El Salvador

Estados Unidos ha transferido 4,76 millones de dólares a la República de El Salvador para que el país centroamericano acepte la deportación de personas migrantes, informó el 10 de septiembre el canal Telesur; el acuerdo secreto entre los presidentes de extrema derecha Trump y Bukele fue revelado por la Fundación Democracy Forward; la información hacía referencia a la expulsión de 300 migrantes de Estados Unidos, destinados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), prisión emplazada en el municipio salvadoreño de Tecoluca.

La organización ambiental señaló que actualmente se observa un agravamiento de la escalada represiva en el país, expresado en un régimen de excepción permanente, militarización de todos los aspectos de la vida nacional, así como la persecución y criminalización de ONGs y personas que acompañan y fortalecen a comunidades empobrecidas.

La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, la creación de una nueva Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, esto, según el oficialismo para enfrentar de “forma integral” los delitos. Llama la atención a los colectivos y organizaciones, la similitud a la Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales en Ecuador, que está siendo utilizada contra los dirigentes y las organizaciones sociales. 

La organización salvadoreña de derechos humanos Cristosal reveló a través de un informe publicado este martes la corrupción institucionalizada que opera dentro de los centros penitenciarios de El Salvador bajo el régimen de excepción del Gobierno de Nayib Bukele.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la reforma constitucional aprobada por el oficialismo donde habilita la reelección presidencial indefinida y extiende el periodo presidencial, la cual “representa un serio retroceso para la democracia y el Estado de derecho” en El Salvador, por lo que insta a reconsiderar.

Durante su homilía en las fiestas del Divino Salvador del Mundo, el cardenal Gregorio Rosa Chávez lanzó un llamado contundente a la conciencia nacional: “Muchos no nos sentimos libres en El Salvador”, expresó el purpurado, haciendo notar un ambiente marcado por la falta de libertades, arbitrariedades y el debilitamiento de las garantías institucionales.

Dos periodistas y dos defensoras de derechos humanos recibieron mensajes amenazadores el 2 de mayo de 2025 por plataformas electrónicas. Se trataba de fichas de policía en las que los autores habían reproducido información personal de los amenazados y sus familiares, incluidas fotografías de sus hijos menores de edad, direcciones postales, asientos de pasaporte y documentos hacendarios. En las fichas se aseguraba que los destinatarios tienen órdenes de captura pendientes en El Salvador, lo cual es falso. Las fichas no eran oficiales, pero la información sí. Detrás de aquellos mensajes hay un grupo de agentes policiales salvadoreños dedicado a perfilar, vigilar y, si la orden llega, capturar a sus víctimas según lo confirmaron dos oficiales de alto rango en la Policía Nacional Civil y un agente vinculado a la Fiscalía General de la República.

Organismos internacionales denuncian una escalada represiva bajo el gobierno de Nayib Bukele contra voces críticas, con detenciones arbitrarias, procesos judiciales opacos y persecución.