Argentina

Se trata de un herbicida de amplio espectro, no selectivo, es decir, que mata todas las plantas, inhibiendo una vía enzimática exclusiva de los vegetales. A partir de 1998, se incrementó su uso por las ventajas que le brindó la ingeniería genética

Días extraños nos ha legado la última semana de marzo. Frente a la escalada del conflicto entre el Gobierno y el campo; frente a su desborde y su pasaje a otros registros, no faltó sector, partido, organización social, trabajador o vecino que no haya alzado su voz expresando su posición al respecto. En sus ramificaciones inesperadas, el conflicto rompió abruptamente con la apatía de una sociedad, que sólo hace cinco meses votó en elecciones presidenciales, luego de la campaña política más insípida de las últimas décadas.

El jueves 3 de abril a las 10 de la mañana nos concentramos en el km cero de la ciudad de San Rafael para luego marchar hacia tribunales. Las comunidades campesinas indígenas organizadas en la UST (Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra) vamos a expresar nuestra voz para que el pueblo conozca todas las caras del campo.

Desde la creación de los organismos genéticamente modificados o transgénicos* una de las grandes preocupaciones de los ecologistas y campesinos ha sido la contaminación con los mismos del resto de los cultivos y la imposibilidad de cultivar otras semillas convencionales ante el riesgo de que las características de los OGM pasaran a las mismas.

Tarde, bastante tarde teniendo en cuenta la magnitud del conflicto que se generó, el Gobierno explicó en detalle por qué decidió establecer el mecanismo de retenciones móviles. Es probable, aunque no seguro, que el país se habría ahorrado semejante crisis si el ministro de Economía hubiera enseñado en su momento los motivos y los objetivos de una imprescindible intervención del sector público en el mercado de granos y oleaginosas

El lockout, en inglés y en lenguaje económico político, es la huelga al revés: es la del propietario que cierra voluntariamente su fábrica en contra de las exigencias obreras. Si los afectados fueran los dueños del servicio de aguas y cerraran el chorro, dejarían un tendal de poblaciones en riesgo agónico. El lockout que cierra las tranqueras y los caminos y discrimina a su criterio el paso de mercadería amenaza a los consumidores con el in crescendo inflacionario y el desabastecimiento

Norma Giarracca es socióloga, docente titular de la cátedra Sociología Rural en la Universidad de Buenos Aires, coordinadora del grupo de trabajo de estudios rurales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), del Instituto Gino Germani, y especialista en estudios de movimientos sociales y rurales. Vive en Buenos Aires, pero conoce el campo en detalle. "Yo les veo la pinta a los productores y ya se cuántas hectáreas tienen", se jacta

La autoridad ambiental provincial ordenó la paralización inmediata del desmonte en la finca El Álamo, 30.962 hectáreas cuyo permiso de deforestación fue solicitado por la firma Quebracho Colorado SA, propiedad de Paul y David Gabel