La grave situación de violencia y represión contra las comunidades campesinas en el valle del Aguán podría sufrir una peligrosa escalada a partir del 1 de junio próximo, cuando venza el plazo dado por el terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum al INA, para que se le paguen las más de 4 mil hectáreas de tierras que fueron negociadas con el Estado y algunas de las organizaciones campesinas.

Nos dirigimos a ustedes en nombre del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO – CUT, con el objeto de poner en su conocimiento los graves acontecimientos que han venido sucediendo en contra nuestra organización y otras organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

La edición 176 de Mil Voces se centra en la grave crisis desatada en Santa Cruz Barillas, departamento guatemalteco de Huehuetenango, luego del estado de excepción decretado allí por el gobierno nacional de Otto Pérez Molina en los primeros días de este mes.

"El pueblo haitiano está viviendo un proceso de neocolinización; el gobierno de EEUU, aprovechando maliciosamente la destrucción que ocasionó el terremoto, desarrolla un plan de acción en función de los intereses del capital extranjero, principalmente norteamericano, provocando la violación sistemática de los DDHH del pueblo de Haití."

"Exigimos libre acceso de comunidades afectadas y organizaciones de derechos humanos, al sitio de construcción del embalse y el predio Talicoyunque. Las comunidades tiene el derecho de verificar las etapas del proyecto El Zapotillo, impuesto que atenta contra su territorio, vida y derechos."

16 años después del episodio conocido como la Masacre de Eldorado dos Carajás, fueron presos el Coronel Mario Colares Pantoja y el mayor José Maria Pereira de Oliveira, policías militares condenados por envolvimiento en la masacre de 21 Sin Tierra en el municipio de Eldorado dos Carajás, en el estado de Pará (Brasil), en abril de 1996

Intelectuales y organizaciones de México y del mundo exigen “el fin del acoso a la comunidad y el desmantelamiento de los grupos paramilitares”.

Alrededor de las 14.30 del día 12 de mayo, efectivos de la Policía de Catamarca detienen a tres ambientalistas que hacían guardia en una posición de bloqueo dispuesta sobre la Ruta Nacional 60 (RN 60), en el municipio de Tinogasta, para impedir el transporte de suministros al complejo extractivo de Bajo de la Alumbrera.

"La CAOI expresa su solidaridad con los pueblos indígenas de Guatemala, que el 1 de mayo sufrieron el asesinato de uno de sus hijos en Santa Cruz Barillas, en un atentado en el que otros dos indígenas quedaron gravemente heridos. Este hecho de violencia está directamente relacionado con la construcción de una hidroeléctrica."

"La represión y persecución de nuestros compañeros no hace más que multiplicar las voces de más y más vecinos, asambleas y organizaciones sociales, que reclaman porque se respete la autodeterminación de los pueblos en lucha contra la megaminería."

Desde la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), con la consigna que siempre nos reúne, tocan a uno tocan a todos, convocamos para este lunes 14 de mayo a las 18hs. a escrachar la Casa de la Provincia de Catamarca.

Policía reprimió a asambleístas de Tinogasta que sostienen bloqueo selectivo para impedir el paso de camiones con insumos para las megamineras de Catamarca y otras provincias cordilleranas.

El abogado chino Yang Zaixin está en la cárcel desde junio del 2011 en Beihai, al sur de China, donde fue encarcelado por defender a las comunidades afectadas por las plantaciones de eucaliptos de Stora Enso en ese país.

Bolivia empieza nuevamente a arder. Hay una ebullición de un nuevo levantamiento social que hoy ha entrado a una fase de violencia policial y social. También se producen acciones violentas, de parte de grupos allegado al gobierno en San Ignacio de Moxos, en contra de las radios comunitarias.

16 anos após o episódio que ficou conhecido como o Massacre de Eldorado dos Carajás, o Tribunal de Justiça do Pará expediu na manhã desta segunda-feira (07) o mandado de prisão contra o Coronel Mario Colares Pantoja e o major José Maria Pereira de Oliveira, policiais militares que foram condenados pelo envolvimento no massacre de 21 Sem Terra no município de Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará, em 1996.