Minería

Por este medio manifestamos nuestra solidaridad con las diferentes comunidades de Santa Rosa y Jalapa que desde el 2012, se han organizado para detener de forma pacífica la instalación ilegal e inconsulta del proyecto minero El Escobal, propiedad de Minera San Rafael, subsidiaria de la transnacional canadiense Tahoe Resources.

La tragedia de los habitantes de la Colorada se remonta dos años atrás, cuando la minera canadiense decidió desalojarlos de sus chozas por la fuerza con el respaldo del gobierno estatal, municipal y el ministerio público de la región, bajo el argumento de que “legalmente no son dueños de los predios y no tienen papeles que acrediten la propiedad”.

Ante la visita del presidente de Canadá Justin Trudeau a México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) le exige detener y retirar la invasión de las empresas mineras canadienses en nuestro país

Para aplicar esta prohibición propuesta en la pregunta 6 de la próxima consulta popular corresponde reflexionar qué son y porqué se crean las áreas protegidas. El corpus legal ecuatoriano, reconoce varios tipos de categorías de protección de los ecosistemas.

Tal como reconocen los considerandos de la Consulta Popular, es tiempo de retomar y recobrar el espíritu de la Constitución de Montecristi de donde emerge el Mandato Minero, que ahora con la Consulta Popular vuelve a estar de plena vigencia.

Aproximadamente mil personas denunciaron los dos años de impunidad del crimen ocurrido por la ruptura de la represa en Mariana (MG).

"Hoy confirmamos que el modelo extractivo minero se ha impuesto como el megaproyecto de mayor impacto territorial y de avasallamiento de derechos humanos, de acaparamiento de tierras y destrucción de la Madre Tierra en América Latina. El M4 es contundente y señala que ¡Del Perú a Canadá la minería no va!"

Artigo de Julianna Malerba, do Grupo Nacional de Assessoria (GNA) da FASE, critica as estratégias das grandes mineradoras para ampliar a fronteira de expansão de suas atividades no Brasil: flexibilizar a proteção constitucional ao meio ambiente e os direitos territoriais; desregular estruturas que limitam o acesso a áreas de interesse mineral; e criar mecanismos compensatórios que alterem a imagem negativa do setor extrativo.