Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

En Colonia Aborigen, un pueblo del norte argentino donde hace 101 años se cometió la masacre de Napalpí, los acuerdos de reparación siguen sin implementarse a pesar de la sentencia de 2022. Sus habitantes, descendientes de los indígenas Qom y Mocoit, no se sienten reparados.

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), expresa la más firme e incondicional solidaridad con el hermano pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ante el reciente y provocador despliegue militar del gobierno de los Estados Unidos en aguas del Mar Caribe, los asociados, cuadros y trabajadores de la ANAP, elevamos nuestra voz de protesta y exigencia. Esta acción belicista constituye una flagrante violación del Derecho Internacional, de la soberanía de las naciones en la región y una amenaza directa a la paz y la estabilidad de toda la Patria grande.

La captura corporativa del Estado chileno avanza sin freno: mientras las y los defensores ambientales enfrentan criminalización, violencia y abandono institucional, el poder empresarial se integra en las instancias que debieran proteger la naturaleza. A seis años del Acuerdo de Escazú, la impunidad de industrias como la salmonicultura y los grandes gremios agrupados en la CPC amenaza con vaciar de contenido las políticas ambientales, profundizando un modelo extractivista que pone en riesgo la vida, los territorios y los derechos humanos.

El martes el ejército sionista atacaba en la ciudad de Sidón (Líbano) el mayor campo de refugiados palestinos. Los militares israelíes mataron al menos a 13 personas palestinas.

En una acción propia de Estados autoritarios, la Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron a tres de los principales dirigentes de la Coordinadora de Sin Tierras del Norte y emitieron órdenes de captura contra, al menos, otros cinco referentes. Les acusan de “apología a cometer hechos punibles”, en un evidente intento de criminalizar la lucha campesina por la recuperación de la Estancia Lucipar, un inmueble decomisado al narcotraficante Luiz Carlos da Rocha (Cabeza Branca) y actualmente administrado por la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).

La derrota del plebiscito impulsado por el gobierno de Noboa se explica en que, sin que hubiera declaraciones formales de acuerdo, las mayorías del pueblo ecuatoriano coincidieron en el repudio a las políticas cipayas y antipopulares de Noboa y en la defensa de la Constitución de 2008.

Desde el Frente Nacional Antiminero (FNA) alertamos a la comunidad internacional sobre la grave persecución política, judicial y financiera que enfrentan dirigentes/as sociales y defensores/as de derechos en Ecuador. 

Con la muerte de Nilson Andrés de Arco este viernes, Colombia suma ya 170 activistas asesinados en el país en lo que va de año, cifra que pone en evidencia la tragedia humanitaria que vive el país sudamericano a causa de la violencia armada, una problemática de larga data en la nación andina.