Uruguay: territorio en subasta

Traen un "paquete tecnológico", más depredador del ambiente que el utilizado en su país de origen, que aumenta la dependencia externa y provoca expulsión y desarraigo. No generan empleo permanente ni calificado. Dos tercios del comercio internacional se desarrollan entre empresas trasnacionales, y la mitad se da en el seno de la misma empresa. Las transnacionales no están obligadas a reinvertir en el país donde se instalan, con lo cual atentan contra la humanidad y se desentienden de toda responsabilidad social.

"Las penas son de nosotros, las tierras son ajenas", puede decirse de la situación uruguaya parafraseando a don Atahualpa Yupanqui.

El último estudio realizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en febrero de 2008, indica que "desde el 1° de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2007, un 30% de la superficie agropecuaria cambió de dueño: 5.081 millones de hectáreas correspondientes a 16 departamentos del país".

"La neocolonización consiste en la ocupación de los territorios para mantener una división internacional del trabajo que eterniza el histórico papel del continente como proveedor de materias primas o con poco valor agregado pero ahora regresando al saqueo directo posibilitado por la ocupación económica", sostienen los economistas Oscar Mañan y Ruben Elías, de la Red de Economistas de Izquierda de Uruguay (Rediu).

En este escenario se inscriben los Tratados de Libre Comercio promovidos por Estados Unidos como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa). "El plan Iirsa busca unir a países y sectores productivos para vehiculizar los flujos de comercio, las telecomunicaciones y la energía. Así se privilegia a los complejos y las cadenas productivas con grandes economías de escala y capacidad exportadora, mayoritariamente en manos extranjeras. Su objetivo esencial es la extracción -rápida y económica- de nuestros recursos naturales y la instalación de la llamada industria sucia", explican los especialistas.

Atentado a la soberanía territorial

La neocolonización no sólo se traduce en la extranjerización o arrendamiento del territorio nacional por parte de capitales internacionales, sino también por la apertura de Zonas Francas, territorios donde se instalan empresas exentas de impuestos y donde no rigen las leyes laborales del país. Tal es el caso de Botnia, la planta de celulosa finlandesa ubicada en la zona franca de Fray Bentos, que ha generado y continúa provocando incidentes con Argentina.

Ya no se trata de exportar materias primas e importar productos manufacturados como en los siglos pasados sino que ahora las empresas extranjeras se instalan en territorios latinoamericanos y, utilizando los recursos naturales de esos países, los transforman en manufactura que se comercializa interna y exteriormente. La extranjerización de la tierra ha provocado una acelerada desindustrialización: cada vez se exportan más manufacturas de origen agropecuario y productos primarios de escaso o nulo valor agregado.

"Dentro de 15 años el país será extranjero", sentencia el Movimiento en Defensa por la Tierra (Monadet), organización que actualmente recoge firmas para agregar a la Constitución un artículo que prohíba la venta de tierras a extranjeros.

La Red de Economistas de Izquierda demuestra que una gran proporción de los campos son comprados por extranjeros: argentinos, brasileños, europeos, estadounidenses y mexicanos. Algunos son grandes inversores individuales, otros son grupos empresariales regionales o internacionales. A su vez, grandes compañías forestales transnacionales son protagonistas del mercado de tierras como Botnia, Ence y Weyerhauser.

"La extranjerización es un atentado a la soberanía territorial", afirma el ingeniero Julio Arizaga, integrante del Movimiento por la Tierra. Arizaga agrega que miles de hectáreas fértiles, dedicadas hoy a la forestación, reducen la producción cerealera. Además, la fiebre de la soya acelera el monocultivo: el volumen de siembra soyera ya es igual al de la agricultura tradicional. Los agricultores abandonan los cultivos tradicionales para dedicarse a la soya, provocando una merma en el stock alimentario. Por otra parte, al aumentar la demanda de la tierra, no sólo aumentan los precios de la hectárea sino también el de los alimentos y los productos agrícolas.

Desnacionalización del comercio exterior

A la venta o arrendamiento de tierras a capitales extranjeros se suma la proliferación de Zonas Francas. En 1987, bajo la presidencia de Julio María Sanguinetti, se aprobó la Ley que rige esta forma de extraterritorialidad en favor de las inversiones privadas. Según la ley se establecieron áreas para "promover inversiones, expandir las exportaciones, incrementar la utilización de mano de obra nacional e incentivar la integración económica internacional".

