Bolivia

Organizaciones vecinales y sindicales denunciaron que las autoridades no implementaron medidas para contener el incremento de tarifas de agua y electricidad.

Bolivia vivió un 2025 electoral y con escasas propuestas ambientales durante la campaña. Mientras, la minería ilegal se expandió sin control hacia áreas protegidas y territorios indígenas y los pueblos originarios denunciaron que fueron excluidos del Plan de Acción Nacional (PAN) para la reducción del uso de mercurio en la minería aurífera, que fue elaborado por el saliente gobierno de Luis Arce y que ahora está en pausa con la nueva administración de Rodrigo Paz. El nuevo presidente boliviano no presentó propuestas de fondo a favor del medio ambiente y este año siguen vigentes las denominadas “normas incendiarias” que dan vía libre a la deforestación y los incendios.

La Fundación TIERRA expresa su profunda preocupación ante las atribuciones otorgadas al Viceministerio de Autonomías para la “coordinación de los procesos de saneamiento, catastro y distribución de tierras”.

La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) rechaza rotundamente la designación del empresario Óscar Mario Justiniano como ministro de Medioambiente, por sus vínculos con el sector del agronegocio que provoca incendios y deforestación agravando la crisis climática.

«La biotecnología no está triplicando ni duplicando la producción. Está reduciendo pérdidas, no generando más maíz”, afirmó el investigador Gonzalo Colque.

Las áreas protegidas subnacionales aseguran la conservación de la biodiversidad local, aportan en la educación ambiental, la ciencia y el ecoturismo. Hoy enfrentan múltiples amenazas.

Bolivia tiene un total de 11 sitios Ramsar que abarcan cerca de 14.8 millones de hectáreas, lo que lo convierte en uno de los países con mayor extensión de humedales protegidos. Estas áreas son reconocidas internacionalmente por su importancia para la conservación de la biodiversidad, las reservas de agua dulce y la provisión de recursos para las comunidades locales. Sin embargo, en Bolivia muchos de ellos están amenazados por la actividad minera, los incendios, el cambio de uso de suelo y la falta de cumplimiento de las normativas para preservarlos.

Mediante carta dirigida al presidente y vicepresidente electos, Rodrigo Paz y Edman Lara respectivamente, enviada por pueblos indígenas, alcaldías, organizaciones de la sociedad civil, se pidió el rechazo definitivo de solicitudes mineras en sus territorios.