El Salvador

La organización salvadoreña de derechos humanos Cristosal reveló a través de un informe publicado este martes la corrupción institucionalizada que opera dentro de los centros penitenciarios de El Salvador bajo el régimen de excepción del Gobierno de Nayib Bukele.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la reforma constitucional aprobada por el oficialismo donde habilita la reelección presidencial indefinida y extiende el periodo presidencial, la cual “representa un serio retroceso para la democracia y el Estado de derecho” en El Salvador, por lo que insta a reconsiderar.

Durante su homilía en las fiestas del Divino Salvador del Mundo, el cardenal Gregorio Rosa Chávez lanzó un llamado contundente a la conciencia nacional: “Muchos no nos sentimos libres en El Salvador”, expresó el purpurado, haciendo notar un ambiente marcado por la falta de libertades, arbitrariedades y el debilitamiento de las garantías institucionales.

Dos periodistas y dos defensoras de derechos humanos recibieron mensajes amenazadores el 2 de mayo de 2025 por plataformas electrónicas. Se trataba de fichas de policía en las que los autores habían reproducido información personal de los amenazados y sus familiares, incluidas fotografías de sus hijos menores de edad, direcciones postales, asientos de pasaporte y documentos hacendarios. En las fichas se aseguraba que los destinatarios tienen órdenes de captura pendientes en El Salvador, lo cual es falso. Las fichas no eran oficiales, pero la información sí. Detrás de aquellos mensajes hay un grupo de agentes policiales salvadoreños dedicado a perfilar, vigilar y, si la orden llega, capturar a sus víctimas según lo confirmaron dos oficiales de alto rango en la Policía Nacional Civil y un agente vinculado a la Fiscalía General de la República.

Organismos internacionales denuncian una escalada represiva bajo el gobierno de Nayib Bukele contra voces críticas, con detenciones arbitrarias, procesos judiciales opacos y persecución.

Cristosal, la principal organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos en El Salvador, anunció este jueves que abandona el país centroamericano.

En medio de una creciente represión estatal, donde el régimen de excepción en El Salvador deja 9.665 violaciones a los derechos humanos, conversamos con Ángel Flores, sindicalista y coordinador de MILPA, sobre pueblos indígenas y derechos humanos en El Salvador, esto a raíz del despojo territorial que los amenaza.

“En la historia de la persecución política en El Salvador quedará marcado el 11 de enero de 2023, durante la madrugada de ese día fueron detenidos cinco líderes ambientalistas de la comunidad Santa Marta, Cabañas, con una acusación que pronto se demostró que era falsa”, afirmó Alfredo Leiva, representante de ADES Santa Marta.