La ley establece que los beneficiarios de las Zonas Francas "están exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso de aquellos en que por ley se requiera exoneración específica respecto de las actividades que se desarrollen en la misma". Dos décadas después, la legislación sigue vigente: "El país sigue siendo exportador de productos primarios y el volumen de ventas no ha tenido un aumento considerable. Sí han crecido las exportaciones desde las Zonas Francas: desde allí se exporta al mundo", explica el Rediu.

En el primer semestre de 2008, la Zona Franca de Nueva Palmira ocupó el segundo puesto de las exportaciones nacionales. Este revelador dato demuestra que si no se termina con las Zonas Francas, las transnacionales monopolizarán el mercado exterior uruguayo.

Decálogo de las transnacionales

Así como las empresas transnacionales (ET) son el brazo del neocolonialismo, la inversión extranjera directa (IED) es la llave que abre las puertas para el usufructo de los recursos de un país. El Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República asegura que las empresas transnacionales controlan el 38% de las ventas de las mayores empresas del país: "Su participación en casi todos los sectores se ha incrementado, lo que genera la desnacionalización del comercio exterior".

En este contexto, Mañan y Elías elaboran un decálogo de los pasos seguidos por las empresas en el voraz saqueo de los recursos naturales. Primero: tratan de controlar la totalidad de la cadena productiva, desde la tenencia de la tierra hasta llegar a la venta directa en las góndolas de los supermercados. Segundo: las transnacionales traen un "paquete tecnológico", más depredador del ambiente que el utilizado en su país de origen. Este paquete aumenta la dependencia externa y provoca expulsión y desarraigo.

Tercero: no generan empleo permanente ni calificado. Cuarto: la inversión extranjera directa no es positiva por sí misma (aspecto también reconocido por la Cepal), pues resulta muy difícil compatibilizar los objetivos de desarrollo nacional con los intereses de las empresas extranjeras. Quinto: las transnacionales son parte de la arquitectura de la globalización liberal y en su conjunción con las oligarquías nacionales constituyen el poder político. Sexto: estos emprendimientos se realizan luego de obtenidas las máximas garantías para sus inversiones (Tratados de Libre Comercio) y las facilidades otorgadas por el gobierno de turno (Zonas Francas, exoneraciones impositivas), en detrimento de la mayoría de la población y del saqueo de los recursos del país. Séptimo: los conflictos de intereses no se resuelven en el marco nacional sino en esferas internacionales como la Convención Internacional de Acuerdos de Inversiones (Ciadi) que Uruguay firmó en 2000. Como consecuencia, se privatiza la justicia y se dota de impunidad a las transnacionales. Octavo: dos tercios del comercio internacional se desarrollan entre empresas transnacionales, y la mitad se da en el seno de la misma empresa (es lo que se conoce como "comercio intrafirma"). Noveno: las transnacionales no están obligadas a reinvertir en el país donde se instalan. Décimo: atentan contra la humanidad y se desentienden de toda responsabilidad social. Lideran el libre comercio y se oponen a cualquier regulación de sus actividades en el planeta.

Para estos estudiosos "el modelo actual, lejos de estar desarticulado de la economía doméstica, la mantiene de rehén. Las consecuencias son desigualdad y pobreza para la mayor parte de la sociedad".
La apropiación de la tierra se transforma en el eje para la dominación: quién tenga la tierra, determinará el uso de sus beneficios.

"La tierra para quien la trabaja"

"Exigimos definiciones en defensa de la soberanía y la puesta en marcha de una política de expropiación de tierras", expresaron los participantes del Primer Encuentro sobre Soberanía Alimentaria y Afincamiento Territorial realizado en la localidad de Bella Unión a principios de diciembre de 2008.

Del evento, organizado por el Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar y la Unión de Trabajadores Asalariados Artigas, participaron organizaciones sociales y sindicales de toda América Latina.
En las conclusiones y propuestas se destacaron los siguientes puntos: instalar una Asamblea Constituyente para que el movimiento popular proponga nuevas formas de representación institucional. Promover una política de expropiación de tierras.

Fortalecer, desde el Estado, el proyecto sucro-alcoholero de Bella Unión a través de la empresa Alur S.A. Definir la inserción del país sobre valores de cooperación, complementariedad y solidaridad entre los pueblos de América Latina y el Caribe y apoyar las luchas campesinas en Paraguay.

"La tierra para quien la trabaja" fue el principal lema del encuentro que concibió al trabajador cañero "como un habitante del medio rural donde lo que es zafral es el corte de la caña. Él y su familia deben conformar una unidad asentada, estable, de vida digna en el afincamiento y el desarrollo de las comunidades del campo".

Georgina Rodríguez, Revista América XXI

Fuente: ADITAL