Perú: CIDH acepta 9 casos de denuncia contra el Estado peruano presentados por CONACAMI
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) aceptó 9 denuncias –de las 15 que fueron presentadas en un inicio- contra el Estado Peruano por presuntas violaciones de derechos de comunidades campesinas e indígenas en el país
La CONACAMI presentó en un inicio 15 casos por violación de derechos fundamentales, individuales y colectivos; como los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, protección a la honra y dignidad, libertad de asociación, protección a la familia, derechos del niño, a la propiedad, circulación y residencia, derechos políticos, igualdad ante la ley, entre otros.
En ese sentido, la Secretaria Ejecutiva de la CIDH ha solicitado a los peticionarios información actualizada sobre 9 casos, los que serán admitidos luego de que la comisión estudie y evalúe sobre el tratamiento administrativo, legal y judicial que el Estado Peruano haya otorgado sobre estos, posterior a la presentación de la denuncia realizada el 28 de febrero del 2003.
Los casos aprobados involucran la ciudad de la Oroya (empresa Doe Run), Tambogrande en Piura (empresa Manhattan Minerals Corporation), el puerto de Huarmey en Ancash (empresa Antamina), la provincia del Callao (almacenes de metales tóxicos), la comunidad de Choropampa en Cajamarca (minera Yanacocha), la comunidad de Quishque Tapayrihua en Apurimac (empresa Sauther Peru), la comunidad San Marcos en Ancash (Antamina), la comunidad campesina de Collanac y la provincia de Yauli en Junín.
Cabe indicar que anteriormente la CIDH otorgó medidas cautelares sobre 3 casos denunciados en este mismo bloque.
El pasado 17 de agosto del 2004 otorgó una para proteger la vida y la integridad personal de los miembros de la Comunidad de San Mateo de Huanchor, y el 11 de agosto del 2006 fue favorecido con estas medidas Margarita Pérez Anchiraico, presidenta del Comité de Afectados por la Minería de Mayoc.
Ella había sido víctima de constantes actos de hostigamiento a causa de su activismo respecto de la situación de la Comunidad de San Mateo de Huanchor.
También, el 31 de agosto del 2007 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 65 moradores de la ciudad de La Oroya, porque los beneficiarios sufren de una serie de afectaciones a la salud a consecuencia de altos índices de contaminación del aire, suelo y agua.