cada año víctimas invisibles: nadie reclama porque eran trabajadores sin contrato, sin papeles, sin nombre en los registros.
Plaguicidas: la violencia química del modelo
La exposición a agrotóxicos es otro pilar estructural del modelo agroexportador. Ya en décadas anteriores ANAMURI denunció que las empresas rociaban venenos directamente sobre las temporeras; hoy la situación es peor, porque los químicos se han expandido más allá de los huertos, llegando a escuelas, viviendas y comunidades rurales completas.
La bióloga Liliana Zúñiga (UC-Maule) explicó que los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) generan cáncer, daños endocrinos, malformaciones fetales y enfermedades neurológicas que afectan especialmente a niñas, niños y mujeres en edad reproductiva.
La doctora María Elena Rosas (RAP-AL) profundizó en la dimensión geopolítica: Estados Unidos y la Unión Europea prohíben estos tóxicos en sus propios territorios, pero los producen y exportan hacia América Latina y África. “Es una violación abierta a los derechos humanos; somos el basurero químico del mundo”, afirmó.
El eslabón silencioso: los packing
En los packing —espacios clave para la cadena logística de exportación— predominan mujeres: jóvenes, adultas mayores, migrantes y sostenedoras de hogar. Ahí los turnos extendidos, las horas extras obligatorias, la incertidumbre salarial y los accidentes graves son la norma.
Cada año se registran amputaciones, muertes por aplastamiento, intoxicaciones por fugas de refrigerantes y daños físicos irreversibles. Todo ello se invisibiliza mediante acuerdos económicos que buscan silenciar a las familias. La precariedad de estos trabajos, sumada a la falta de organización sindical en los packing, convierte a estas mujeres en las más desprotegidas del circuito agroexportador.
En este documento puedes revisar un compilado de las muertes de trabajadores de la región de O’higgins y del Maule, con nombre de las y los trabajadores, la empresa, su edad, accidente y el enlace de la noticia.
Una sentencia necesaria: organización, sindicato y programa
El Tribunal Ético cerró reafirmando algo que estuvo presente en todas las exposiciones: que la situación en el campo no mejora, sino que se agrava; que la responsabilidad empresarial y estatal es estructural, no excepcional; y que sin organización colectiva no hay posibilidad de enfrentar un modelo que combina explotación laboral, violencia ambiental y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Alicia Muñoz, dirigente histórica de Anamuri, subrayó que la fuerza para denunciar y transformar sólo puede venir de la organización: ese es el llamado que hacen desde el sindicato de trabajadoras de la tierra y el mar, de ANAMURI y de las redes que han construido durante décadas. Pamela Caro situó la especificidad del sector: feminizado, migrante, estratégico para la economía y profundamente afectado por las políticas extractivistas. Y las exposiciones sobre trabajo forzado, plaguicidas y precariedad en los packing mostraron que lo que está en juego no es solo empleo, sino la vida de comunidades enteras.
El Tribunal Ético no es solo una instancia de denuncia: es un espacio de articulación política que permite pensar cómo unificar las fuerzas que hoy enfrentan al agronegocio, cómo reconstruir organización desde la base y cómo disputar el sentido común que presenta a la agroexportación como sinónimo de desarrollo. Porque mientras empresas y gobiernos celebran récords de exportación, las trabajadoras rurales denuncian que las están enfermando, empobreciendo y dejando sin futuro.
El desafío que queda abierto —para las organizaciones, para el sindicalismo y para toda la izquierda— es convertir esa denuncia en fuerza social capaz de confrontar uno de los sectores más poderosos del país.
Fuente: La Izquierda Diario