¿Qué nos trae la Cumbre de Viena? Una puesta al día sobre las Negociaciones Comerciales América Latina-Unión Europea

CUMBRE VIENA 2006: UNION EUROPEA-AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Con el objetivo de difundir qué está pasando, la Red de Genero y Comercio- Capítulo Latinoamericano, abrió une espacio específico en su página Web ( www.generoycomercio.org). También adjuntamos el primero de tres documentos informativos breves que ponemos a disposición de las redes y organizaciones sociales y de mujeres. Este proceso, culminará en un debate virtual cuyas fechas para anotarse y registrarse comunicaremos a la brevedad.

Saludos Cordiales,
Red Internacional de Género y Comercio-Capítulo Latinoamericano.

¿Qué nos trae la Cumbre de Viena? Una puesta al día sobre las Negociaciones Comerciales América Latina- Unión Europea [1]

 

 

Antecedentes:

 

La IV Cumbre América Latina -Unión Europea (AL-UE) se celebrará del 11 al 13 de Mayo de 2006 en Viena. Con este evento los gobiernos de AL y la UE pretenden fortalecer una estrategia birregional de asociación iniciada en previos eventos al más alto nivel tales como las Cumbres de Río de Janeiro en Junio de 1999, Madrid en Mayo de 2002 y Guadalajara en Mayo de 2004.

La UE ha articulado sus relaciones con los países latinoamericanos en torno a tres grupos sub-regionales: Centroamérica y el Caribe, la Comunidad Andina (CAN) y el Mercosur, así como a países como Chile y México con los que ya existen acuerdos de libre comercio [2] .

La actual estrategia birregional de asociación tiene como marco temático la consolidación de relaciones en las siguientes áreas:

-Democracia y derechos humanos, incluyendo cuestiones de igualdad de género y derechos humanos de las mujeres.-Reforzamiento de tratados multilaterales para implementar la paz, estabilidad y respeto a los tratados internacionales -Terrorismo-Drogas y crimen organizado-Medio ambiente (incluyendo prevención y mitigación de desastres)-Energía-Acuerdos de Asociación en materia de integración regional, comercio, y facilitación de comercio (inversiones, infraestructura y sociedad de la información).-Crecimiento y empleo-Lucha contra la pobreza, desigualdad y exclusión social-Cooperación para el desarrollo, ayuda financiera para el desarrollo-Migraciones-Transferencia de conocimiento y formación de capacidades humanas: mayor educación, investigación, ciencia y tecnología y cultura.

Contenido de las negociaciones comerciales AL- UE: Algunas reflexiones.

En el plano de las relaciones birregionales, se calificó como objetivo estratégico el lograr la culminación de las negociaciones para formar asociaciones comerciales entre la Unión Europea y las sub-regiones del MERCOSUR, de la CAN y de Centroamérica y el Caribe. En diversos foros se ha hecho referencia a que cualquier acuerdo de libre comercio se realizará conforme los resultados del Programa de Trabajo de Doha también conocido en el lenguaje multilateral comercial como la “Agenda para el Desarrollo de Doha”, aún cuando ésta enfrenta serias críticas de parte de la sociedad civil e incluso del sector oficial de gran cantidad de países en desarrollo miembros de la OMC, sobre el impacto de esta en el desarrollo integral de economías pequeñas y vulnerables.

Las negociaciones birregionales comerciales AL-UE abarcan principalmente los siguientes aspectos:

-Mayor apertura comercial para el intercambio de bienes agrícolas.-Mayor apertura comercial para el intercambio de productos no-agrícolas (textiles, comercio de bienes industriales, ciertos recursos naturales tales como gemas, piedras preciosas y madera, entre otros.)-Mayor apertura comercial y mejor clima de inversión para el comercio de servicios, incluidos servicios esenciales tales como agua, saneamiento, educación, salud, servicios relacionados con el medio ambiente, etc. -Cuestiones relacionadas con propiedad intelectual, particularmente con investigación y patente de recursos genéticos.

Las negociaciones de estos temas enfrentan grandes dificultades debido, entre otros factores, a los profundos intereses contrapuestos entre Norte-Sur, particularmente en materia de eliminación de subsidios agrícolas, liberalización de servicios esenciales a la población, particularmente desde una perspectiva de genero [3] ; eliminación de tarifas arancelarias para la importación de productos agrícolas y no-agrícolas, acceso y producción de medicamentos genéricos y el tema de investigación y patente de recursos naturales y genéticos.

Además de las divergencias técnicas y políticas existentes en torno a tales cuestiones, existe una crítica sistémica en la forma en que se desarrollan los procesos de negociaciones en la OMC para alcanzar “consenso” a través de mecanismos poco transparentes y presiones políticas del Norte hacia el Sur. Asimismo se observa una participación poco activa de parte de una gran mayoría de países en desarrollo, particularmente con economías pequeñas y vulnerables, tal como es el caso de la Región Centroamericana y del Caribe.

