Paraguay

El gobierno de Paraguay liberó el trigo HB4, de la empresa Bioceres, con una resolución que aún no se hizo pública y que excluyó toda instancia de control y participación ciudadana. La campaña impulsada por trabajadores gastronómicos, organizaciones sociales y campesinas denuncia las graves consecuencias que puede traer el cultivo: más agrotóxicos, desalojos y deforestación.

El Asentamiento Mbocayaty de la Colonia Jejui, ubicado en Liberación, Departamento de San Pedro, es víctima de un violento proceso de criminalización: en apenas 12 días soportó 3 desalojos forzosos que afectaron a unas veinte familias campesinas. Diversos datos muestran que el Departamento de San pedro es un territorio en disputa entre el agronegocio que pretende avanzar sobre las fincas campesinas que resisten.

El inicio de año está marcado por una continuidad de la violencia contra las comunidades rurales por parte de civiles armados y agentes estatales que responden a los intereses del agronegocio. Al menos seis comunidades, indígenas y campesinas, fueron víctimas de amenazas, desalojos y ataques, según reporta el Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de BASE-IS.

Un informe de Tomás Palau denominado "El agronegocio de soja en Paraguay", publicado en el año 2008, presenta un dato estimativo de que, sólo en el periodo del 2003 al 2004, unas 14 familias campesinas habían abandonado sus lotes y chacras por presión directa o indirecta del monocultivo de la soja.

El agronegocio avanza sobre territorios campesinos e indígenas, generando pobreza, expulsión y profundizando los efectos de la Crisis Climática que ponen en riesgo la producción campesina y la alimentación de la población.

La Crisis Climática impacta directamente sobre nuestra economía y nuestra alimentación.

En el informe se detallan los desalojos forzosos ocurridos en el periodo del 1 de noviembre de 2021 al 30 de octubre de 2022, que tuvieron lugar en los departamentos de San Pedro, Itapúa, Canindeyú, Caazapá, Caaguazú y Alto Paraná. Se registran casos que han afectado a comunidades rurales, tanto campesinas como indígenas. Se describe un panorama general de las situaciones de violencia contra las comunidades campesinas, mientras que en el caso de las comunidades indígenas se abordan dos casos paradigmáticos referidos a los pueblos mbya guaraní (Hugua Po’i) y ava guaraní (Ka’a Poty) de la región Oriental.

Mientras la criminalización y los desalojos hacia los pueblos indígenas y campesinos de Paraguay funcionan como política de Estado que legitima el avance del agronegocio, la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) se organiza para defender los territorios de manera colectiva y construir alternativas frente a la crisis climática.