Tras el fracaso de la Reunión Ministerial de la OMC en Cancún 2003, debido en parte a las posiciones inflexibles de la Unión Europea y Estados Unidos para la eliminación de subsidios agrícolas, y la insistencia de la UE por incluir los llamados otros temas (Inversión, Competencia y Facilitación de Comercio), los países desarrollados han orientado sus esfuerzos a la consecución de tratados de libre de comercio bilaterales y/o regionales, como por ejemplo el caso de Estados Unidos con América Central y Republica Dominicana (DR-CAFTA) y la Unión Europea con países de África, el Caribe y actualmente en discusión con la mayoría de países de Latinoamérica.

Ante las dificultades y obstáculos enfrentados para implementar la agenda del libre comercio en la OMC, los países desarrollados intentan asegurar la adopción e implementación de la agenda comercial multilateral que se basa en la liberalización del comercio de bienes y servicios de toda índole, así como garantizar sus inversiones en los países receptores.

En este contexto, cabe realizar algunas consideraciones sobre la naturaleza del proyecto hegemónico del “libre comercio”, sus funciones y los intereses de superpotencias comerciales como Estados Unidos y la Unión Europea. De cara al público, la UE por ejemplo, presenta la apertura de las fronteras para bienes, servicios e inversiones como un requisito técnico imprescindible para el buen desarrollo y crecimiento de una economía cada vez más globalizada.

Sin embargo, este aparente consenso esta sujeto a otro tipo de consideraciones como que el “libre comercio” es usado como un instrumento indispensable para que empresas transnacionales (ETN) puedan tener mayor margen de actuación en los países en donde operan con el mínimo de intervención estatal, incluyendo la prestación de servicios, inclusive aquellos considerados como derechos humanos inalienables, que tradicionalmente han sido suministrados por el Estado.

Está claro que a mayor libertad para las empresas transnacionales e inversores extranjeros, se corresponde un riesgo más alto sobre la protección para un desarrollo centrado en las necesidades y derechos colectivos y los recursos naturales.

Desde el establecimiento de la OMC, el comercio exterior de Estados Unidos y la Unión Europea creció alrededor de 25-30%. Inversamente, las economías periféricas han tenido desventajas comerciales de balanzas negativas con el exterior, crisis financieras, eliminación de industrias, reducción de empleo, destrucción social y ambiental, etc. El “campo de juego nivelado y parejo” que impone la OMC logra que las grandes empresas (más competitivas) se apoderen paulatinamente de inversiones, presupuestos públicos y mercados locales en las economías subalternas y más vulnerables.

La coexistencia de rivalidad y convergencia entre los estados comerciales poderosos se debe a que también las ETN compiten en esta lucha de alianzas estratégicas y fusiones con el fin de crear oligopolios regionales y/o mundiales en casi todos los ámbitos de producción y distribución.

Entre las instituciones de la Unión Europea, el protagonismo mayor corresponde a la Comisión Europea. Legalmente, la Comisión no es el gobierno de la UE. Los documentos oficiales constatan que se trata de “una institución cuya vocación es la representación totalmente imparcial del interés general”. Pero los diversos Tratados Europeos [4] han otorgado a la Comisión amplios poderes legislativos, ejecutivos y jurídicos para decidir sobre todos los asuntos relacionados con el movimiento de bienes y servicios en el territorio del mercado único europeo y con la política comercial exterior de la Unión. En cambio, el Parlamento Europeo no tiene intervención ni potestad para ser escuchado en materias de acuerdos de comercio supranacionales.

La centralización del poder de decisión sobre todo en la Comisión Europea significa que los grupos de presión empresariales y/o el gran capital europeo encauzan sus demandas y proyectos directamente y sin interferencia ante la Comisión, que a su vez desarrolla una estrategia ofensiva de ganar un espacio favorable para las empresas europeas en los mercados globales.

Así se ha conseguido que desde el 2000 en adelante ya no sea función de los parlamentos nacionales, sino del Consejo Europeo ratificar los textos finales de acuerdos comerciales de la OMC sobre servicios y propiedad intelectual. Estos acuerdos permiten a las grandes empresas farmacéuticas europeas controlar los mercados mundiales de medicamentos. Además, regula las “patentes sobre la vida” mediante las cuales se sigue expropiando a campesinos e indígenas y expoliando la biodiversidad mundial en búsqueda de beneficios para la gran industria agroquímica y agroalimentaria.

 

Posibles implicancias en América Latina: Perspectivas, estrategias

La negociación de un tratado de libre comercio AL-UE esta inmersa en el contexto antes mencionado. Enormes grupos de poder empresarial, tanto del Norte como del Sur llevan en la mayoría de ocasiones la voz cantante de un proceso que según experiencias anteriores se desarrolla casi a puertas cerradas, sin consultas interactivas con la sociedad civil y movimientos sociales, e incluso en ciertas ocasiones, sin un verdadero estudio de impacto socioeconómico y ambiental en cuanto a su implementación.

América Latina, particularmente Centroamérica y México, han experimentado serias crisis sociales como consecuencia de la liberalización de bienes y servicios comerciales irresponsablemente y sin previas consideraciones y efectividad del concepto de Soberanía Alimentaria, incluyendo la Seguridad Alimentaria de sus pueblos y ciudadanos más desprotegidos. Estos procesos deberían sustentarse en estudios de impacto de lo que para los países del área significaría la progresiva eliminación de tarifas arancelarias que permitan una mayor y más variada importación de productos agrícolas de parte de socios comerciales que, así como al UE y Estados Unidos, superan en cantidades y, muchas veces en calidades, a los productos agrícolas locales, lo que contribuye a un desplazamiento de los mismos a través de lo que se conoce como dumping, lo cual ha provocado la quiebra a miles de agricultores latinoamericanos.

En el área de productos no-agrícolas o industriales, las posibles consecuencias de la propuesta neoliberal a través de la eliminación progresiva de tarifas comerciales que permitan mayor importación de productos industriales, fomenta particularmente un proceso de desindustrialización y colapso de empresas locales que se ven desplazadas y en muchos casos absorbidas por no poder competir con las industrias del socio comercial. Los países Latinoamericanos con una base industrial incipiente o en proceso de consolidación necesitan regulaciones que protejan e incentiven el crecimiento de la industria local con el fin de garantizar un desarrollo integral.

Por otra parte, una mayor apertura comercial en cuanto al comercio de servicios, principalmente aquellos esenciales para la población, debería estar sometida a consulta directa con la población. Un ejemplo loable del trabajo de la sociedad civil en esta materia, es el caso de de Uruguay que en el 2005 condujo a un referéndum sobre el tema de privatización de los servicios de comercialización del agua, en donde la población expresó un rotundo no a los planes de privatización de la misma.

La sociedad civil latinoamericana debe estar cada vez más informada y cohesionada en torno a estos temas que demandan una organización y coordinación del trabajo de lobby con diferentes grupos políticos y legislativos estratégicos para efectivizar la protección de políticas de Soberanía Alimentaria, fomento de la industria local, protección del trabajo local, así como protección para el acceso y la calidad de servicios esenciales a la población. Sólo a través de un trabajo de incidencia cohesionado y constante que ponga presión a nuestros gobiernos y parlamentarios, podemos lograr que los procesos comerciales respondan a una agenda del desarrollo de nuestros pueblos.

[1] Informe preparado por María Pía Hernández – IGTN.

[2] En el año 2000 la UE y México firmaron un Acuerdo de Libre Comercio, con arreglo al cual las exportaciones mexicanas a la Unión estarán exentas de derechos de aduanas a partir de 2003 y todos los aranceles que gravan las exportaciones de la UE desaparecerán, a más tardar, en 2007. Este Acuerdo imprime una dimensión más comercial a las relaciones previamente establecidas en Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación suscrito por la UE y México en 1997. En el caso de Chile, el Acuerdo Comercial firmado el 18 de Noviembre entró en vigencia parcial en febrero del año siguiente en las materias de competencia comunitaria enfrentando fuertes criticas de parte de la Sociedad Civil y pueblos indígenas, particularmente en lo relacionado con la explotación de recursos naturales.

[3] Estudios realizados, comprueban que la liberalización de servicios esenciales como lo son agua, educación y salud repercutirían particularmente de forma negativa en los grupos sociales más vulnerables, siendo uno de estos las mujeres, quienes, por razones histórico-culturales, son las principales prestadoras y consumidoras de estos servicios (servicios médicos materno-infantiles, cuido de enfermos en la familia, transporte de agua, entre otros)

[4] En la cumbre oficial de la UE en Niza 7 y 8 de noviembre de 2000, el entonces Comisario de Comercio Pascal Lamy y los grupos de presión empresariales lograron una modificación importante del artículo 133 del Tratado Europeo. Consiguieron su objetivo primordial, cambiar sustancialmente el reparto de poder de decisión entre los países miembros y la Comisión en lo que se refiere al comercio exterior. Ya en la Cumbre de Amsterdam (1997), la Comisión había adquirido la competencia exclusiva para elaborar propuestas y negociar asuntos relacionados con la política comercial exterior de la UE. Los estados miembros, sin embargo, mantenían el derecho de veto y cada acuerdo comercial (nuevo o renegociado) seguía requiriendo la ratificación por parte de los 15 parlamentos nacionales.